domingo, 9 de marzo de 2014
La lucha del salario docente dimensiona la crisis en Argentina
Andrés Figueroa Cornejo
1. Las clases deberían haber comenzado el 5 de marzo en el
país. La demanda salarial de los docentes en Buenos Aires, la más poblada
provincia argentina, oscila entre el 41% y el 61% para el 2014. El gobierno
provincial referenciado por Daniel Scioli (precandidato oficialista para las
elecciones presidenciales de 2015) sólo ofrece un 25,5% en cuotas (“como si fuéramos
electrodomésticos”), y tal vez un 5% más, financiado por el gobierno nacional
en forma de bono-incentivo por el
llamado ‘presentismo’ de los educadores. Como según las autoridades, los
docentes faltan mucho a clases, tienen muchas licencias médicas y
movilizaciones y huelgas, entonces
habría que pagarles un adicional para que se enfermen menos y no paralicen
sus actividades por acuerdos incumplidos, o porque la infraestructura de gran
parte de las escuelas facilita los derrumbes, no hay calefacción, las lluvias
entran a las aulas por ventanas que no existen, etc. Es decir, un bono
suplementario para trocar por unos pesos más las pésimas condiciones de
trabajo, las enfermedades propias de la profesión docente y por cerrar los ojos cuando el frío y el agua
multiplican las dolencias respiratorias de los estudiantes.
Los docentes corresponden a un territorio social que, al
igual que en casi todo el continente y más allá, los sitúa como profesionales
pauperizados. Tienen fama de buenos pagadores, de austeros, de ordenados, de
muy exigentes académicamente con sus propios hijos y de gregarios. Como su
labor es cara a cara con el futuro, su sentido de realidad supera la de las profesiones
liberales. También 15 años haciendo clases no es lo mismo que 15 años
conduciendo un vehículo, armándose el sueldo en un solo lugar físico o
terminando de trabajar a una hora
precisa. Los educadores no ‘están’ educando; ‘son’ educando. Sin reloj y
haciéndolas de psicólogos infantiles y juveniles, trabajadores sociales,
ocupándose de los comedores y de los piojos, de los chicos embotados por la ausencia
de algún alimento esencial y que provienen de contextos infrahumanos.
Sí, es cierto. Son excesivamente corporativos para luchar
(característica general de los gremios en Argentina y el globo), carecen de una
política real, sistemática y hasta comunicacional eficiente para establecer
alianzas estratégicas tanto con la comunidad escolar, como con otras zonas del
trabajo organizado. Y -como conjunto, que no como individuos o corrientes al
interior de sus agrupaciones- separan
arbitrariamente la pelea económica del combate político por el poder. Como si
su condición de clase fuera eterna y no histórica. En fin. Otra tarea para la
casa.
2. ¿Pero por qué los docentes exigen un reajuste entre un
41 y un 61%, aunque muchos dirigentes de sus agrupaciones son militantes del
actual gobierno nacional y provincial? Obviamente que a causa de que las asambleas
de docentes concretos no militan en ninguna parte y presionan firmemente a sus
representantes. ¿Pero son caprichosos los educadores, buscan privilegios que
ningún otro sector laboral tiene, están conspirando para derribar a la presente
administración del Estado con reivindicaciones imposibles?
No. Según números consensuados (es decir, políticos y no
necesariamente reales) los salarios docentes están ‘atrasados’ ahora mismo en
un 30% respecto de 2013. (Quien suscribe estas líneas no confía en que la
inflación sea de un 30% el 2013. No sólo por lo ‘redondo’ del guarismo, sino
porque los precios reales de las mercancías y servicios a boca de consumidor
han aumentado mucho más.)
Más grave se vuelve el encogimiento de las remuneraciones docentes
si el porcentaje de la inflación o Índice de Precios al Consumidor (IPC) del primer mes de 2014 fue de 3,7% y se
proyecta uno superior para febrero, luego de la aplicación de la metodología
impuesta por el Fondo Monetario Internacional (FMI) para las mediciones
económicas del gobierno argentino como requisito para tomar más deuda y obtener
‘mejores calificaciones’ para tentar a capitales inversionistas. Esto quiere
decir que, anualizado, el IPC puede calcularse en alrededor de un 50% para el
2014. Sin embargo, a ese 50% de 2014 es
preciso agregarle el 30% de la inflación del año pasado que todavía no se actualiza.
El resultado de las negociaciones salariales de los
educadores, la primera del año, es referencia histórica tanto para los
trabajadores del Estado como para todos aquellos sectores que tienen la fuerza
y organización para pactar sus sueldos
con el capital. Si bien se trata de la minoría de la fuerza de trabajo en
Argentina –la mayoría no está sindicalizada-, por razones de equilibrios económicos
básicos, efectivamente el reajuste que logren los organizados sí tendría que
impactar –aunque sea en menor medida- en el conjunto del pueblo trabajador.
Mientras más bajan los salarios, naturalmente, menor es la
capacidad de compra y, en consecuencia, afecta cardíacamente al comercio y a la
producción. Todos los trabajadores de Argentina pierden. Se abarata aún más el
precio de los salarios, crece el desempleo y empeora la vida de toda la
sociedad. Menos del capital o de la minoría de capitalistas primario exportadores
(en tanto se mantengan los precios de la soja y auxiliares productos del agro);
la inversión megacorporativa del extractivismo petrolero, de gas y minerales,
ya sin barreras legales ni medioambientales; y el capital financiero o comando
de controles de la totalidad de la reproducción capitalista en el país.
En una marcha docente en la provincia de Mercedes de Buenos
Aires, un maestro le resumió a este periodista que su negociación “es la
variable del ajuste estructural que está aplicando el gobierno”. Quien escribe agregó que “para los
trabajadores en blanco o con contrato, claro”.
Por eso la batalla actual de los docentes reclama el
concurso de toda la población. De lo contrario, la carga empobrecedora de la
crisis argentina será costeada totalmente por quienes venden su fuerza de
trabajo para mal vivir. Y hasta la tarjeta de crédito, los cupones del
supermercado, los contados e ineficaces “precios cuidados” y los programas
sociales más sólidos terminan por reventar.
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