“Quiero más una libertad peligrosa
que una servidumbre tranquila.”
Mariano Moreno
Andrés
Figueroa Cornejo
El 12 de diciembre de 2013, alrededor del medio día,
cuatro trabajadores petroleros de Las Heras -explotación situada en la
provincia de Santa Cruz, en la Patagonia- fueron condenados a cadena perpetua
por luchar hace 7 años contra la tercerización y el denominado “impuesto a la
ganancia”.
Sí, en Argentina. No en tiranías africanas, ni en las
dictaduras que asolaron a Latinoamérica entre los 60 y los 80 de la centuria
pasada. Ni en el crimen sempiterno cometido contra los pueblos
centroamericanos, ni en Asia dolorosa, ni en Medio Oriente. En Argentina. En la
del Papa Francisco I y Messi, en la de Cortázar y las Madres de la Plaza de
Mayo; en la de el novel de la Paz, Pérez Esquivel; en la del discurso
oficialista con abundante excipiente de ‘titanes de los derechos humanos’. En
territorio de Piazzolla y Goyeneche; de Borges y la producción científica
contra las cardiopatías; la del psicoanálisis a granel y la antipsiquiatría; de
José Hernández de Martín Fierro. El mismo país donde nació Guevara de la Serna;
que fue llamado ‘el granero del mundo’; la Argentina, que cobijó a tanto exiliado
chileno y uruguayo.
La petrolera Las Heras pertenece a YPF-Repsol. Está
en medio de una comunidad de 15 mil habitantes que hace parte de Santa Cruz y
cuyo gobernador, Daniel Peralta, es miembro de la coalición oficialista nacional
Frente para la Victoria.
Hace 7 años los trabajadores de Las Heras se
levantaron volcánicamente contra la tercerización del empleo, por el
mejoramiento de sus condiciones laborales, y en particular, contra el “impuesto
a la ganancia” –u otro modo de arrancar más
excedente a los trabajadores, está vez con un disfraz de tributo legalizado-. De
hecho, fueron los primeros en plantarse decididamente contra ese impuesto del
todo absurdo en su forma, y totalmente gratificante para el Estado subsidiario
del capital.
Hace 7 años, y en la tercera semana de los piquetes,
la huelga y la resistencia de los trabajadores, fue encarcelado el vocero de
los petroleros. Sus compañeros partieron a buscarlo a la alcandía. La policía,
ante la pueblada, comenzó con los balazos. En ese contexto, murió en
circunstancias jamás aclaradas, un uniformado apellidado Sayazo. Naturalmente,
el poder culpó a los trabajadores con el fin de terminar con la huelga e
imponer el orden que demanda la explotación humana en la comuna.
Primero fueron detenidos 12 trabajadores. Absolvieron
a uno. Sobre las acusaciones por el policía muerto, una de las abogadas del
caso, Claudia Ferrero, indicó que “no hay ninguna prueba concreta. Fueron
armadas por la Brigada de Investigaciones de Santa Cruz en base a apremios y
torturas, aterrorizando a toda la población en esa época y consiguiendo
testimonios falsos a través de amenazas y persecuciones”.
Ramón Cortéz, José Rosales, Franco Padilla y Hugo
González recibieron, sin más pruebas que las declaraciones arrancadas bajo
tortura –donde para evitar los dolores sin nombre, se suele decir lo que el
torturador quiere escuchar- el cautiverio ilimitado. Si en Argentina existiera
la pena de muerte, se estaría frente a la versión argentina y contemporánea de
los Mártires de Chicago, que con sus ejecuciones ominosas inauguraron el Día
Internacional de los Trabajadores en 1886. Hace 127 años.
Los demás fueron acusados de ‘coacción agravada’
(también sin pruebas) con condenas de 5 años.
¿Por qué los trabajadores recibieron semejantes condenas?
Porque ante el ajuste estructural y antipopular en
curso y que se intensificará en el corto plazo, ejecutado por el gobierno y
mandatado por los organismos financieros del imperialismo norteamericano, la
clase política toda –salvo los tres diputados del Frente de Izquierda de los
Trabajadores, de un total de 250 parlamentarios subordinados al capital- debe
con rapidez y brutalidad que no deje cabida a ambigüedades, imponer medidas
ejemplares para el conjunto de los asalariados y los oprimidos castigados por
la crisis económica. La inversión transnacional exige mansedumbre social, el
precio más barato posible del trabajo, garantías y riesgo cero para continuar
saqueando los recursos naturales del país. No es suficiente con aranceles inexistentes o puramente simbólicos a las
utilidades empresariales de Monsanto, Chevron, Barrick Gold, Bayer, Santander,
Itaú, etc. Los pocos dueños de todo
–capital nativo transnacionalizado o capital transnacionalizado vestido de
nativo-, quieren más. Y los inquilinos de turno de la Rosada tienen que
facilitar la realización de esos intereses. De lo contrario, de no ofrecer gobernabilidad
suficiente a la reproducción capitalista, calificarían como concesionaria
política ineficiente y sustituible.
Porque se trata de petróleo, el recurso energético
estratégico de la actual fase capitalista. Los Estados imperialistas, en
particular el estadounidense, hacen guerras, matan niños, pulverizan pueblos
completos por la apropiación del ‘oro negro’. Y Chevron (ex Texaco) quiero
convertirse en exportador de petróleo y gas desde Argentina.
Y, por último, están las recientes insubordinaciones
policiales reclamando reajustes salariales –superiores a los de los
trabajadores en general-, en varias provincias, y en algunas de ellas, como
Córdova, segunda provincia Argentina, aliadas con la industria del crimen organizado.
Ante ello, y manifestando una debilidad alarmante para todos quienes preferimos
aun las democracias burguesas a las tiranías cívico-militares (más allá de que
ambas formas ocultan la dictadura del capital), el gobierno, dentro del paquete
de concesiones a los uniformados o al cuerpo estatal encargado de cautelar la
propiedad privada y cualquier manifestación de descontento de la mayoría
oprimida, envía, además de plata, una nueva señal de tranquilidad a la policía,
y por extensión obvia (César Milani, Comandante en jefe del Ejército, mediante) al conjunto de las Fuerzas Armadas.
Desde el movimiento popular o mayoría activa, hoy las
fuerzas resultan ostensiblemente insuficientes. Al respecto sólo existe una
táctica posible: la unidad acelerada y generosa de todo lo que se mueve y que
en su movimiento enfrenta al capital. Manteniendo la independencia de clase de
los oprimidos, mucho más allá de los trabajadores organizados; fundiendo tanta
bandera incomprensible; colocando los intereses históricos del pueblo siempre
por delante de los ideologismos, el caudillismo y los ombligos particulares.
Conquistar y recuperar los territorios sociales controlados momentáneamente por
la hegemonía de los exponentes políticos del capital y de la usina del crimen.
Emplazar y multiplicar las organizaciones sociales en vistas de la acción
directa, las primeras pistas de poder popular. Exudar vocación unitaria y
convicción de poder. Sin atajos y desarrollando militancia joven, creadora, en
disposición de lucha. Se pueden ganar todas las federaciones universitarias y
comisiones de delegados sindicales, pero ello, teniendo su importancia, por sí
sola no crea fuerza social transformadora e insurrecta.
La estrategia es el poder y la socialización de la
vida. La toma de decisiones colectivas de todo un pueblo a la hora de escribir
la historia, sin desdeñar ninguna forma de lucha. La estatura de nuestros deberes es proporcional
a las medidas del enemigo y de la nueva sociedad post capitalista, que por
necesidad histórica, tiene que devenir por voluntad y condiciones objetivas. Ya
estamos atrasados. Entonces, sincronía y articulación pronta de la unidad.
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