Andrés
Figueroa Cornejo
1.
La colusión entre las dos agrupaciones temporalmente hegemónicas del sistema de
partidos políticos, el Frente para la Victoria de Cristina Fernández y el
Partido Republicano (PRO) de Mauricio Macri, se vuelve más nítida mientras más
aumenta el malestar de las grandes mayorías y las protestas multisectoriales.
En medio del agotamiento del Ejecutivo de turno según la temperatura popular y
las encuestas que ponen a Cristina en alrededor de un 40% de aceptación, la
connivencia en el Congreso Nacional como en el gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires –el más importante de Argentina por su centralidad histórica en materias
político económicas y densidad institucional-, se refrendó el año pasado con la
aprobación conjunta de la ley Antiterrorista, en la reciente votación que
reforma regresivamente la legislación laboral ligada a los accidentes y
enfermedades de los trabajadores (ley aseguradoras de riesgos del trabajo), y en
los acuerdos sobre las partidas presupuestarias para el año entrante. Otro
tanto ocurre con el consenso por arriba de consolidar el trabajo ‘en negro’,
precarizado e informal que supera el 50 % de la fuerza de trabajo, y sin el
cual la tasa de ganancia del capital concentrado
resultaría menoscabada estratégicamente. Esto es, el FV y el PRO comportan una asociación liberal de
administradoras o concesionarias del Estado sin antagonismos orgánicos o de
representación de clases sociales. Las distancias se notifican en que el FV es
culturalmente más progresista y descansa sobre el imaginario peronista, y el
PRO es más conservador y amigo de las órdenes más ortodoxas del organigrama católico,
como el Opus Dei.
La
Casa Rosada intenta sortear los efectos
de la crisis civilizatoria mundial, haciendo caja mediante adquisición de deuda
interna, control del dólar –que entren, pero que no salgan-, medidas
antilaborales, recorte de programas y derechos sociales (privatización de la
salud, educación y descalcificación de los ahorros jubilatorios),
multiplicación de impuestos a las personas y no al gran capital
transnacionalizado y sus subordinados nativos, venta y concesiones infinitas de
terrenos y bienes fiscales, y un aparato mediático de alienación simbólica cada
vez menos eficiente.
¿El
objetivo? Atraer inversores en un marco de decrecimiento económico e inflación
(estanflación). Algunas mercancías apenas en un año han duplicado su precio.
Mientras, China modera áreas de importación de commodities (por decaimiento de
demanda norteamericana), y castiga al Brasil de vocación subimperialista,
propiciando un efecto dominó hacia Argentina y países aledaños.
La
caja del gobierno no sólo es para cumplir con el pago de la deuda externa, sino
para sostener los programas asistenciales en los territorio más explosivos de
la sociedad y los subsidios de los servicios básicos y derechos sociales,
procurando contener el levantamiento espanta-capitales de los trabajadores y el
pueblo, franjas medias y excluidos sin porvenir. Es decir, para cautelar la
gobernabilidad (o “lugar ameno” para la obtención de utilidades rápidas,
fáciles y sin condiciones, y fines
geoestratégicos en la región) a ojos del imperialismo.
Junto
al superior control tributario sobre la gente, se dan pasos veloces hacia la
financiarización a través, por ejemplo, del pago de expensas habitacionales
directamente a la banca. Esa capitalización es urgente para ‘ponerse al día’
con el momento dominante de capitalismo realmente existente, promover el
endeudamiento para los pequeños emprendimientos supeditados a los
requerimientos baratos y tercerizados de las megacorporaciones e incentivar los
créditos de consumo para que el asalariado promedio llegue a fin de mes por un
tiempo. En este último caso, la gente ha optado, tanto por reducir sus gastos
como por sobrevivir con crédito directo del retailer (supermercados, casas
comerciales, endeudamiento con el boliche de la esquina), en tanto proliferan formas de trueque en ferias donde ya no sólo
asisten súper empobrecidos. La deuda en la situación actual, es morosidad para
pasado mañana y subsecuente temor a perder el empleo, otra manera de disciplinamiento
social. Como un todo integral, gana la banca y se atemoriza a los trabajadores.
2.
Como consecuencias inmediatas, la delincuencia, la súper explotación del trabajo asalariado, la especulación en todo
el orden económico, el empobrecimiento de las provincias, el dólar paralelo, la
industria de la trata de personas, la prostitución infantil y el narcotráfico
tienen su primavera.
Por
otro lado, se profundiza la protesta y demandas sociales en el plano
antipatriarcal, estudiantil, de los pueblos indígenas, de los pobres del la
ciudad y el campo, y del combate contra los efectos de la megaminería, el
extractivismo agrominero y la primarización, puntales económicos y culturales
de la dependencia y el avasallamiento. Asimismo, si bien es preciso multiplicar
y colaborar en la unidad de las juntas internas en cada lugar de trabajo como
alternativa democrática desde abajo, concientizadora y de lucha directa ante un
sindicalismo tradicional en crisis, complemento necesario para facilitar el
movimiento del capital y que no escatima en emplear el sicariato y el crimen
contra sus cuestionadores, la Central General de Trabajadores opositora al
gobierno y la Central de Trabajadores de Argentina independiente del Estado y
el empresariado, de manera novedosa y no sin contradicciones, han optado por la
unidad en la acción sobre un programa básico progresivo, realizando puntos de
fuerza masivos en más de una oportunidad y organizando para la segunda quincena
de noviembre una huelga general.
¿Cuáles
son sus debilidades? Que ambas centrales agrupan sólo a los trabajadores ‘en
blanco’, formalizados, habilitados para negociar paritarias, cuando la mayoría
expoliada está informalizada, ‘en negro’, no puede asociarse sindicalmente, es
de contenido migrante, asalariado joven y hasta del llamado “trabajo esclavo”
(sin horario, con sueldos de hambre, ausentes de condiciones laborales
elementales, que abarrota talleres clandestinos). No importa que las luchas
todavía no salgan del economicismo. Es una fase necesaria que va de la mano con
la creación de vocación de poder. Pero la potencia transformadora, protagónica
y política de la clase trabajadora la ofrece su convicción premeditada de
integrarse e integrar al conjunto de luchas de todo un pueblo. Las centrales
sindicales por sí solas, y más allá de contener a parte más o menos
significativa de la clase social objetiva para la reproducción de la vida, no
“dan el ancho” en materia de relaciones de fuerzas para convertirse en
alternativa de poder. La autoridad política, desde un inicio, de sus franjas
más críticas y combativas, no es automática: se gana. Y lejos de una suerte de
unidad táctica con el movimiento popular como fuerza social que resiste y
enfrenta los intereses del capital, los trabajadores organizados tienen el
deber de actualizar sus formas y contenidos a las formas y contenidos de la
opresión del capitalismo del siglo XXI y su crisis multidimensional. Ello no se
resuelve con agregados programáticos y retóricos, sino mediante procesos
complejos, solidarios, mancomunados, en condición de pares, dinámicos y
concretos. La unidad de las grandes mayorías que malviven no es sólo voluntad
política, es necesidad histórica ante el poderío del capital. Nunca es delegada
y representativa: es activa y participativa. No se trata de un problema
aritmético, sino cualitativo. La sociedad poscapitalista funda su materialidad
y ejercicio valórico y poliético hoy. Por eso, la huelga general de noviembre
no se reduce a una demostración de fuerza sindicalizada contra las medidas
antipopulares de un gobierno que sólo media administrativamente entre los
intereses corporativos del capital y la sociedad usada y abusada como clientela
o mercado electoral. Imperiosa, transparente, honesta y concretamente la huelga
general debe realizarse con y desde la integralidad de las luchas que abundan,
pero que por el momento se mantienen fragmentadas para bien y fortuna de una
minoría privilegiada.
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