Por Andrés Figueroa Cornejo
La delincuencia, fuera de las patologías psiquiátricas marginales, es producto de la miseria y la ignorancia.
A las 5:48 hrs. de la madrugada del 8 de diciembre de 2010, los bomberos recibieron un llamado telefónico probablemente de un interno de la cárcel del San Miguel, comuna de la Región Metropolitana, donde se estaba produciendo un siniestro con consecuencias fatales sin precedentes en la historia de las penitenciarias chilenas. Sin embargo, el incendio habría comenzado alrededor de las 4:00 hrs. de la madrugada, es decir, casi dos horas antes de que llegara auxilio, a las 6:00 hrs. De acuerdo a versiones preliminares, ya son 83 los reos calcinados y muertos por asfixia. A ello se agregan más de 300 heridos y un número indeterminado de presos en riego vital que están distribuidos en distintos recintos hospitalarios de Santiago. La tragedia se concentró en el cuarto piso de la torre 5 de la cárcel. Durante los acontecimientos, sólo había cinco funcionarios de gendarmería en un recinto donde estaban recluidas 1961 personas, toda vez que la prisión está habilitada para 900 hombres. Es decir, los niveles de hacinamiento superaban más de un 100% las instalaciones. Los familiares de los reos, presa de la desesperación y la incertidumbre debido a las escasas informaciones vertidas oficialmente, lanzaron huevos y piedras a las autoridades y la policía.
De modo oficial resultan opacas las razones que originaron el desastre. Lo cierto es que independientemente de las responsabilidades inmediatas –eventual negligencia de gendarmes en particular-, existen responsabilidades políticas de fondo que recaen en los gobiernos anteriores y en el actual, y de los actuales ministros de Salud y de Justicia, Jaime Mañalich y Felipe Bulnes.
Antecedentes
En los últimos 10 años el incremento de la población carcelaria fue de 22.000 mil presos a 52.621 hoy. Considerando los reos que están beneficiados por políticas intrapenitenciarias o sistema abierto se llega a 55.000 mil reclusos. Esto es, el sistema penitenciario chileno es responsable de 107 mil personas.
El modelo privado que cuenta con subsidiado estatal generado con el propósito formal de aminorar el hacinamiento ha resultado un fracaso. En la actualidad, en los recintos concesionados existen tres presos en calabozos hechos para un interno. En la prisión femenina hay 300 reclusas en una habitación con capacidad para 80 personas, mientras que en la penitenciaría las instalaciones para 120 internos alojan a 800 reos.
La ley indica que el objetivo fundamental de la reclusión es la rehabilitación del preso con el fin de su eventual inserción social. No obstante, en el último tiempo se redujo el presupuesto para gendarmería en más de 2.600 millones de pesos (US$ 5 millones 200 mil dólares). Esa cifra deviene en que ninguna cárcel posee programas de rehabilitación.
El modelo penitenciario estatal invierte por recluso 290 mil pesos (US$ 580), en tanto en los penales privatizados, prácticamente 600 mil pesos (US$ 1.200). En el sistema privado, los montos comportan enseñanza, salud, especialistas en rehabilitación, comida, y gastos en arriendo del recinto, agua y luz. Inversamente, bajo el modelo fiscal, por menos de la mitad de los recursos todas las labores anteriores deben efectuarlas los gendarmes.
En Chile hay un funcionario de gendarmería por 91 presos. Investigaciones, hechas por el gremio de gendarmería, informan que sus trabajadores laboran para el Estado más de 12 millones de horas extraordinarias no canceladas.
El fondo del desastre
Mientras mediáticamente Piñera intenta explicar con abundante demagogia, como si fuera parte de la oposición –tomando distancia absurda respecto de su propia administración y culpando al eslabón más frágil de la cadena carcelaria-, una vez más, el mandatario enfrenta una crisis que revela las condiciones de subdesarrollo de Chile, asociadas, en este caso, a las inexistentes estrategias de prevención de accidentabilidad, resguardos sanitarios, rehabilitación efectiva de los reos, y un hacinamiento estructural del sistema penitenciario. Tras estos fenómenos se oculta el más profundo desprecio y abandono respecto de un segmento de la población chilena que es pobre y cuyo comportamiento está gatillado esencialmente por las pésimas condiciones de vida de las clases subalternas, la ausencia de una formación cultural digna, el desempleo, falta de porvenir y expectativas de desarrollo personal y colectivo, y la alienación social provocada por el imperio del fetiche del consumo innecesario que facilita la constitución de una subcultura ligada a la violencia y produce relaciones sociales dañadas y dañinas. Si no terminan las más que precarias condiciones materiales y educacionales de importantes segmentos de la desigual sociedad chilena, la delincuencia cobrará, simétricamente, una tendencia creciente y sin control. He aquí como se suma una nueva denuncia para la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos el 10 de diciembre, dos días después de la inédita tragedia.
Diciembre 8 de 2010, 13:30 hrs.
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