1. El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) –organismo dependiente del gobierno central-, de acuerdo a su último informe emitido hace una semana, correspondiente a abril de 2007, indica que el quintil (20 %) más pobre de la población chilena tiene un ingreso mensual para una familia de 4 personas de $ 177, 041 pesos (310 dólares aprox.), pero gasta $ 303,518 pesos (600 dólares). El segundo quintil ingresa $ 312,414 pesos (poco más de 600 dólares), pero gasta $ 404.145 pesos (800 dólares). El tercer quintil obtiene un ingreso mensual de $ 453,065 pesos (900 dólares), pero gasta $ 514,225 pesos (más de 1,000 dólares). El cuarto quintil promedia un ingreso de $ 670,587 pesos (menos de 1,400 dólares), pero gasta $ 697,997 (1,400 dólares). Y el quinto quintil, es decir, el 20 % de los chilenos que está en la cumbre de la pirámide social, ingresa como promedio $ 1,681,182 pesos (más de 3,000 dólares), y gasta $ 1,489,154 (menos de 3,000 dólares); es decir, es el único 20 % de la sociedad que cuenta con cierta capacidad de ahorro. Los datos revelan con claridad dramática los niveles de endeudamiento estructural que la gran mayoría de las familias del país debe asumir para sobrevivir. Últimamente, la banca, emulando a los países centrales, ha comenzado a limitar los créditos “de alto riesgo” (en todos sus niveles) como medida precautoria ante una eventual debacle provocada por la morosidad y el no pago de las deudas contraídas por empresas y personas. Las cifras oficializadas por el INE sólo dan cuenta de abril de 2007. Pero únicamente en agosto del año pasado comenzaron a vivirse los primeros temblores de la crisis subprime originada en el corazón de Usamérica, y pocos meses después, la crisis del alza alimentaria a nivel planetario que se agregó a la del precio del petróleo (que Chile debe importar casi en su totalidad) producto de la especulación financiera, los agrocombustibles y el cambio climático. Sólo meses después de que el INE entregó los números apuntados arriba, se produjo la desaceleración económica, el drama de la energía, el aumento disparado de los cereales, los lácteos y las verduras, y la inflación galopante que, a mayo de 2008, bordea el 9 %, golpeando con especial crudeza la economía de los trabajadores y los pobres.
2. Entre el quintil 1 y el 4 se encuentra el 80 % de los chilenos. Sólo un 20 % de la población pertenece a la fracción social con menudas posibilidades de ahorro y acceso a los mejores bienes y servicios ofrecidos por el mercado. Ese mismo quintil privilegiado participa en más de un 50 % del ingreso total. Menos de la mitad del ingreso se distribuye hacia abajo, entre los cuatro quintiles mayoritarios.
3. El 20 % más pobre de los hogares chilenos gasta $ 110,873 mensuales (poco más de 200 dólares) en alimentos y bebidas; $ 19,488 pesos (40 dólares) en vestuario y calzado; $ 45,156 pesos (casi 100 dólares) en vivienda; $ 19,248 pesos (40 dólares) en muebles y cuidados de la casa; $ 10,069 pesos (20 dólares) en gastos de salud; $ 46,913 pesos (90 dólares) en transporte y comunicaciones; $ 10,634 pesos (20 dólares) en recreación y esparcimiento; $ 14,123 pesos (casi 30 dólares) en enseñanza; y $ 27,013 pesos (alrededor de 50 dólares) en otros bienes y servicios. En el otro extremo, el 20 % de los hogares con mayores ingresos gasta $ 219,212 pesos (más de 400 dólares) en alimentos y bebidas; $ 70,726 pesos (130 dólares) en vestuario y calzado; $ 221,451 pesos (más de 400 dólares) en vivienda; $ 131,970 pesos (260 dólares) en muebles y cuidado de la casa; $ 85,931 pesos (más de 150 dólares) en salud; $ 381,325 pesos (casi 800 dólares) en transporte y comunicaciones; $ 66,645 pesos (140 dólares) en recreación y esparcimiento; $ 95,851 pesos (casi 200 dólares) en enseñanza; y $ 216,043 (más de 400 dólares) en otros bienes y servicios.
4. En estos días el gobierno de Bachelet, discute a puerta cerrada con un grupo de dirigentes sindicales de la funcional Central Unitaria de Trabajadores (CUT) el salario mínimo, precio del trabajo que percibe alrededor de un 30 % de los asalariados. Sin embargo, tras los formalismos, el precio del salario mínimo es materia negociada y concluida entre el Ministerio de Hacienda y la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC, multigremial de la patronal en Chile), cuyos paradigmas de fijación de los valores de la remuneración mínima responden exclusivamente a sus intereses de clase. En este sentido, y de manera pavorosamente clásica, el Estado reproduce su contenido burgués en todas sus dimensiones y quehaceres. Los impotentes representantes de la peregrina nomenclatura de la CUT, con el camarada de partido político de la Presidenta Bachelet, el socialista Arturo Martínez a la cabeza, hacen pantomimas de negociación, muecas fotográficas y reuniones de utilería.
5. Los de arriba dicen emplear para el cálculo del reajuste del salario mínimo, entre otras variables, el crecimiento económico, el cual ha sufrido una importante desaceleración producto de la crisis cíclica del capital (crisis inmobiliaria usamericana) y la crisis estructural (especulación del precio del petróleo y de los alimentos). Sin embargo, en los hechos, las limitaciones del propio capital nunca han obrado de manera realmente positiva en las rentas de los trabajadores en los últimos 35 años. Durante la década de los 90 del siglo pasado, las tasas de crecimiento de Chile superaron el 7 %, lo cual fue a engordar los bolsillos del gran capital y ni con la teoría del “chorreo” o “rebalse” se vieron beneficiados los trabajadores. En la actualidad, el cobre, la banca, la industria celulosa y las grandes tiendas comerciales obtienen utilidades históricas, pero mantienen a los asalariados de esas áreas bajo la expoliación del subcontratismo, la precariedad del empleo y salarios que no guardan relación alguna con la ganancia de las empresas.
6. El bloque en el poder (concertacionista, aliancista, empresarial), muy suelto de cuerpo, argumenta que un aumento real del salario mínimo dañaría a la pequeña y mediana empresa que da trabajo a alrededor del 70 % de la fuerza laboral chilena. Lo que callan convenientemente, es que las PYMES al permanecer condenadas a un patrón de acumulación capitalista cuya matriz estratégica ordenadora responde a los intereses absolutos del gran capital, jamás fueron posibilitadas de construir mercados propios. De esta manera, las pequeñas y medianas empresas –víctimas de créditos esquivos, insuficientes y sin horizontes de desarrollo- están obligadas a vender sus productos a los precios impuestos monopólicamente por las grandes corporaciones y cadenas comerciales, que en su tranco voraz, destruyen micro industrias y empleo. A ello se suma el impacto perverso de los Tratados de Libre Comercio, cuya formulación asimétrica y desigual respecto de las economías más desarrolladas, liquida a diario pequeñas empresas producto de las desregulaciones de importaciones y nula protección a las PYMES. Como si fuera poco, la revaluación del peso, efecto de la caída vertical del dólar, vuelve incompetentes las exportaciones chilenas y facilita el ingreso masivo de importaciones a precios sin competencia local.
7. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la estimación del salario mínimo debe construirse de acuerdo “a las necesidades de los trabajadores y de sus familias habida cuenta del nivel general de salarios del país, del costo de la vida, de las prestaciones de seguridad social y del nivel relativo de otros grupos sociales.” Sin embargo, la dirección de la Central Unitaria de Trabajadores, dice negociar un salario mínimo de $ 160,000 pesos (230 dólares) estos días, toda vez, que la cifra permanece extraordinariamente distante de los requerimientos elementales de una familia, incluso bajo el nivel de la pobreza, según las propias coordenadas gubernamentales. Asimismo, Arturo Martínez, Presidente de la CUT, propone un reajuste que llegue a $ 180,000 pesos (240 dólares) el 2010, en base a proyecciones inflacionarias. Si el 20 % más pobre de los chilenos obtiene un ingreso (ni siquiera una renta, la cual es parte del ingreso) para una familia de 4 personas de $ 177,041 pesos, pero gasta, a punta de sobreendeudamiento, $ 303,518 pesos mensuales hoy, las cifras de la CUT están a años luz de resolver el tema del consumo para la sobrevivencia de los más castigados por el modelo. Según diversos analistas, la discusión y relevancia del salario mínimo deberían atenuarse o perder importancia a través de los procesos de negociación colectiva de los trabajadores. No obstante, producto, en gran medida, de las políticas antipopulares y de desmantelamiento de las organizaciones de los trabajadores desde los albores de los gobiernos civiles postdictadura, sólo un 7 % de la fuerza laboral chilena está facultada de manera legal para negociar colectivamente. El 93 % de los más de 6 y medio millones de asalariados, no. Lo anterior, considerando además, que las negociaciones colectivas, por sí solas, no garantizan en los hechos mejoramientos sustantivos de renta y mejoramiento de condiciones de trabajo producto de un Código Laboral completamente descompensado a favor del capital y la patronal, que incluso auspicia el reemplazo de trabajadores en tiempos de huelga. Como si fuera poco, el salario mínimo, y el fetiche de la remuneración en general, se convierte en la única vía para enfrentar el creciente costo de la vida, en un marco -impuesto militarmente primero por la dictadura pinochetista y luego continuada y perfeccionada por los gobiernos de la Concertación- donde los derechos sociales ligados a la salud, la educación, la previsión social y la vivienda, meridianamente garantizados por la existencia de un parcial Estado de Bienestar hasta 1973, han sido privatizados a lo largo de las últimas tres décadas. De este modo, el salario se ha transformado en el instrumento material exclusivo para determinar la calidad de vida de los chilenos, en uno de los países con la peor distribución del ingreso y la riqueza en el planeta. Ni todos los programas sociales agregados por la Concertación han abreviado la brecha sideral entre la minoría dueña de todo, y las grandes mayorías que sólo cuentan con su fuerza de trabajo para subsistir.
8. Los números del salario mínimo ilustran inmejorablemente la plataforma económica y el sostén político e ideológico dominante en Chile. Tal cual como está la CUT –apéndice triste del gobierno-, los sectores, agrupaciones, sindicatos, federaciones, y trabajadores no organizados demandan la construcción de una refundación del movimiento de los asalariados en clave anticapitalista y de independencia política de los intereses de la clase que produce la riqueza en la sociedad. La conducción domesticada de la actual CUT sólo perpetúa las condiciones de la pobreza de los trabajadores, y replica afinadamente la estrategia del gran capital en Chile. Entre la lucha y la condescendencia amaestrada, más allá del estado de las fuerzas atomizadas de los trabajadores (cuyas causas serán materia de otro artículo), los padres de la clase asalariada –Luis Emilio Recabarren y Clotario Blest- siempre optarían por la lucha. Larga tarea y proceso duro queda para los trabajadores que con honestidad, pero todavía desatados, persiguen con claridad la promoción de los intereses de los de abajo. Al respecto, nuevamente, la unidad, la disciplina mínima, la generosidad, el desalojo de cierta vocación de minoría de algunos, son las bases nucleares para la reconstitución de un sindicalismo a la altura de los requerimientos históricos de las grandes mayorías. De lo contrario, la agonía del modelo estructuralmente desigual de los poderosos, se prolonga dolorosamente y gana tiempo precioso para su reordenamiento y reproducción tutelar.
Andrés Figueroa Cornejo
Miembro del Polo de Trabajador@s por el Socialismo
Junio de 2008
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