· Entrevista con el vocero del Movimiento Red Contruyamos, Eduardo Ampuero.
Andrés Figueroa Cornejo
Mientras el gobierno de turno intenta administrar la crisis económica (y de toda índole) en Chile mediante políticas antipopulares de austeridad fiscal y fascistización (http://www.rebelion.org/
Eduardo Ampuero Cárdenas (43 años) es el vocero del movimiento Red Construyamos que nació “como una organización asamblearia, cuya actividad se centró en el Gran Concepción. Se formó por un pequeño grupo de personas tras el terremoto de 2010 y luego se amplió notablemente ante el vacío de representación de los intereses populares en un contexto de emergencia pública. Como asamblea, el movimiento no ha sido un organismo de representación, sino que, más exactamente, un espacio de coordinación y de apoyo mutuo, donde han convergido demandas e iniciativas comunes”.
Eduardo se incorporó a las luchas sociales en el liceo N°1 de Concepción “Enrique Molina”, durante la dictadura cívico militar. Fue dirigente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción (1994 y 1996) y del Colegio de Profesores (2005). Militó en el Partido Comunista de Chile desde 1987 hasta el 2008, cuando fue eliminado el comité comunal “Víctor Hugo Huerta”, del que fue su representante. Actualmente es parte de la organización Unidad Comunista.
-La memoria es frágil en Chile. ¿Puedes referirte a los efectos del 27F?
El terremoto y tsunami del 27 de febrero de 2010 causó graves consecuencias al país y sobre todo entre los más empobrecidos/as de la sociedad, los más expuestos a las catástrofes. Según las cifras oficiales, la catástrofe dejó a cerca de 800 mil damnificados y 200 mil viviendas inhabitables, quedando gran parte de sus ocupantes en condición de allegados o de campamento. Según cifras del Ministerio de Salud, en los campamentos de emergencia se alojaron no menos de mil quinientos niños y niñas menores de cinco años en condiciones de extrema precariedad, dentro de reducidas mediaguas de 18 metros cuadrados con apenas una división interior y fabricadas con materiales ligeros y desechables. Además, una parte de los damnificados de zonas rurales y caletas pesqueras fue ubicada en lugares de difícil acceso. Los campamentos de emergencia tenían baños sépticos colectivos (para 5, 10 o más familias) y no contaron con agua domiciliar durante uno, dos y hasta tres años.
Las viviendas de emergencia se filtraron con las primeras lluvias. ¿Cómo resolvió esto el gobierno? Entregó un forro de polietileno a cada familia, el que se adhería a la mediagua con grapas. En comparación con estas mediaguas, los campamentos de emergencia del gran terremoto del año '60 (https://es.wikipedia.org/
Un porcentaje muy alto de las familias afectadas por el 27F, al menos en la región del Bío Bío, se compuso de la madre y sus hijos, a los que se agregan abuelos u otros parientes. Muchísimos fueron los problemas de los damnificados alojados en campamentos que el gobierno Piñera llamó pretenciosamente “aldeas”.
Pero lo realmente grave viene después, cuando la población damnificada fue erradicada a sectores cuyos suelos no tienen valor inmobiliario por su alto riesgo de catástrofe sanitaria ambiental e, incluso, de alto riesgo de catástrofes naturales. La segregación social ha sido el rasgo principal de la reconstrucción.”
-Se habla de mucha gente estafada…
“La administración del Estado desplazó bajo engaño a miles de familias, las que se encontraban en viviendas habitables, para demolerlas y poner sus terrenos a disposición de la especulación inmobiliaria, una práctica empresarial a la que la élite política y su burocracia se encuentran estrechamente ligadas. Estas familias fueron damnificadas por la acción del Estado y también se les segregó, erradicándoseles a sectores de menos valor o, definitivamente, perdieron su más básica propiedad, siendo arrojados nuevamente a la masa de los sin casa.”
Las redes de la corrupción
- La Red Contruyamos debió enfrentar duros problemas en su organización…
“Por décadas, la población ha sido víctima resignada del engaño o de la represión, lo que ha dañado profundamente el papel de las organizaciones clasistas. A pesar de todo, la Red marcó un momento histórico al romper con la idea impuesta de una “paz social” que se entiende como inmovilidad y que se funda en el miedo y el individualismo. La acción de la Red ayudó a descubrir un enorme potencial de movilización social que hasta entonces parecía imposible de hallar.
Las organizaciones que han compuesto la Red han sido muy diversas y su participación ha ido variando, según las agrupaciones han ido consiguiendo ciertos propósitos o según fueron resolviendo algún problema inmediato para su proceso de reconstrucción. Participaron en un primer momento sectores de trabajadores medios afectados por la pérdida de sus edificios residenciales (por cierto, la mayor parte de los edificios dañados eran obras recientes, algunas en proceso de venta). Luego asistieron grupos de damnificados y, sobre todo, de estafados por el Estado que, a través de sus instituciones, buscó apoderarse de paños de terrenos frescos cuyo valor se ha elevado. Luego se encontraban los diversos grupos políticos alternativos y religiosos, cuyo papel estuvo sujeto a la voluntad colectiva de la asamblea. Pero también pasaron por la Red diversas organizaciones que reivindicaban otras causas, no necesariamente asociadas a la reconstrucción, que buscaban apoyo en otros movimientos. Así, por ejemplo, participaron organizaciones estudiantiles que comenzaban a impulsar el gran movimiento que vendría a ocupar la escena a partir de 2011.
A inicios de 2011 y comprendiendo el desafío que significaba influir en las políticas de reconstrucción, promovimos la creación de un movimiento mayor que aunara a organizaciones de las regiones afectadas, desde la quinta hasta la octava región. De este esfuerzo nació el Movimiento Nacional por la Reconstrucción Justa, el que logró sostenerse por poco tiempo debido a la divergencia de posturas de las agrupaciones respecto de la forma de lucha y los términos de negociación con el gobierno de Piñera. Unos se concentraban en crear espacios de diálogo con el gobierno y la institucionalidad, siendo muy influenciados por las ONGs que realizaban su trabajo en el área. Nosotros planteamos como prioridad la generación de una fuerza social suficiente para presionar e imponer términos al Estado.”
-A más de 5 años del trágico 27F, ¿en qué situación se encuentran los afectados/as y a cuántas familias llegan?
“La consecuencia más grave de esta reconstrucción es la exclusión social. No es por circunstancias azarosas que sean siempre unos determinados sectores sociales los que son golpeados por terremotos y tsunamis. No por casualidad o simple descuido sucede que la política del Estado no asume los riesgos de emergencia de esta clase. Ello responde a la conveniencia del mercado que se sirve de la catástrofe para amparar los abusos del gran empresariado, tanto en el área inmobiliaria como en el comercio, la industria y las finanzas. Por ejemplo, una empresa de Paulmann utilizó los beneficios de las leyes de ayuda humanitaria para internar a Chile 180 camiones de mercadería, la que fue comercializada. Chile se encuentra completamente al servicio del capital y estas circunstancias catastróficas son un excelente momento para ampliar esas políticas en condiciones de ventaja extraordinaria.
Actualmente, son decenas de miles las familias segregadas y, si bien tenemos antecedentes claros de los afectados que participaron en el movimiento, nos preguntamos cuánta gente más ha sufrido estas injusticias sin quedar registrados en ningún periódico ni en ningún estudio social. Por consecuencia de la segregación, muchos damnificados han sido erradicados a terrenos de alto riesgo. En Talcahuano, por ejemplo, la mayoría de los damnificados habitan actualmente en los terrenos de la pesquera SPK (ex pesquera Iquique), donde el tsunami barrió las instalaciones de la empresa.
Por otra parte, los estafados han terminado perdiendo unas condiciones de vida que, aunque precarias, contaban con una vivienda. Mucha de esta gente fue reubicada en terrenos que representan un retroceso en sus condiciones sociales y patrimoniales, considerando el agravamiento de los problemas de accesibilidad y servicios, calidad de vivienda o valor del suelo.”
-¿Y la calidad de las nuevas viviendas?
“Allí vemos otras injusticias más y otra vez la manifestación de la corrupción pública, esta vez en el aspecto de las obras. Sucede que el 50% del gasto en vivienda social va directo a la ganancia de las empresas constructoras privadas. Pero, además, son muchos los casos en los que las empresas han obtenido ganancias todavía superiores gracias a favores de la burocracia y a negligencias en la fiscalización, de manera que estas constructoras han obtenido beneficios por obras mal hechas o no terminadas, siendo el Estado el que finalmente cubre las pérdidas. La reconstrucción de Piñera careció de los estándares necesarios para considerarlas viviendas dignas, porque se trata de obras de un escaso valor en relación a su materialidad y suelo. Y esto también se practicó en grandes obras públicas, en casos vergonzosamente estremecedores como el del nuevo puente sobre el río Bío Bío, el que sigue detenido y sin terminar hace años debido a sus irregularidades, o el puente Cau Cau, cuyos brazos basculantes se construyeron al revés, o el gimnasio deportivo de Dichato en el que el público no podía ver la cancha, etc.
Es decir, el terremoto ha hecho más pobres a los pobres y más ricos a los ricos.”
-¿Qué hizo el gobierno de Piñera y qué ha hecho el de Bachelet para ayudarles? ¿Qué compromisos de las autoridades políticas hubo, en todos sus niveles y períodos? ¿Cuáles se han cumplido y cuáles no?
“Las políticas de reconstrucción han sido más bien de apariencias. Se reconstruyen los bienes públicos de los que depende la producción y transacción de mercancías, y luego se atiende la reconstrucción social de una manera aparente y mínima. Todo corre a costo de los recursos fiscales, pero los gastos se desvían en grandes medidas a nuevas ganancias para el sector privado. De allí los problemas en calidad de vivienda y en precariedad de la tenencia del suelo. Estas condiciones están regidas por la lógica de propiedad expresada en la Constitución (art. 19) y por el sistema político. Es el tipo de sociedad capitalista en su fase superior de explotación lo que determina la forma en que se reparte la tierra, determina quién dispone arbitrariamente las relaciones de propiedad e, incluso, determina las irrisorias políticas públicas de prevención de catástrofes, que en realidad quedan reducidas a la protección del capital por parte del Estado y el aprovechamiento de cada desgracia natural para acelerar los procesos de apropiación privada.
El 27F se produce justamente cuando está en sus últimos meses de administración el primer gobierno de Michelle Bachelet y tras conocerse los resultados electorales que eligen presidente del país al empresario Sebastián Piñera. En este contexto, el trato de la emergencia fue caótico y descuidado. El Estado pareció ausente en los primeros días de la catástrofe. Los barrios pasaron del pánico al shok y luego a la búsqueda de seguridad, pero el Estado no existía y sus fuerzas de orden fueron insuficientes. Entonces, la sociedad busca organizarse y pasa del individualismo y del temor al vecino, a reconocerse como iguales en la ayuda solidaria, en el intercambio de cosas básicas, en la ayuda mutua. El desborde del lumpen y de los saqueos, a su vez, fue por sobre todo la expresión de una sociedad frustrada en sus carencias y sometida a la permanente campaña individualista del consumismo. Pero esta misma situación es regulada por la propia sociedad en cuanto va adoptando unas formas de organización que, aunque precarias, son la primera respuesta a la urgencia. De hecho, la gente comenzaba a intuir que era posible darse un orden más seguro sin la fuerza pública estatal. Era una experiencia extrema y todavía confusa, pero ocurría realmente. Sin embargo, después de un vacío de autoridad, el gobierno concertacionista resuelve imponer el estado de excepción y moviliza tropas para establecer su control público, tras cuatro días de saqueos de los grandes comercios e incertidumbre pública, pero también en un momento de incipiente práctica de auto-organización vecinal. Por ejemplo, en lo personal, al segundo día del 27F ya era parte del cuerpo de vecinos que protegía la seguridad de la calle y, al tercer día, participé de la primera asamblea masiva en el barrio, donde se intentaba regularizar la guardia vecinal y las formas de abastecimiento colectivo. Pero llegan los militares y todo el mundo fue enviado a sus casas, separados y ocultos otra vez, en una a seguridad individual que deposita toda la responsabilidad en la fuerza superior del Estado, bajo las instrucciones de los mandos vigentes y so castigo de arresto o de golpiza por alterar ese orden. (Recordemos que al menos un poblador de Hualpén fue asesinado por la tropa sin motivo alguno y que muchas personas pobres fueron sometidas a maltratos, palizas e incluso torturas bajo el régimen de excepción). La solidaridad -sobre todo de la juventud- fue siendo desplazada por la presencia de fuerzas uniformadas y funcionarios públicos. La solidaridad social espontánea fue remplazada por la intervención de los mercados de la publicidad y de la farándula, encabezadas por “Don Francisco”, cuya voz tomó el lugar de representación nacional de la “solidaridad” con el aval oficial del gobierno de la Concertación. Junto con el restablecimiento de las redes de la energía eléctrica y las comunicaciones, se impuso nuevamente el control de la información pública a través de las grandes cadenas mediáticas, en manos de los grandes empresarios y del poder establecido. La solidaridad retomó su carácter aparente e invisibilizó los vínculos internos que la sociedad había comenzado a encontrar en unos pocos días de vivencias extraordinarias.
Al instalarse el gobierno de Piñera con su política de mísera reconstrucción, activó una estrategia de propaganda que se dedicó a crear expectativas cortoplacistas para calmar la urgencia de los damnificados y ponerlos en subordinación y dependencia del asistencialismo que se ha cultivado en décadas de neoliberalismo. Piñera falsificó sistemáticamente los alcances de su proceso de reconstrucción gracias al control de la estructura administrativa del Estado y tuvo el poder omnímodo de las instituciones de información. Recordemos que, al hacerse cargo del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), produjo una crisis en la institución y el censo nacional de población de 2012 ha terminado siendo eliminado a causa de sus irregularidades. Este control del poder y de las informaciones, más la desorganización social y la ausencia de fuerzas políticas que apuntaran en una dirección correcta, le permitió llevar a cabo una reconstrucción de pobreza y segregación sin mayor oposición, para el provecho de la empresa inmobiliaria y para que las constructoras hagan su festín con las obras públicas. La oposición parlamentaria de la Concertación solamente se centró en cuestionar las cifras de avance, aspecto engañoso en el que los grandes medios de comunicación pusieron toda la atención pública. El bloque concertacionista no habló de los fraudes y estafas, de la corrupción desenfrenada, de la intervención de la especulación inmobiliaria en las políticas públicas y menos del maridaje político-empresarial. De todo ello les informamos y exigimos, incluso se lo fuimos a decir al mismo Parlamento, ya sea en comisiones o protestas públicas. Y es que no podían hacer otra cosa, porque sus propios partidos e intereses financieros están comprometidos con grupos privados.
Los compromisos de Piñera se basaron en números, en dar cuantificaciones de damnificados y en mostrar cifras de soluciones. Una información sesgada y engañosa, pero efectiva para una sociedad que no posee información clara de lo que sucede a sus semejantes, menos en aquel entonces en que la movilización social era marginal. Si bien el gobierno presentó siempre alzas porcentuales en el cumplimiento de su política de reconstrucción, la verdad es que manipuló constantemente las cifras de sus propias fuentes con la finalidad de crear la apariencia de progreso, mientras sus oponentes en los partidos parlamentarios se ocupaban de cuestionar la cantidad de soluciones de vivienda avanzadas. Y así seguía el “peloteo” entre uno y otro acerca de si más o si menos. Diversas instituciones sociales y ONGs intentaron enriquecer esta discusión, pero desde una crítica centrada en el mismo eje: las cifras de avance. Esto es superficial y no expresa el problema esencial, evitando los elementos esenciales que describen claramente la existencia de una lucha de clases continua.
En esta etapa pos catástrofe, lo más grave ocurrió con la apropiación ilegítima del suelo que afectó tanto a familias damnificadas como a otras no damnificadas, pertenecientes a sectores populares y obreros. A diferencia de las familias trabajadoras y profesionales que habían sido estafadas por empresas privadas al venderles residencias que no cumplían los requisitos (como el edificio Alto Río que se volcó), en los casos anteriores hablamos de fraudes o derechamente de estafas cometidas por el Estado contra una masa de gente que no contaba con la protección de los organismos estatales ni con apoyo técnico o legal, quedando a expensas de una legalidad que desfavorece al pobre.
El gobierno de Piñera no terminó con las obras de reconstrucción, aunque según sus cifras avanzó en la mayor parte. Así como avanzaba la reconstrucción oficial, también se fueron consolidando sus políticas de segregación social. El problema es que las obras de reconstrucción presentaron graves falencias y también perjuicios para los desamparados, se cometieron fraudes por parte del Estado y de empresas privadas, y la gran burguesía hizo aprovechamiento directo de los beneficios públicos, ya sea de manera legal o ilegal, con la complicidad de funcionarios del Estado. En ello participaron políticos y funcionarios de confianza del gobierno, particularmente en el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo y en el de Obras Públicas. Respecto de los abusos públicos y de aquello que se ha dado en llamar eufemísticamente “irregularidades”, no existen procesos judiciales ni sanciones relevantes. La protagonista de estos abusos en la región del Bío Bío fue la actual senadora UDI Jacqueline van Rysselberghe, involucrada en un sinnúmero de estas “irregularidades” y jefa de los procesos de apropiación ilegítima de inmuebles. Pero van Rysselberghe no ha sido objeto de ni un solo proceso de investigación judicial. Tras renunciar a la Intendencia Regional a causa de sus escándalos y llevar por un corto tiempo un “bajo perfil”, vuelve inmaculada a presentarse como candidata al Senado sin que se inmuten ni pierdan el sueño las llamadas fuerzas parlamentarias opositoras, ahora gobierno como Nueva Mayoría.
-Está claro que la corrupción en el país no nació con SQM, sino que es uno de los modos del desenvolvimiento del capitalismo en Chile y en el mundo. ¿De qué manera lo sintetizas en el caso del 27F?
“La corrupción funciona como una extensa red mafiosa en los aparatos públicos y el poder político, en conexión estrecha con el mundo de los intereses empresariales. En Concepción, antes del aniversario del 27F de 2013, Red Construyamos y los pobladores de Villa Futuro provocaron la renuncia de Sergio Jara, director del SERVIU. Este ingeniero de la extrema derecha provenía de los altos puestos de las empresas constructoras y, al salir del cargo público, pasó a asumir inmediatamente la vocería de la constructora privada VALMAR, que ejecuta obras públicas, porque hay que recordar que la Constitución de Pinochet impide que el Estado posea empresas. Antes de Jara, el director del SERVIU fue Sebastián Salas, también de la UDI, quien dirigió la compra -en nombre de la reconstrucción- de terrenos que pertenecían a su familia. Estos delincuentes salen limpios de polvo y paja gracias al régimen legal y a la corrupción del sistema político.
Como te contaba, la erradicación de poblaciones que no fueron damnificadas bajo pretexto de daños estructurales de vivienda, significó que a miles de familias de la región del Bío Bío se les quitara la vivienda bajo engaño, es decir que, en la práctica, se les robó sus humildes propiedades para tomar posesión del suelo a través del SERVIU. El gobierno inventó la situación de inhabitabilidad en diversos sectores donde la plusvalía del suelo ha crecido por causa de la expansión urbana e importantes obras viales, entre otros factores. Se les llamó a abandonar sus viviendas con la promesa de una pronta reconstrucción y con engañosos ofrecimientos de mejoras en la calidad de vida, cosas que no existieron. Una vez erradicadas las poblaciones y perdidos sus suelos, los mandos de la burocracia estatal tienen en sus manos el destino de esos suelos para futuros proyectos inmobiliarios que no son de conocimiento de la población hasta que las obras se inician, una vez que se han creado las condiciones técnicas y legales de su ejecución. La gente fue amedrentada y engañada por funcionarios del Estado, lo que fue facilitado por los escasos recursos de apoyo, el desconocimiento de las condiciones de propiedad y el temor al Estado. Por ello es que terminó una mayoría cediendo su vivienda para que se les entregasen nuevos subsidios de postulación a vivienda social o, en muchos casos, se les dejase a su suerte, ya sea con una suma de entre 2 y 15 millones de pesos (entre USD2.860 y USD21.400), correspondientes a la indemnización por el valor del suelo sin construcción o correspondientes a subsidios de vivienda. Hay un número importante de ex propietarios que recibieron solamente una fracción del subsidio (10 millones de pesos o USD14.000), debido a que la adquisición de vivienda no se completó por causa de un procedimiento irregular del SERVIU que intentaba apurar el desalojo. Debido a la incapacidad de ahorro y de sustento económico familiar, muchas personas gastaron el dinero incompleto del subsidio en otros bienes menores o en su propia subsistencia. Debo decir que en estas regiones de Chile no existen viviendas por el valor del subsidio social de vivienda, a menos que sea para postular a proyectos de vivienda social que se ubican en suelos de escaso valor, es decir, en las periferias o en lugares de riesgo. En definitiva, la pérdida de la vivienda de estas familias, que habían crecido en el valor de su suelo, significó agravar las condiciones de pobreza y resultó muchas veces en la pérdida de la propiedad.
Hay que comprender que esta intervención fraudulenta del Estado se ejecutó contra poblaciones obreras y pobres, familias muchas veces compuestas de sólo la dueña de casa con sus hijos, en situaciones de precariedad laboral agudas. En consecuencia, se trató de un abuso descarado. Te hablo de poblaciones como el conjunto de edificios de Camilo Olavarría en la ciudad de Coronel, que alojaba a más de 400 familias, o el conjunto de bloques de edificios de la población Villa Futuro en la comuna de Chiguayante, de 1300 familias, o el intento aún frustrado de erradicación de la población Aurora de Chile, que se halla junto al centro de Concepción y que aloja a 700 familias, o el caso de la caleta turística de Dichato, donde gran parte de la población costera fue erradicada a los cerros. Y hay casos denunciados en otras ciudades, como el de un conjunto residencial en la ciudad de Bulnes de esta misma región. También se pueden mencionar acciones contra bienes de interés público. Por ejemplo, la liquidación de los mercados centrales que son, en general, muy antiguos y céntricos, o contra numerosos establecimientos educacionales que, dada su ubicación, fueron demolidos y sus terrenos puestos en proceso de privatización, desde el sur del Bio Bio hasta la región Metropolitana. Es el caso del liceo Balmaceda en Concepción, en el que los alcaldes Kuhn de la UDI, y luego Ortis de la DC, coincidieron perfectamente en la idea de vender, a pesar del clamor popular que exige recuperar la educación pública. ¿Cuánto más habrá ocurrido en otras ciudades o regiones donde la gente no estaba organizada y no pudo luchar por su derecho a la vivienda, a la educación, a la salud... derechos que les fueron conculcados por el propio Estado en nombre de la especulación inmobiliaria?”
-¿Ha habido diferencias sustantivas entre uno y otro gobierno?
“Diría que hay diferencias meramente formales. El gobierno de Michelle Bachelet prometió revisar la reconstrucción y creó una comisión presidencial encabezada por su delegada, Paula Fortes. Se levantó un diagnóstico bajo una fórmula de participación aparente, con dirigentes cooptados o que acogieron las nuevas promesas. El gobierno, fiel a la línea seguida por sus partidos, no ha ido al fondo del problema. Por lo mismo, nunca existió de parte de este gobierno una revisión de los procedimientos, de los vínculos político-empresariales, ni de la legalidad que es la base sobre la que se permiten estos abusos. El tema terminó en un maquillaje para que todo quede igual.”
Las lecciones
-¿Qué conclusiones políticas y sociales han obtenido colectivamente?
“Los pueblos de Chile tienen el desafío de superar el engaño de la élite, de sus corporaciones industriales y financieras, de sus partidos políticos y medios de dominación masivos. Hay que instalar nuevas ideas de cambio. Eso significa combatir desde la ideas todo el tinglado de ilusiones y el modelo de solidaridad del tipo Teletón, que intervino en las circunstancias del 27F con la función de dominar el problema social y no de desarrollar la solidaridad. Es posible levantar otra práctica si se hace con una visión clasista. De hecho, tuvimos por breves instantes la vivencia de la solidaridad real, de la necesidad de unión, y eso no puede pasar sin dejar huella. El gran problema nuestro, de los sectores populares más conscientes, es de organización y de definición de unas líneas de lucha común. Un trabajo que puede parecer lento para este país, pero que, inevitablemente, tendrá el impulso de las luchas próximas, que -según observo- serán de proporciones mayores.
Hay que acrecentar la organización social, que sigue siendo muy poca y de baja participación. Por otra parte, tenemos la urgencia de construir un bloque político basado en un programa de cambios inmediatos, a lo que yo agregaría: que tenga la vista puesta declaradamente en la superación del capitalismo y en la construcción del socialismo, que no es una reedición de nada, sino que es, por definición, el proceso de socialización de los procesos de producción, de distribución de los bienes y de generación de una democracia superior, ubicada en las particularidades de nuestros pueblos. El socialismo es la única idea efectivamente nueva para resolver la crisis en que se halla la sociedad. Es verdad que carecemos aún de los partidos de la clase trabajadora que tengan la solidez y el acierto para acelerar esto, por lo que ello representa una tarea que debemos hacer en conjunto con la promoción de la organización y del movimiento social. Ya se están aclarando algunas ideas político programáticas que se han ido exponiendo en los últimos años y que apuntan hacia el camino de formar una plataforma amplia, diversa, pero cuyas medidas urgentes han de ser unitarias en relación, por ejemplo, con los cambios constitucionales democráticos, la soberanía del pueblo sobre sus recursos, el freno del neoliberalismo, la garantía de derechos sociales y laborales en un marco nuevo, etc. Se trata de responder en lo inmediato a cuestiones que cada vez hacen más sentido en la población y que requieren una alternativa que piense en la acumulación de fuerza organizada para avanzar y resolver en la marcha los pasos superiores que lleven a las mayorías explotadas a sepultar el neoliberalismo y superar el capitalismo conquistando el poder. Tal alternativa requiere de una movilización de masas gigante y de una claridad a la que deben contribuir las organizaciones políticas. La izquierda debe asumir que no puede enfrentar cada coyuntura para alimentar sus propias y pequeñas fuerzas. También tendremos que asumir la discusión ideológica necesaria para aclarar nuestras aspiraciones políticas, dejando de maquillarnos constantemente con la careta de un ciudadanismo inocente y deslavado que revela una actitud vergonzante hacia el carácter revolucionario de nuestras luchas y que amenaza con desviar el sentido de ellas. Lo cierto es que aquí habrá una gran lucha social y ello supone situaciones que desbordarán a las ilegítimas instituciones del poder político. Pero la garantía del cambio profundo depende de más cosas que la sola gente en la calle.
La experiencia que pasamos al intentar responder a una necesidad urgente de reconstrucción, demuestra que se requiere mucha más organización y más comprensión del papel real del Estado, completamente controlado por el gran empresariado y los oligopolios. De este Estado y de sus gobiernos no saldrán leyes ni medidas políticas que apunten en una dirección diferente a esos intereses, sobre todo si no hay una presión extraordinaria sobre él. Las poblaciones de las distintas zonas del país probablemente enfrentarán nuevas catástrofes naturales en condiciones similares a las conocidas, puesto que el Estado no ha revertido las causantes fundamentales de la vulnerabilidad social y urbana. Por el contrario, ha fortalecido su lógica de acumulación de la propiedad capitalista. Por tanto, las organizaciones sociales del país deben desarrollar los mecanismos de defensa que le sirvan en una emergencia, ya sea tanto para enfrentar una catástrofe natural como para combatir los ataques del Estado neoliberal. Debemos pasar de las marchas y asambleas a niveles superiores de organización, metas que requieren de una izquierda más abierta y unitaria, que mire más allá de objetivos cortoplacistas y autorreferenciales.
En Chile nos encontramos en una hora nueva, donde está casi todo por hacerse. Nuestra convicción es que podemos hacerlo todo si antes construimos un punto de apoyo.”
No hay comentarios:
Publicar un comentario