Pese a la represión policial, la comunidad organizada de la institución en crisis cumple su agenda de movilizaciones y propuestas, y amplía la solidaridad activa de su causa.
Andrés Figueroa Cornejo
El miércoles 22 de octubre de 2014 la comunidad de la Universidad de Artes y Ciencias Sociales, Arcis, realizó una nueva manifestación que acabó con 21 detenidos y cientos de personas reprimidas por las Fuerzas Especiales de carabineros. La institución hoy pasa por una crisis que podría resultar terminal de acuerdo a los intereses de los poderes políticos y económicos contrarios a la democracia, la educación y al conocimiento crítico y reflexivo en Chile.
Luego de un apretado historial de resistencias, búsqueda de la verdad, amenazas, violaciones de los derechos humanos -laborales, sindicales, académicos y estudiantiles-, persecuciones y agresiones concretas por parte de los dueños de la institución privada, la mayoría activa de Arcis sólo ha recibido golpizas, portazos y respuestas diletantes (http://www.rebelion.org/
La coordinadora y asamblea triestamental de la entidad señaló a través de sus representantes que “queremos denunciar el autoritarismo y la violencia sistemática ejercida por la dirección de la universidad al querer mostrar una situación de normalidad en un contexto de renuncia masiva de profesores, de interrupción progresiva de las clases y de un probable colapso académico y administrativo en las próximas semanas. La total indolencia de las autoridades frente al desmoronamiento de los proyectos y sueños de cientos de familias es una actitud que provoca impotencia e indignación. Las autoridades han dejado que la universidad profundice su crisis al no reconocer la gravedad de los problemas académicos que ésta ha provocado al despedir en forma arbitraria a docentes y al proponer un espejismo de solución que profundiza el mercado, con más endeudamiento y cobro a los estudiantes sin haber entregado adecuadamente los compromisos académicos, y con una reestructuración inconsulta que no responde a ningún criterio formativo”.
La comunidad arciana también emplazó al Ministerio de Educación de la actual administración gubernamental, “que ha avalado las decisiones de una dirección ilegítima e ilegal y que hace vista gorda a la persecución político-sindical y la vulneración de los derechos laborales, así como el derecho de los estudiantes a su educación. (El ministerio de Educación no ha hecho sino) iniciar una investigación administrativa (cuando hoy tiene la posibilidad de) concretar el tan anunciado retiro del mercado en educación y fortalecimiento de la educación pública”.
Asimismo, las fuerzas triestamentales indicaron que “la crisis de Arcis es una manifestación de la crisis del modelo fundado en la dictadura, por lo que una nueva política debiera intervenir las crisis institucionales, no sólo para sanear o cerrar, sino que para transitar hacia el fortalecimiento de un nuevo sistema de educación que supere la concepción de bien de consumo. El resto es más mercado, es perfeccionamiento del modelo”.
Académicos, funcionarios y estudiantes han postulado una fórmula “que no implique estatización unilateral, sino como concordancia entre Estado y comunidad. Hemos propuesto complementariamente, una modalidad de propiedad mixta o bien la alianza estratégica con otra institución del Estado, pero nada de eso se ha considerado por la cartera de enseñanza.”
Represión y solidaridad
La sede central de Arcis está ubicada en la calle Libertad 53, a escasos metros de la Alameda. A diferencia de otras marchas con igual objetivo (llegar hasta las dependencias del Ministerio de Educación para exigir una entrevista con sus inquilinos), esta vez la columna universitaria se encontró inmediatamente con un escandaloso operativo de Fuerzas Especiales de carabineros que destruyó el orden de la manifestación a punta de carros lanza-agua, golpes y detenciones a discreción. Así y todo, cientos de personas lograron reagruparse en las puertas del edificio ministerial, a media cuadra de La Moneda.
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