- El caso peruano, ejemplo feroz y develamiento de la subordinación canina de la administración de Ollanta Humala al imperialismo norteamericano en materia de persecución política.
- Otra costilla de la crisis y verdadero rostro del llamado “gobierno progresista” de Argentina y el carácter del tipo de hegemonía del capitalismo en curso en el planeta.
‘La palabra asilo, de origen griego, está compuesta de la
partícula privativa "a" y el verbo "sylao", capturar,
violentar, devastar. Textualmente significa "sin captura, sin violencia,
sin devastación".’
Waldo Villalpando
Andrés Figueroa Cornejo
Eduardo “Negro” Soares es el
abogado paradigmático en la defensa de los Derechos Humanos nacionales e
internacionales en Argentina (http://www.rebelion.org/noticia.php?id=153736)
y coordinador de la Gremial
de Abogados. Responsable de la defensa contra la extradición sin pruebas
demandada por el gobierno de Ollanta Humala del periodista peruano Oswaldo
Quispe -actualmente con arresto
domiciliario en Buenos Aires luego de permanecer en la cárcel durante largos
meses (http://www.rebelion.org/noticia.php?id=183273)-
realiza un análisis a fondo sobre el peligroso giro político de la Argentina en materia de
refugio político.
“La Gremial de Abogados que
conduzco ha participado en los diversos casos de extradición de los hermanos
peruanos”, arranca “El Negro” Soares, “Allá, todo tipo de luchador popular es
objetivo potencial de ser sometido a un juicio de extradición. Si el Estado
peruano logra ganar alguno de esos juicios, a los extraditados les esperan años
de presidio. La justicia peruana está absolutamente subordinada al poder
político, a diferencia de la
Argentina donde el Ministerio Público es independiente del
Ejecutivo política y administrativamente. En Perú, la justicia depende del
Ministerio del Interior hasta administrativamente.”
-¿Cómo opera?
“Si existe algún peruano en
cualquier lugar del mundo solicitando asilo político es detectado por el Estado
del Perú y pide su extradición, con éxito o sin éxito según diversas
variables. Hasta el momento, la Gremial de Abogados ha
triunfado frente a las extradiciones. Esto, naturalmente, también tiene que ver
con la propia Argentina, su gobierno y su justicia. Sin embargo, lo anterior ha
cambiado sustantivamente desde hace poco más de la última década.”
-¿En qué sentido?
“Pondré un ejemplo. Hoy
estamos defendiendo al abogado peruano Juan Manuel Carranza Laurel. Él se vino
a la Argentina
en 1998, pidió refugio durante el gobierno de Carlos Menem y se lo otorgaron.
Es decir, Juan Manuel Carranza obtuvo el refugio en el marco de una
administración del Estado argentino que nosotros estábamos enfrentando
duramente debido a que era el vehículo de las violentas políticas privatistas y
ultraliberales que hasta ahora golpean a la mayoría de la sociedad del país.
Incluso durante lo poco que gobernó De la Rúa, el Estado mantuvo la línea histórica argentina
de promoción del refugio solidario, asilo y contra la persecución de toda
persona de cualquier sitio del planeta a lo largo de alrededor de 150 años.
Pues bien, el abogado Carranza partió a España donde el Estado peruano solicitó
su extradición, tal cual lo había hecho acá. En España perdió el juicio de
extradición y Carranza retornó a la Argentina donde ya no estaba el menemismo, sino
que el “progresismo”. Entonces, “los compañeros”, le negaron el refugio y lo
sometieron a un juicio de extradición. Este caso sintetiza la nueva política de
no refugio que barre un siglo y medio de solidaridad internacional.”
-¿Cuál es la fórmula ahora?
“Hoy, todo aquel que es
acusado de “terrorista” en un país con que Argentina sostiene relaciones económicas
y políticas es entregado al Estado requirente. Juan Manuel Carranza en
Argentina se presentó a la Comisión Nacional
para Refugiados (CONARE) para recordarle que él contaba con refugio acá con el
fin de que se lo convalidaran. Pero no sólo lo metieron preso, sino que además
no le reconocieron el refugio que le dieron en el gobierno de Carlos Menem. La
misma cosa ocurrió con los 6 prisioneros políticos paraguayos (http://vientoencontra2009.blogspot.com.ar/2013/05/visita-los-seis-presos-politicos.html).”
-¿Y en la situación del comunicador social peruano
Oswaldo Quispe?
“En su caso, salió el
Secretario General de Seguridad la
Nación, Sergio Berni, a decir públicamente que Oswaldo “es un
terrorista y nosotros lo vamos a entregar”. En general, con todos los
refugiados peruanos, hemos conocido el los expedientes donde se señala
explícitamente que el gobierno argentino le comunicó al peruano que tal persona
estaba solicitando refugio.”
-Ante el fin de una tradición solidaria de Argentina,
¿qué hacer?
“Cualquier persona
perseguida que llega a la
Argentina y nos viene a consultar qué puede hacer, yo hace 20
años le recomendaba que fuera a la
CONARE donde se le otorgaba inmunidad, refugio y ya. Ahora si
la misma persona parte al CONARE, esa institución se comunica con el Ministerio
del Interior y al día siguiente está presa. Hasta ahora, nuestra Gremial de
Abogados le ha ganado a Baltazar Garzón, y legalmente podría ser mucho más
sencillo hacerlo frente a la justicia peruana, mucho más torpe, bruta y sin
fundamentos. ¿Qué quiero decir? Jamás podemos dividir la lucha judicial de la
solidaridad activa y de la política. Es imposible.”
-¿Hay alguna diferencia entre el actual Ejecutivo y
los intereses que están detrás del Grupo Clarín en este plano?
“Ninguna. Y no se trata de
que Menem “fue bueno” y daba refugio y ahora el gobierno “es malo” y no lo da.
El tema central es que en tiempos de Menem estaba tan cerrada la puerta
respecto de la política de asilo histórico en Argentina, que era imposible que
ocurriera otra cosa. Lo gravísimo es que en el presente ya se abrió una puerta
que significa una ruptura política que sólo fortalecerá la extradición y el
aniquilamiento de la solidaridad internacional del Estado argentino.”
CUANDO TODO DISENSO ES TIPIFICADO DE “TERRORISMO”
El peruano Diego Rayme es
Presidente de la Asociación
Internacional de Refugiados Solidaridad con sede en Argentina
e indica que “Hoy en el mundo se está desplegando un proceso de criminalización
de la lucha popular a partir de los hechos del 11 de septiembre de 2001 (Torres
Gemelas, EE.UU.), impulsado por el imperialismo norteamericano y en connivencia
con gobiernos del planeta. O sea, toda lucha del pueblo en la actualidad es
calificada y tratada como “terrorista”. De tal modo, que cualquier movimiento
popular que exige sus derechos cae en esa denominación.”
-¿Qué ocurre en Perú?
“En Perú, la situación es
bastante compleja. Todavía el presidente Ollanta Humala por varios sectores de
la población peruana es caracterizado, paradójicamente, como una cabeza
administrativa “nacional, popular, progresista y democrática”. Humala ha
traicionado una a una las promesas que lo llevaron a capitanear el Ejecutivo. Aunque
ahora suene fácil decirlo, nosotros/as lo denunciamos en la Argentina incluso antes
de que asumiera el 28 de julio de 2011. Perú en estos momentos está en crisis
producto de la embestida minero-extractivista (el principal es el proyecto
Conga, http://www.rebelion.org/noticia.php?id=183705).
Nosotros no somos anti-mineros por principio. Estamos en contra de los efectos
del saqueo de los recursos naturales, la consiguiente destrucción de
comunidades indígenas y campesinas, de sus derechos y del agua que precisan
para vivir.”
-¿Y la respuesta del pueblo consciente?
“El pueblo peruano está
llevando adelante 215 luchas en los distintos departamentos del país. El 70%
está asociado al extractivismo minero. El control del saqueo minero está en
poder de corporaciones norteamericanas, canadienses y en un 32%, chinas. Por
eso nosotros consideramos que enfrentamos una nueva oleada de acumulación y
explotación originaria (https://www.marxists.org/espanol/m-e/1860s/eccx86s.htm).
Ello se observa cuando todos los proyectos mineros son aprobados inmediatamente
en Perú, y muchos de ellos se ejecutan a sangre y fuego. Y como existen fuertes
resistencias populares, el Estado echa mano a la represión. Al día de hoy, el
gobierno de Humala suma 40 muertos por esta causa, todos caídos por balas
policiales. Asimismo, los trabajadores de la salud y la educación expresan
permanentemente su descontento en las calles. Vastos sectores de la sociedad
permanecen en pie de lucha a pesar de la violencia estatal y de ser tipificados
y recibir el trato de “terrorista” ante cualquier disenso.”
-¿Cuál es la cobertura legal que emplea la
administración-Humala?
“En enero de 2014 fue
aprobado un proyecto de ley que le ofrece discrecionalmente al Estado todas las
facultades para asesinar en este tipo de conflictos, con la subsecuente
impunidad para los uniformados. Si embargo, la persecución política es abierta
desde hace tres años. Por ejemplo, los profesores ex prisioneros políticos de
la década de los 80 y comienzo de los 90 que no firmaron su “arrepentimiento”,
y luego de 15 a
20 años de cautiverio en condiciones inhumanas continúan siendo hostigados y
privados de su derecho al trabajo. Por protestar obstruyendo las calles, la ley
castiga con 5 años de cárcel. En resumen, usan tanto la ley antiterrorista,
como la vigente constitución impuesta por el ex presidente Alberto Fujimori, un
sujeto que está preso por crímenes de lesa humanidad.”
-¿Y económicamente?
“Existe un crecimiento
sostenido para las grandes empresas que ni siquiera gotea hacia la inmensa
mayoría de la comunidad. Y el panorama sindical es un desastre debido a las
políticas ultraliberales en carrera desde hace, por lo menos, dos décadas. No
hay trabajo seguro, no hay seguridad social, abunda la sobreexplotación.”
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