“…si por desgracia hubiéramos
aflojado estaríamos bajo tierra.”
Juan José Castelli
Andrés
Figueroa Cornejo
Supervisado
paternal y obligatoriamente por metodologías del Fondo Monetario Internacional
(productor de deuda con hegemonía norteamericana para ganar y orientar
economías dependientes), el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC)
reveló que la inflación de enero de 2014 llegó a 3,7% en los precios minoristas
y a 4,9% en los mayoristas. Desde que el INDEC fue intervenido por el gobierno
nacional el 2007 que no se ofrecía una cifra tan verosímil respecto de la
inflación o Índice del Precios al Consumidor (IPC).
De
esta manera, casi de soslayo, el Ejecutivo transparenta la crisis argentina, perdiendo
su estado de pura ‘sensación térmica’ y creación mediática. En el corto plazo,
la Casa Rosada y el empresariado usarán los nuevos números del IPC como una
señal fosforescente dedicada a la fracción de los trabajadores que puede negociar
colectivamente su salario (atrasado por lo menos en un 30 % anual, según el
economista Julio Gambina) y así modere su
exigencia a la hora de las paritarias
que comienzan en marzo con los docentes.
Ese
es el mensaje que le toca a la fuerza de trabajo organizada tradicionalmente. Si
bien el resultado de las negociaciones opera como cifra referencial para la
mayoría de los asalariados que están inhabilitados para pactar nada, ¿en qué
condiciones quedarán los trabajadores en
negro, los que no pueden sindicalizarse por imposición factual o
contractual, los que se desempeñan en pymes y trabajos basura, los niños y
mujeres expoliadas en el campo y el comercio, los jubilados, los migrantes
fronterizos, la mayoría que sobrevive de la
venta de su trabajo y la deuda, los que sólo sienten
algo parecido a la vida fuera de su horario laboral?
Sin
embargo, el permiso forzoso de vigilancia del FMI ofrecido por el gobierno de
turno tiene como sentido político-económico superior y estructural disminuir el
riesgo-país para aminorar los costos de la inversión y cumplir con los
requisitos para solicitar nuevos créditos a esa propia entidad y otras. Es
decir, para intentar reconquistar a los capitales que se reproducen en otros
lechos, lejos de la economía local, y calcificar el famélico ahorro estatal para
poder hacer frente a las deudas varias.
Demolida
la escenografía de cartón nacional-desarrollista, también se aclara el lugar de
Argentina en la crisis mundial que atraviesa el capitalismo desde el 2007. La
combinatoria de estanflación, déficit de reservas fiscales y de balanza
comercial, cancelación de deuda externa ilegal y especulación en toda la cadena
de valorización del capital (producción (no importando su procedencia)-distribución-consumo)
obliga a una administración política liberal a observar confesionalmente el
manual de los ajustes estructurales que gobiernan el capitalismo del siglo XXI
para economías periféricas.
Si
no hay nacionalizaciones estratégicas –comercio exterior, banca, servicios
básicos; gran industria sojera, petrolera, minera, frutícola y cerealera;
textil, siderúrgica, del plástico, del montaje automovilístico, del transporte-
ni hay reforma agraria en vistas de la soberanía alimentaria, entonces hay devaluación del peso en
relación a la divisa dominante, disminución real del salario, más explotación
laboral, más subcontratismo, más informalidad y subempleo, más concentración
del capital; rebaja de requisitos jurídico-laborales y ambientales para los
inversionistas; más primarización agrosojera, desfinanciamiento de la salud, la
educación, las pensiones, y menos recursos para programas de contención social
y formadores de clientela electoral. Más miseria, más ferias libres para vender
lo que sea.
Y
como los salarios tampoco alcanzan para llegar a fin de mes, en consecuencia,
hay deuda. Pero ni siquiera deuda bancaria para el consumo porque las exigencias
para morigerar el riesgo que corre la banca convencional son imposibles de
reunir. Se trata de deuda tomada en financieras donde el Esquema Ponzi (http://es.wikipedia.org/wiki/Esquema_Ponzi) hace nata y el pago en
cuotas del retailer (tiendas y supermercados) no está ni siquiera centralizado
informáticamente, lo que promueve aún más el crédito descontrolado. ¿En cuántos
salarios estará endeudado un trabajador promedio en Argentina? ¿Habrá comenzado
la crisis de morosidad?
Pero
las nacionalizaciones por sí mismas no son garantía de un pasar más llevadero
para las grandes mayorías si no es la propia sociedad organizada quien se hace
parte protagónica y sujeto de administración racional del excedente proveniente
de las nacionalizaciones. De esa manera, recién podría hablarse de propiedad
social. No olvidando, claro está, que el Estado argentino es burgués y que, por
tanto, sólo el devenir sin fecha de la lucha de clases determinará las
condiciones, tiempos y modos de la realización de las medidas arriba
amontonadas.
Ahora
bien, el Estado argentino no sólo es burgués, sino que su forma de
administración actual, al igual que en la inmensa mayoría del continente,
corresponde a una democracia representativa eminentemente antipopular, sin
pueblo, sin participación significativa de la sociedad. La gente tiene derecho
a opinar y a reunirse en tanto sus opiniones y reuniones no devengan en
armadura orgánica conciente de sus intereses, en acción y, en consecuencia, en
posibilidad de superación política anticapitalista de lo que existe
inestablemente, pero bien o mal mantiene el orden de las cosas. El orden del
movimiento interno de la explotación del trabajo humano, del saqueo
extractivista, de la mansedumbre y distracción social necesaria para ganar tiempo por arriba, del
consenso y naturalización de la desigualdad general a cambio de la libertad de la juventud
empobrecida para elegir un equipo de fútbol y verter su indignación en los estadios.
El
gobierno argentino no confía en la sociedad. Tiene cara de madre, pero es un
padre opresivo que busca la infantilización política de la mayoría y sólo
aprecia y premia la obsecuencia. En Argentina no existen plebiscitos ni
consultas populares sobre ámbitos revelantes de la vida. Ni siquiera para
conocer las preocupaciones y propuestas de la gente. A nivel municipal, a
veces, hay cabildos consultivos, pero jamás vinculantes. Son la dramatización
repetida del muro de los lamentos, el lugar de la queja, el grito ineficaz, el
anhelo y la exposición estudiada antes de archivarse nuevamente.
Sin
trabajadores y pueblos enfrentando de manera unitaria y solidaria –no
corporativa y dispersamente- la ofensiva liberal, con independencia de los
partidos políticos funcionales al capital, del empresariado y del Estado, se
encogen las posibilidades de que el movimiento popular concreto pase de la
resistencia a la propuesta e iniciativa política y económica.
La crisis está en curso y es ahora mismo cuando se mide la estatura política y
ética de los circuitos más conscientes del pueblo.
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