Andrés Figueroa Cornejo
Bajo el tórrido 15 de
febrero de 2012, una enorme columna de miles de personas llegó hasta el
Congreso Nacional de Argentina, sembrado en el corazón de Buenos Aires, para
exigir la derogación de la ley antiterrorista votada en la última sesión
legislativa del año pasado a iniciativa del gobierno.
Agrupaciones de Derechos
Humanos, organizaciones sindicales, estudiantiles, de barrios y villas;
ciudadanas, originarias, ambientalistas; organizaciones políticas y un conjunto
variopinto de parlamentarios elevaron un escenario en las puertas selladas del Congreso para manifestar
su rotundo rechazo a la ley.
La composición diversa de
los participantes ofreció un marco de fortaleza unitaria sobrecogedora. El
extenso abanico social y político que sustantivó la manifestación, inyectó autoridad
soberana a un mensaje leído colectivamente que en sus partes medulares señaló
que, “No es menor que hasta hoy no se haya podido definir jurídicamente qué se
entiende por “terrorismo”. Esto no es casual si tenemos en cuenta que siempre
se ha utilizado este calificativo para demonizar al opositor político, para
justificar su persecución y su eliminación (…) Actualmente existen claros
intereses políticos por parte del imperialismo norteamericano y sus socios en
utilizar el calificativo de “terroristas” para perseguir a quienes se oponen de
diferentes formas y en diferentes lugares a su política (…) En los últimos ocho
años, la criminalización de la protesta social se ha profundizado al punto tal,
que no existe lucha obrera, estudiantil, ambiental, social o política que no
tenga como consecuencia la apertura de una causa penal contra los militantes más
visibles de cada momento (…) A esta política nacional se ha sumado la utilización
de ‘patotas’ contra quienes luchan, como ocurrió en el Hospital Francés, en el
INDEC, en la legislatura contra los maestros, y en la lucha de los tercerizados
del Ferrocarril Roca, donde fue asesinado Mariano Ferreyra (http://www.rebelion.org/noticia.php?id=137929)
(…) Esta ley no está pensada ni sancionada en pos de resolver ninguno de los
problemas que enfrenta el pueblo argentino. Tampoco está destinada a impedir
que se produzcan atentados contra el pueblo argentino (…) En realidad, la ley
antiterrorista provoca terror y constituye una herramienta de persecución estatal
(…) Llamamos a toda la población a manifestarse y movilizarse en contra de esta
legislación represiva y antipopular, en defensa de las más amplias libertades públicas
por las que el pueblo argentino luchó y seguirá luchando.”
LOS TRABAJADORES ESTÁN CLAROS
Ricardo Peidro, secretario
adjunto de la Central de Trabajadores de Argentina (CTA), una de las
principales agrupaciones convocantes, indicó que tal como se movilizaron el 29
de diciembre de 2011, cuando se dictó la ley, “hoy nuevamente estamos en la
calle junto a un amplio arco de organizaciones y personas que comprenden que la
medida del Ejecutivo sólo está hecha para criminalizar la protesta social e
intentar disciplinar a la clase trabajadora y al pueblo en general, tras el
duro ajuste económico que sufrimos. Por eso marchamos hasta el Congreso. Para
que los parlamentarios levanten su mano contra una ley eminentemente
antipopular.”
-Pero antes de ella ya existía la criminalización de
las demandas sociales…
“En efecto. En el
sindicalismo hay más de 5 mil compañeros procesados; hubo represión en la provincia
de Santa Cruz debido al movimiento contra el ajuste; contra el pueblo
originario Qom que resiste el avance de la frontera soyera; y ahora último,
contra todos quienes se oponen a los efectos inhumanos de la megaminería a
cielo abierto.”
-Ya está en curso la negociación laboral entre el
gobierno central y los docentes.
“En general, nosotros
estamos por paritarias “sin techo”, como quiere imponer la patronal y el
gobierno.”
-Prácticamente la mitad de la fuerza laboral en
Argentina está “en negro”, es trabajo informal, precarizado.
“Por eso nosotros decimos
que las paritarias no alcanzan para representar al conjunto de la clase. El
mismo sistema promueve su fragmentación. Y por eso mismo, la CTA no es una
Central de sindicatos, sino de trabajadores. Es decir, una organización donde
pueden integrarse todas y todos los que laboran en el país.”
-Hace pocos días, los congresistas, a instancias del
Ejecutivo, vieron reajustada su dieta en por lo menos un 100 %
“Entonces ese es nuestro
piso para negociar.”
La Asociación de
Trabajadores del Estado (ATE) es una de las fundadoras de la CTA. Su secretario
adjunto, Hugo Godoy, indica que “repudiamos una ley resuelta entre gallos y
medianoche, y reclamamos su inmediata derogación. La ley antiterrorista duplica
las condenas establecidas por el Código Penal y puede aplicarse por el simple
hecho de hacer exigencias al gobierno, sea nacional, provincial o municipal. Su
objetivo es reprimirnos, judicializar al pueblo argentino y tratar de limitar
el creciente descontento provocado por la venta de la nación. Quieren luz verde
para imponer un modelo primario extractivista que enriquece a unos pocos y
explota a la mayoría, llevándose de paso todas nuestras riquezas. Sólo la
transnacional Barrick Gold se ha hecho de un 15
% del territorio chileno y de un 6 % del argentino. ¡Y a ambos dejan un
miserable 3 % de impuestos! Nosotros luchamos por la soberanía de todos los
pueblos de América Latina, mientras el Estado actual es una mera oficina de
certificación para los intereses de las corporaciones multinacionales.”
Corriente Clasista y
Combativa (CCC) es una franja de trabajadores que tiene presencia en todo el
país y que, según su dirigente Freddy Mariño, “con el fin de no dividir el
movimiento obrero, se organiza como corriente y no como otra Central. Nuestros
miembros son trabajadores activos, pasivos y desocupados.” Y explica que la ley
antiterrorista “es una exigencia del Fondo Monetario Internacional (FMI) que con
el pretexto de controlar la evasión de divisas, los narco-dólares, etc., en la
realidad, atenta contra la lucha social.”
-¿Cuáles son los objetivos estratégicos de
la CCC?
“Derrotar al Estado burgués
y que gobierne el pueblo trabajador.”
CRECE DESDE EL PIE
José de la municipalidad de San
Isidro es uno de los coordinadores del Movimiento Barrios de Pie que “pelea por
los derechos de todas y todos los argentinos. Nosotros trabajamos con el pueblo
más empobrecido. Tenemos comedores para los niños más humildes, para que tomen
una taza de leche, de mate cocido, un almuerzo, una cena caliente. Y al mismo
tiempo, nos empeñamos en fortalecer los derechos de los vecinos. Que el plan
social del gobierno de turno Argentina Trabaja, sea para todos y no sólo se
emplee para crear clientela electoral. Argentina Trabaja paga a un jefe de familia 1200 pesos mensuales (275
dólares) y simplemente no alcanza para vivir.”
-¿Y cómo evalúas al gobierno actual?
“Lo menos que hace es mirar
al pueblo. Sólo observa al empresariado y a todos los demás nos mete en una
bolsa comercial para hacer sus negociados y votar por ellos.”
-Pero ustedes también tienen metas políticas…
“Queremos formar cuadros
sociales con una proyección política. Nuestras figuras emblemáticas e inspiradoras
son el libertador San Martín –pionero en la lucha por la unidad
latinoamericana- y Ernesto Guevara.”
QUE LO SEPA TODO EL PUEBLO
“Es necesario diseminar los
efectos de esta ley a todo el pueblo”, dice Mirta Acuña de Baravalle, líder de las Madres
de la Plaza de Mayo Línea Fundadora.
“La gente puede creer que la
ley es para delincuentes y no se entienda su significado real. De hecho, ya
tenemos que empezar a defendernos de un Estado que es capaz de implementar esa
ley”, asegura Mirta y explica que “tenemos que prevenir para no llorar después.
Honestamente, desde el momento que salió esa ley, yo pensé en lo terrible de
sus consecuencias.”
15 de febrero de 2012
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