viernes, 27 de junio de 2008

Chile: trabajadores bancarios inaguran temporada de lucha




23 sindicatos bancarios y financieros constela la Confederación de Trabajadores Bancarios de Chile -única multisindical del sector- que enfrenta en estos días un conjunto de negociaciones colectivas. A pocas semanas de haber realizado su X Congreso -donde más de 50 delegados de todo el país concluyeron luchar por estrechar las enormes brechas salariales de la industria financiera, demandar participación en las altísimas utilidades de la banca, y reivindicar el aumento de los montos de los sueldos base y variable, entre otros puntos-, los trabajadores, férreamente cohesionados, ahora encaran una serie de convenios colectivos, en un marco de posibles huelgas debido a las inflexibles posiciones empresariales.

Banefe
Luego de presentar la propuesta de contrato colectivo, recibiendo sólo repetidas negativas a sus demandas básicas, los trabajadores de Banefe Multinegocios, parte del Holding Santander (la industria financiera que renta más utilidades en Chile, Iberoamérica, y está en el quinto lugar en el ranking planetario) votarán la huelga el martes y miércoles, 24 y 25 de junio respectivamente.
Los empleados bancarios, cuyo salario base es de $ 53 mil pesos (100 dólares), y, como fuerza de venta en tiempos de contracción crediticia, obtienen un promedio de $ 180 mil pesos (340 dólares), en su petitorio reivindican derecho a colación, movilización, sala cuna, un bono de fin de conflicto de $ 2 millones de pesos (4 mil dólares), y un sueldo base de $ 200 mil pesos (400 dólares). De votarse positivamente la huelga por los más de 600 socios del Sindicato, podrían solicitarse 5 días hábiles para los “buenos oficios”, y de resultar insatisfactoria la última oferta del empleador, los funcionarios podrían hacer efectiva la huelga a partir del 2 de julio.

Banco Internacional
El 19 de junio, el Sindicato de Trabajadores del Banco Internacional, presentó su propuesta de contrato colectivo a la empresa. En ella, los empleados demandan un aumento del sueldo base entre un 10 % y un 15 %; un bono de incentivo por antigüedad cuyo valor fluctúa entre los $ 200 mil pesos y un millón de pesos; un 0,75 UF ($ 15 mil pesos, aproximadamente) de viático para los trabajadores que deban viajar a sucursales fuera de Santiago; una asignación de caja mensual de 2,67 UF (alrededor de $ 50 mil pesos); una gratificación mensual a todo el personal de un 25 % sobre su sueldo base; una gratificación anual no inferior al 30 % de las utilidades que obtenga la empresa según señala el artículo 47 del Código del Trabajo; asignación de zona para los funcionarios que se emplean de Antofagasta al norte y desde Concepción al sur, de un 30 % sobre su sueldo base; bono de vacaciones entre $ 300 mil y $ 600 mil pesos; aguinaldos de fiestas patrias, navidad; sala cuna, movilización; y un bono de fin de negociación de un millón de pesos, entre otros beneficios menores. Alrededor del 7 de julio comienzan las tratativas entre los trabajadores y la empresa.

Evasa Banco Condell
Por su parte, los empleados del Sindicato Nacional de Trabajadores de Empresas EVASA Banco Condell, hicieron entrega a la administración de la propuesta de contrato colectivo el pasado 16 de junio. El documento de los funcionarios reivindica una gratificación de un 25 % mensual sobre el sueldo base; reajustabilidad trimestral del salario según el IPC; asignaciones de colación, movilización, y antigüedad (desde los tres años) de $ 300 mil pesos; aguinaldos de fiestas patrias, navidad, natalidad, matrimonio, escolaridad y sala cuna; permisos sindicales; vestuario; un bono compensatorio por trabajador de $ 2 millones de pesos por desmedro económico ante las políticas de créditos y metas de la empresa; y un bono de término de negociación de $ 2 millones de pesos.

La industria bancaria y financiera en Chile es, después de las rentas que genera la explotación de materias primas, la que presenta mayores utilidades en el país. Sólo el Holding Grupo Santander, durante el primer trimestre de 2008, obtuvo ganancias superiores a los $ 200 mil millones de pesos (400 millones de dólares). Dentro de los objetivos de los miles de empleados organizados en la Confederación –los cuales muestran salarios tan bajos y tan duras condiciones laborales como las del conjunto de los trabajadores chilenos- se han puesto como meta, a mediano plazo, lograr negociar por área económica, tal cual ocurre en países como España.



Andrés Figueroa Cornejo
Miembro del Polo de Trabajador@s por el Socialismo

Junio de 2008

96% de trabajadores de BANEFE del grupo santander aprueban huelga



Luego de protestas masivas en las mismas puertas de la casa matriz del Banco Santander durante las últimas semanas; haber logrado instalar una mesa de negociación entre los trabajadores del Sindicato de Trabajadores de Banefe Multinegocios –brazo del holding Santander- y la gerencia de la empresa; y obtener una negativa rotunda a sus demandas, los empleados, principalmente mujeres, de Banefe, el martes 24 y miércoles 25 de junio votaron la huelga casi por un 100 % de los asociados.
Los funcionarios bancarios, cuya labor central corresponde a ser fuerza de venta de la empresa, tienen un sueldo base de $ 53 mil pesos (100 dólares) y un promedio de rentas de $ 180 mil pesos (340 dólares). Hay trabajadores que, luego de los descuentos, ostentan liquidaciones de $ 118 pesos (menos de un cuarto de dólar).
El Sindicato de Banefe, perteneciente a la Federación de Sindicatos del Grupo Santander y a la Confederación de Sindicatos Bancarios de Chile, reivindica asignaciones de colación, movilización y jardín infantil; un sueldo base de $ 200 mil pesos (400 dólares); y un bono de fin de negociación de $ 2 millones de pesos (4 mil dólares).

“Comenzó el camino justo de demandar los derechos que nos corresponden”

Jacqueline Valenzuela es la Presidenta del Sindicato de Trabajadores de Banefe Multinegocios. Es una mujer joven y de ánimo resuelto. Sobre el proceso de negociación y huelga aseguró que “los empleados tienen una tremenda voluntad de lucha para obtener sus derechos. Su estado de ánimo no puede ser mejor.”
Por su parte, el Presidente de la Federación de Sindicatos del Grupo Santander en Chile, Claudio Nicoli, hizo una alta valoración de la aprobación absolutamente mayoritaria de la huelga, señalando que “con esta votación los trabajadores han demostrado una gran unidad en torno a mejorar su calidad de vida. Los empleados están diciendo que las condiciones en las que se desempeñan ya no pueden continuar. La votación de la huelga ha funcionado como una voz unitaria del conjunto de los funcionarios del grupo Santander y abre grandes posibilidades respecto de que el conjunto de los trabajadores del holding empiecen a exigir también sus derechos.” En cuanto a la información y la solidaridad a nivel nacional e internacional, Nicoli enfatizó que “ya estamos trabajando en los comunicados, tanto para los empleados en Chile y las organizaciones sindicales del grupo en el mundo, como para las gerencias corporativas de la empresa. Todos deben saber que aquí en Chile comenzó el camino justo de demandar los derechos que nos corresponden, y esperamos que en otros países también lo hagan”.

¿Cómo le va al Grupo Santander España en Chile?
En 2007, el Grupo Banco Santander España rentó en Chile $ 308.646,6 millones de pesos (más de 600 millones de dólares). En el ranking de utilidades de todas las empresas del país, sólo estuvo bajo las ganancias obtenidas por la industria del cobre y la celulosa, principales sectores productivos chilenos. Sólo en el período enero-marzo de 2008, los resultados del Grupo Santander, en términos de rentabilidad, alcanzaron la friolera de $206.343,3 millones de pesos (más de 400 millones de dólares). Esta vez, la empresa únicamente estuvo bajo las utilidades de la producción cuprífera. A nivel planetario, es uno de las corporaciones financieras que se encuentra dentro de las 5 que mayores ganancias obtienen.

Andrés Figueroa Cornejo
Miembro del Polo de Trabajador@s por el Socialismo
Junio de 2008

jueves, 26 de junio de 2008

Chile: Trabajadores Bancarios inaguran temporada de lucha




23 sindicatos bancarios y financieros constela la Confederación de Trabajadores Bancarios de Chile -única multisindical del sector- que enfrenta en estos días un conjunto de negociaciones colectivas. A pocas semanas de haber realizado su X Congreso -donde más de 50 delegados de todo el país concluyeron luchar por estrechar las enormes brechas salariales de la industria financiera, demandar participación en las altísimas utilidades de la banca, y reivindicar el aumento de los montos de los sueldos base y variable, entre otros puntos-, los trabajadores, férreamente cohesionados, ahora encaran una serie de convenios colectivos, en un marco de posibles huelgas debido a las inflexibles posiciones empresariales.

Banefe
Luego de presentar la propuesta de contrato colectivo, recibiendo sólo repetidas negativas a sus demandas básicas, los trabajadores de Banefe Multinegocios, parte del Holding Santander (la industria financiera que renta más utilidades en Chile, Iberoamérica, y está en el quinto lugar en el ranking planetario) votarán la huelga el martes y miércoles, 24 y 25 de junio respectivamente.
Los empleados bancarios, cuyo salario base es de $ 53 mil pesos (100 dólares), y, como fuerza de venta en tiempos de contracción crediticia, obtienen un promedio de $ 180 mil pesos (340 dólares), en su petitorio reivindican derecho a colación, movilización, sala cuna, un bono de fin de conflicto de $ 2 millones de pesos (4 mil dólares), y un sueldo base de $ 200 mil pesos (400 dólares). De votarse positivamente la huelga por los más de 600 socios del Sindicato, podrían solicitarse 5 días hábiles para los “buenos oficios”, y de resultar insatisfactoria la última oferta del empleador, los funcionarios podrían hacer efectiva la huelga a partir del 2 de julio.

Banco Internacional
El 19 de junio, el Sindicato de Trabajadores del Banco Internacional, presentó su propuesta de contrato colectivo a la empresa. En ella, los empleados demandan un aumento del sueldo base entre un 10 % y un 15 %; un bono de incentivo por antigüedad cuyo valor fluctúa entre los $ 200 mil pesos y un millón de pesos; un 0,75 UF ($ 15 mil pesos, aproximadamente) de viático para los trabajadores que deban viajar a sucursales fuera de Santiago; una asignación de caja mensual de 2,67 UF (alrededor de $ 50 mil pesos); una gratificación mensual a todo el personal de un 25 % sobre su sueldo base; una gratificación anual no inferior al 30 % de las utilidades que obtenga la empresa según señala el artículo 47 del Código del Trabajo; asignación de zona para los funcionarios que se emplean de Antofagasta al norte y desde Concepción al sur, de un 30 % sobre su sueldo base; bono de vacaciones entre $ 300 mil y $ 600 mil pesos; aguinaldos de fiestas patrias, navidad; sala cuna, movilización; y un bono de fin de negociación de un millón de pesos, entre otros beneficios menores. Alrededor del 7 de julio comienzan las tratativas entre los trabajadores y la empresa.

Evasa Banco Condell
Por su parte, los empleados del Sindicato Nacional de Trabajadores de Empresas EVASA Banco Condell, hicieron entrega a la administración de la propuesta de contrato colectivo el pasado 16 de junio. El documento de los funcionarios reivindica una gratificación de un 25 % mensual sobre el sueldo base; reajustabilidad trimestral del salario según el IPC; asignaciones de colación, movilización, y antigüedad (desde los tres años) de $ 300 mil pesos; aguinaldos de fiestas patrias, navidad, natalidad, matrimonio, escolaridad y sala cuna; permisos sindicales; vestuario; un bono compensatorio por trabajador de $ 2 millones de pesos por desmedro económico ante las políticas de créditos y metas de la empresa; y un bono de término de negociación de $ 2 millones de pesos.

La industria bancaria y financiera en Chile es, después de las rentas que genera la explotación de materias primas, la que presenta mayores utilidades en el país. Sólo el Holding Grupo Santander, durante el primer trimestre de 2008, obtuvo ganancias superiores a los $ 200 mil millones de pesos (400 millones de dólares). Dentro de los objetivos de los miles de empleados organizados en la Confederación –los cuales muestran salarios tan bajos y tan duras condiciones laborales como las del conjunto de los trabajadores chilenos- se han puesto como meta, a mediano plazo, lograr negociar por área económica, tal cual ocurre en países como España.



Andrés Figueroa Cornejo
Miembro del Polo de Trabajador@s por el Socialismo

Junio de 2008

lunes, 23 de junio de 2008

Chile: que la educación sea de propiedad social y administración estatal


Finlandia se ha convertido en el modelo de país que en el plano educacional, tiene, acaso, la mejor enseñanza del planeta. Allí, la educación de propiedad privada no representa más de un 4 %, y el gasto estatal para el área corresponde a un 7 % de su Producto Interno Bruto. En Chile, por el contrario, la educación de propiedad privada y privada subvencionada ya alcanza la mitad del sistema escolar (y continúa su crecimiento), y el Fisco sólo invierte en ella un 4,2 % del PIB.

A escala mundial, la educación privada oscila entre un 10 % y un 15 %. En Irlanda, la enseñanza privada raya en el 1 %, y en Italia es de un 7 % la primaria y de un 4,6 % la secundaria. En los países denominados “en desarrollo”, producto del desmantelamiento estatal y la imposición a rajatabla del recetario neoliberal –que entre otros principios, impone desde sus instituciones internacionales, el FMI, el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio, la privatización absoluta de los derechos sociales fundamentales-, ha propiciado el avance de la enseñanza de propiedad privada hasta un 30 %. En Brasil, la educación no universitaria de matrícula privada no excede el 11 %; en México llega a un 12 %; y en Perú al 17 %. Chile supera con creces esas cifras. Es el extremo de la liberalización de la enseñanza, con los pobres resultados por todos conocidos.

No es casualidad, sino más bien un efecto concreto y premeditado, que desde los 70 y 80 del siglo pasado, en el contexto infame de las dictaduras antipopulares en Latinoamérica, y en Chile en particular, se haya adoptado una política de enseñanza descentralizada, municipalizada, y donde casi la mitad del gasto de la educación del país fue traspasado a las familias de los escolares. La dictadura pinochetista de refundación capitalista -laboratorio ideal para la ultra derecha anglosajona- creó condiciones inmejorables para que la resistencia popular a la privatización educacional haya sido extraordinariamente insuficiente ante la jibarización de la propiedad social, resumida en el Estado hasta entonces, y la destrucción de la antigua, decorosa y prestigiosa educación pública chilena. Luego de la decapitación del movimiento de los trabajadores y el pueblo y sus destacamentos políticos desde el 11 de septiembre mismo de 1973, la resistencia al régimen del General Pinochet resultó heroica, pero puramente testimonial, hasta el reinició de un nuevo ciclo de luchas sociales a comienzos de los 80. La municipalización en Chile era la antesala al proyecto neoliberal ortodoxo de privatizar toda la enseñanza. Las protestas populares en ascenso lograron contener parcialmente ese objetivo. Sin embargo, las administraciones civiles de la Concertación, en vez de hacer efectivas sus promesas programáticas al respecto, simplemente consolidaron y profundizaron la tendencia a la privatización y la subvención escolar en desmedro estructural de la enseñanza de propiedad pública. El resultado transitorio de este proceso provocó, no sólo una educación altamente segmentada socialmente (de clases), sino que propició las condiciones para el estallido del movimiento estudiantil en 2006, y su nueva madrugada en la actualidad; y la intención cosmética de modificar adjetivamente la Ley Orgánica Constitucional de Educación (LOCE) por la Ley General de Enseñanza (LGE), la cual será aprobada en el senado el próximo 27 de junio. Ella consagra el actual estado de cosas, esto es, la educación privada subvencionada, el colegio conducido bajo paradigmas estrictamente empresariales, y, en el mejor de los casos, parte de su articulado jurídico apuesta a la transparentación de los gastos, malla curricular y resultados académicos del territorio privado de la enseñanza. Sin embargo, el lucro se mantiene en tanto el sostenedor o propietario del establecimiento escolar tenga como giro único de ganancias la educación. El papel mojado de la LGE termina por pulverizarse, toda vez que Chile, hace mucho tiempo, cuenta con un sinnúmero de argucias y garantías legales que permiten, de manera formalmente indirecta (a través de familiares y amigos, por ejemplo), obtener utilidades empresariales para los sostenedores en rubros distintos que la educación, sin que su nombre tenga que aparecer en la documentación oficial. Por eso la derecha se queja sólo teatralmente (aparentando una falsa contradicción con la ley “nueva” pactada con la Concertación”), mientras el mundo social ligado a la escolaridad sale a las calles.

Más allá de la discusión sobre la descentralización estatal de la educación y sus efectos, vale acentuar hoy, que la contradicción esencial se sintetiza en la existencia de una educación pública con enormes requerimientos económicos y pedagógicos (los cuales en muchos aspectos, van de la mano) y una educación privada subvencionada o no, que tiende a hegemonizar el sistema escolar chileno, ilustrando pavorosamente la osificación y perpetuación de una educación de clases. Hasta ahora, la consigna predominante entre los estudiantes de liceos y universidades, y de los profesores ha sido “No al Lucro. A fortalecer la Educación Pública”. Sin embargo, el eslogan resulta todavía muy lateral, oblicuo, apunta, en general, al problema, pero no construye proposición objetiva, concreta, palpable, altamente comprensible para las grandes mayorías. Cuando en otra demanda histórica de los trabajadores y el pueblo se dice “A renacionalizar el cobre”, queda absolutamente claro para el conjunto de la sociedad el objetivo que se persigue (es decir, la consigna en este caso, facilita y comprime cognitivamente el mensaje político de fondo, lo cual provoca una alta conformidad pública, de acuerdo a algunas encuestas). Por eso resulta imperioso para los sectores anticapitalistas, para los progresistas y los intereses de los trabajadores y el pueblo, por lo menos aventurar dos líneas prácticas en la caminata estratégica de reconstruir y reconquistar, a la luz de la realidad trágica de la enseñanza tal como se presenta en la hora actual, una educación pública potente e incuestionable. Una de ellas está asociada a clarificar, simplificar, descifrar llanamente los objetivos nucleares de la protesta contra la LOCE y la LGE. En este sentido, es más acertado resumir la demanda popular en volver a convertir a la educación en propiedad social administrada y financiada por el Estado, contra la educación privada subvencionada. Si bien aristas del problema vinculados a la descentralización de la enseñanza (que no tienen que ver con la propiedad del derecho reivindicado), abre debates urgentes sobre el financiamiento necesario, la formación inicial docente, el horizonte de sentido de la educación, su traducción en la malla curricular y su relación genética con un proyecto de país y de mundo distinto al dominante, al menos sienta las bases materiales para impulsar el debate social amplio y democrático que requiere semejante labor. Y por otro lado, está suficientemente probado que la lucha por una educación de propiedad social y administración estatal, lejos escapa al puro ámbito de los estudiantes, los profesores y los apoderados. La exitosa concentración de 15 mil personas en las cercanías del Congreso Nacional en Valparaíso, en términos relativos, es auspiciosa, pero como expresión de fuerzas resulta todavía muy insuficiente (en Chile hay alrededor de 140 mil profesores y más de 3 millones de escolares). Los actores sociales en movimiento son aún una fracción del motor de pueblo en lucha necesario para abrigar posibilidades de imponer desde abajo la demanda clave, y sólo pertenecen al ámbito inmediato de la enseñanza. La educación en un tema de país que recorre el pasado, la actualidad y el porvenir de todo el pueblo. Si la demanda, en su composición de fuerzas impulsoras, se acota, se “especializa”, se encapsula únicamente en los actores involucrados en el fetiche de la parte por sobre el conjunto, difícilmente se obtendrá lo que se persigue, por muy justa y razonable que sea la demanda. En este caso, la incorporación de los trabajadores, organizados y no organizados, es la tarea capilar de los estudiantes y los profesores. La lucha por la recuperación de la enseñanza como propiedad social administrada por el Estado, y el término de la escolaridad privada subvencionada (¿Qué importa que subsista el histórico 10 % de educación particular-particular, si el 90 % es mañana educación pública corregida, debatida y convenida en sus sentidos por el complejo social, y financiada prioritariamente por el Estado?) es ética y políticamente, un combate masivo, amplio, ancho, del conjunto de los trabajadores y el pueblo. ¿Qué persona, mujer, hombre, trabajador@, joven podría estar fundadamente contra esta lucha y contra estos contenidos? Si en el primer mundo entre un 85 % a un 90 % de la educación es propiedad del Estado, ¿Quién sino un sostenedor privado o un fanático de la liberalización irracional e injusta de los derechos sociales elementales podría oponerse a la demanda por la educación pública? Está claro que lo anterior es parte del prólogo de un derrotero largo, y que su sola mención hace estallar los intereses de clase más primigenios de la minoría en el poder. ¿Pero tenemos otra alternativa, si uno de los eslabones más débiles visibles para las grandes mayorías en un modelo fundado en la desigualdad abyecta comienza hacer crisis por el ámbito educacional?

Andrés Figueroa Cornejo
Miembro del Polo de Trabajador@s por el Socialismo
Junio 23 de 2008

viernes, 20 de junio de 2008

Chile: el presidente de la CUT debe renunciar



1. La canción es muy sencilla. El Presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, Arturo Martínez, ratificó el 16 de junio el precio del salario mínimo impuesto, decidido y basculado por los tecnócratas del bloque en el poder, es decir, el Ministro de Hacienda, el del Trabajo y los patrones organizados en la Confederación de la Producción y el Comercio. Así, la cifra miserable quedó en $ 159 mil pesos mensuales (300 dólares). Estaba en $ 144 mil pesos. Rápidamente, 24 horas después de colocarse el monto preestablecido por arriba, el parlamento lo aprobó en tiempo récord. La nomenclatura de la Iglesia Católica propuso hace algún tiempo un “salario mínimo ético” de $ 250 mil pesos mensuales, pero la patronal suele ofender hasta los intermediarios de Dios cuando contravienen sus intereses.

2. Arturo Martínez, sin preguntarle a nadie, propuso 3 mil pesos más (6 dólares), pero no siempre se gana. Como futbolista teatralmente derrotado, a la salida de las supuestas negociaciones, el socialista que dirige la CUT e integró la misma lista en las elecciones internas del Partido Socialista que ganó Camilo Escalona otra vez (puntal de la Presidenta Bachelet ), manifestó “que hizo lo mejor que pudo”. Sin embargo, los millones de trabajadores afectados duramente por los números del salario mínimo no sonrieron comprensivamente. Menos sus hijos.

3. En el Chile actual, producto de la desaceleración económica mundial, el alza de los alimentos y la energía (petróleo y gas), la destrucción de los derechos sociales elementales (la educación, la salud, la previsión social y la vivienda), la inflación galopante, el trabajo precario y tercerizado, y la especulación del capital, la vida vale tan cara que el 80 % de la población (según el propio gobierno) está obligado a endeudarse para llegar a fin de mes. De acuerdo a investigaciones independientes, aproximadamente, el 30 % de los asalariados y asalariadas del país recibe el monto del sueldo mínimo como renta mensual. Son 300 dólares en una economía donde el kilo de pan cuesta 2 dólares (y es el alimento esencial de la mayoría), el kilo de arroz 2 dólares, un kilo y medio de leche en polvo 14 dólares, el kilo de tallarines 1 dólar, 100 gramos de café 4 dólares, un arriendo habitacional familiar mensual promedio casi 200 dólares, y el transporte público promedio por persona al día dos dólares. Como, primero la dictadura militar de refundación capitalista, y luego los gobiernos civiles de la Concertación , han privatizado tanto los derechos sociales, como la antigua propiedad social, el salario (fetiche de la desgracia popular) que perciben los trabajadores es el único medio para sanarse, educarse, alimentarse, transportarse, pernoctar, calentarse en el invierno y sobrevivir, en general, en el Chile de 2008. Los programas sociales del gobierno resultan absolutamente simbólicos, acotados e insuficientes. La pequeña y mediana empresa –donde se desempeña un alto porcentaje de asalariados- no tiene mercado propio, se destruye ante sus limitaciones crediticias y la reevaluación vertical del peso, y está obligada a vender sus productos al precio dictado por las grandes corporaciones comerciales y cadenas de supermercados, de propiedad monopólica y giros jurídicos multiplicados hasta el infinito para traba ejemplar de la sindicalización con alguna capacidad de negociación.

4. La Central Unitaria de Trabajadores, que hasta el golpe de Estado de 1973 se llamaba Central Única de Trabajadores y aglutinaba a más de un 30 % de la fuerza laboral chilena, hoy, con Arturo Martínez a la cabeza, contiene un número penoso del ínfimo porcentaje de sindicalización chileno (es decir, la CUT congrega a una fracción del poco más del 10 % de trabajadores asociados a un sindicato, donde sólo un 7 % tiene capacidad legal para negociar colectivamente). Como Martínez es un disciplinado militante de un partido de gobierno, se ha convertido en un inmejorable pacificador social, mediador de conflictos laborales (árbitro funcional de la patronal), y extensión de las políticas antipopulares del Ministerio del Trabajo y Hacienda. El hombre balbucea demagógicamente cada 1 de mayo a nombre de los asalariados, y en los hechos, legitima la desigualdad sin nombre de la sociedad chilena.

5. Ciertamente, las condiciones salariales y laborales de los trabajadores y trabajadoras del país no variarán una partícula hasta que no aumente sustantivamente el tonelaje orgánico y político de la clase desheredada, es decir, hasta que no se provoque el proceso complejo de liquidación significativa de la alienación y el miedo que impone la patronal desde las fábricas, oficinas y el Estado. Los trabajadores han dado muestras de mayor convicción y voluntad de pelea –al menos económica- en los primeros años del siglo XXI que en la década muerta de los 90. Sin embargo, todavía es absolutamente insuficiente para establecer un nuevo ciclo de lucha de clases explícito, masivo, de alta frecuencia, y en clave jugada por la independencia política y un proyecto de país anticapitalista. Ello es indiscutible. Pero algo totalmente distinto es, desde la presidencia de la multisindical más importante del país, rubricar las cifras de un salario mínimo infame, sin siquiera intentar movilizar la fuerza hasta ahora acumulada. Si es sabido que el monto del sueldo mínimo es producto de un acuerdo por arriba y a la derecha entre Hacienda y la patronal, ¿Por qué validarlo con la firma de la CUT ? ¿No resultaría infinitamente más digno y políticamente coherente con los intereses de los trabajadores, deslegitimar la negociación de los poderosos, golpeando la mesa y denunciando de cara a las mayorías nacionales la imposición brutal del capital y su minoría beneficiaria?
Aquí la canción es sencilla. Por decoro, por honor, por coherencia básica, porque la CUT no es ningún trampolín para ser parte de la próxima planilla de candidatos a diputado, porque la sobrevida de las grandes mayorías no merecen la escasez de ética elemental expresada; porque la memoria de tantos militantes sociales se honra en la lucha y no en la subordinación; porque las condiciones económicas, sociales y políticas atentan cotidianamente contra los intereses de los más, de los que mueven auténticamente y producen, en todos los ámbitos, la riqueza pésimamente distribuida en Chile, el Presidente de la multisindical, Arturo Martínez, debe renunciar. Pero no solamente por razones axiológicas, sentimentales o de pura mala gestión, sino, sobre todo, porque la presencia, estilo y contenidos de conducción de los asalariados organizados y no organizados en manos de un “representante” de esta naturaleza, confunden, obstruyen, disciplinan para bien de los de arriba, reproducen las condiciones de injusticia material del Chile actual, y postergan, una vez más, la recomposición de la clase asalariada sobre sus objetivos estratégicos y demandas políticas y económicas históricas.

Andrés Figueroa Cornejo
Miembro del Polo de Trabajador@s por el Socialismo

Junio 18 de 2008

Chile: Trabajadores de banefe del holding santander otra vez a la carga

Se aproxima la huelga


En un nuevo capítulo de movilización sindical, los trabajadores y trabajadoras de Banefe -empresa asociada al multimillonario holding del Grupo Santander España- junto a la Confederación de Trabajadores Bancarios y a la Federación de Sindicatos del Grupo Santander, se apostaron durante dos horas en la casa matriz de la institución financiera, en pleno centro capitalino, para protestar por la nula respuesta de la empresa a sus demandas.

Luego de la manifestación realizada por los empleados de Banefe el 5 de junio pasado para lograr establecer una mesa de negociaciones, el lunes 16 de junio se constituyó la primera reunión de Negociación Colectiva entre los funcionarios y los representantes empresariales.

Los trabajadores y trabajadoras de una de las fuerzas de venta más importantes del Grupo Santander ganan un salario de $ 53 mil pesos (100 dólares) más comisiones, en un contexto de alta contracción crediticia, lo que, en la práctica, produce que los empleados obtengan remuneraciones promedio de $ 180 mil pesos (240 dólares, cuando el kilo de pan está a 2 dólares, al igual que la media diaria en el gasto de transporte).

La Presidenta del Sindicato de Trabajadores de Banefe Multinegocios, Jackeline Herrera Calderón, señaló que están reivindicando “un salario base de $ 200 mil pesos (400 dólares), dinero para locomoción y colación, y un bono de fin de conflicto de $ 2 millones de pesos por funcionario.” Sin embargo, durante la primera cita con la contraparte, la empresa negó la posibilidad de acceder al petitorio, arguyendo que “no hay fondos”.

En 2007, el Grupo Banco Santander España rentó en Chile $ 308.646,6 millones de pesos (más de 600 millones de dólares). En el ranking de utilidades de todas las empresas del país, sólo estuvo bajo las ganancias obtenidas por la industria del cobre y la celulosa, principales sectores productivos chilenos. Los resultados del Grupo Santander en el período enero-marzo de 2008, en términos de rentabilidad, alcanzó la cifra sideral de $ 206.343,3 millones de pesos (más de 400 millones de dólares). Esta vez sólo fue superado por la industria cuprífera. Asimismo, el Grupo Santander, en la actualidad, ocupa el quinto lugar mundial de las corporaciones bancarias con mayores utilidades.

La próxima reunión entre los trabajadores y la administración empresarial se realizará el miércoles 18 de junio y la última, el viernes 20 de junio. Ya la siguiente semana, dependiendo de la oferta final de la mandante, los empleados podrían votar la huelga legal.



Andrés Figueroa Cornejo
Miembro del Polo de Trabajador@s por el Socialismo

Junio 17 de 2008

lunes, 16 de junio de 2008

Parte de gratitud amorosa al periodista Hernán Barahona


PARTE DE GRATITUD AMOROSA AL PERIODISTA HERNÁN BARAHONA

Que estamos fabricados de tiempo y agua, grano, incertidumbre, elección de sentido, determinación, época y relámpago.

Que Hernán Barahona, hombre y comunista, periodista y hombre y comunista, hombre, chileno y militante del pueblo, arriesgó desde temprano el pellejo y la salud para bien de los de abajo y maldición de los poderosos.

Que no sólo rescató las últimas palabras de Salvador Allende emitidas por Radio Magallanes en la madrugada del horror, a la hora del desastre anunciado. También resistió oculto en un entretecho, luego se atrincheró en la Checoslovaquia de los 70 del siglo pasado, y secretamente colaboró en la fundación radial clandestina del salvadoreño Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, antes del empate catastrófico, cuando allí la esperanza olía a pólvora popular.

Que Hernán era culpógeno, comía menos que un pájaro, que sus conversaciones no tenían fin, se alargaban por días, se trenzaban dialécticamente entre el sol y la luna y el sol.

Que dirigió con generosidad extraña la radio Nuevo Mundo, escribió en los panfletos del pueblo, acuñó su voz como un martillo limpio en el corazón de los pobres.

Que su Partido Comunista y su Allende y su Gladys Marín le coordinaban el relato, le atesoraban las ganas, le apuntalaban el empeño.

Que tuvo tantos dolores de muerte, tormentas y espuma sangrienta, pero siempre las mantuvo imperceptibles para los demás, ahogándolas apenas con el cigarrillo infame, compañía y desgracia.

Que Hernán pagó siempre las rondas y la última jamás existió, y así fue formador de luchadores, periodistas, hombres y mujeres para la comunicación de los de abajo y orientación de los desheredados.

Que fue tenaz, incesante, amigo impenitente y mano plena, y de este modo se abandonó y se extendió más allá de sí mismo, mil veces roto por apremios internos, mil veces desplomado y vuelto a construirse. Tanto partió de cero que el humor se le hizo fuerte y negro como el vino profundo.

Que aunque teníamos distancias políticas, críticas sin remedio, y silencios tácticos, nos encontramos en la unidad del pueblo y la izquierda. Y con esos abismos –que desde lejos son motas invisibles- me dejó decir a mí y a tantos libremente en la radio que dirigía, y que el editorial se fuera al carajo mientras campeara la inteligencia, la izquierda reunida, el enemigo bien puesto en la mira, es decir, el patrón, la burguesía y su imperio.

Que entre tantos ires y venires, ratos de noche y kilómetros de luz, tuvo la fortuna de tener a su lado una mujer y una hija y un hijo, justo en la esquina crucial de su enfermedad definitiva.

Que aprendí mucho más de periodismo y coherencia política cuando estuve abrigado por su sombra calurosa que en todas las salas muertas de la universidad, y ante la retórica grandilocuente y vacía de tanto titán invertido de la izquierda chilena y su precio conveniente en el reverso de las declaraciones.

Y que Hernán, entre las muchas advertencias y verdades profesionales que nos sopló durante tandas de pocos y pobres auspiciadores, una en especial afirmaba que en la radio hay que ser reiterativo porque la palabra dicha se esfuma con velocidad asombrosa. Nada más, entonces, ofrecerte las gracias, Hernán, y repetir contigo, venceremos, venceremos, venceremos.

Andrés Figueroa Cornejo

Santiago de Chile, junio 15 de 2008

jueves, 12 de junio de 2008

Chile: salario mínimo: las cifras de la miseria y el desempeño del sobreendeudamiento

1. El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) –organismo dependiente del gobierno central-, de acuerdo a su último informe emitido hace una semana, correspondiente a abril de 2007, indica que el quintil (20 %) más pobre de la población chilena tiene un ingreso mensual para una familia de 4 personas de $ 177, 041 pesos (310 dólares aprox.), pero gasta $ 303,518 pesos (600 dólares). El segundo quintil ingresa $ 312,414 pesos (poco más de 600 dólares), pero gasta $ 404.145 pesos (800 dólares). El tercer quintil obtiene un ingreso mensual de $ 453,065 pesos (900 dólares), pero gasta $ 514,225 pesos (más de 1,000 dólares). El cuarto quintil promedia un ingreso de $ 670,587 pesos (menos de 1,400 dólares), pero gasta $ 697,997 (1,400 dólares). Y el quinto quintil, es decir, el 20 % de los chilenos que está en la cumbre de la pirámide social, ingresa como promedio $ 1,681,182 pesos (más de 3,000 dólares), y gasta $ 1,489,154 (menos de 3,000 dólares); es decir, es el único 20 % de la sociedad que cuenta con cierta capacidad de ahorro. Los datos revelan con claridad dramática los niveles de endeudamiento estructural que la gran mayoría de las familias del país debe asumir para sobrevivir. Últimamente, la banca, emulando a los países centrales, ha comenzado a limitar los créditos “de alto riesgo” (en todos sus niveles) como medida precautoria ante una eventual debacle provocada por la morosidad y el no pago de las deudas contraídas por empresas y personas. Las cifras oficializadas por el INE sólo dan cuenta de abril de 2007. Pero únicamente en agosto del año pasado comenzaron a vivirse los primeros temblores de la crisis subprime originada en el corazón de Usamérica, y pocos meses después, la crisis del alza alimentaria a nivel planetario que se agregó a la del precio del petróleo (que Chile debe importar casi en su totalidad) producto de la especulación financiera, los agrocombustibles y el cambio climático. Sólo meses después de que el INE entregó los números apuntados arriba, se produjo la desaceleración económica, el drama de la energía, el aumento disparado de los cereales, los lácteos y las verduras, y la inflación galopante que, a mayo de 2008, bordea el 9 %, golpeando con especial crudeza la economía de los trabajadores y los pobres.

2. Entre el quintil 1 y el 4 se encuentra el 80 % de los chilenos. Sólo un 20 % de la población pertenece a la fracción social con menudas posibilidades de ahorro y acceso a los mejores bienes y servicios ofrecidos por el mercado. Ese mismo quintil privilegiado participa en más de un 50 % del ingreso total. Menos de la mitad del ingreso se distribuye hacia abajo, entre los cuatro quintiles mayoritarios.

3. El 20 % más pobre de los hogares chilenos gasta $ 110,873 mensuales (poco más de 200 dólares) en alimentos y bebidas; $ 19,488 pesos (40 dólares) en vestuario y calzado; $ 45,156 pesos (casi 100 dólares) en vivienda; $ 19,248 pesos (40 dólares) en muebles y cuidados de la casa; $ 10,069 pesos (20 dólares) en gastos de salud; $ 46,913 pesos (90 dólares) en transporte y comunicaciones; $ 10,634 pesos (20 dólares) en recreación y esparcimiento; $ 14,123 pesos (casi 30 dólares) en enseñanza; y $ 27,013 pesos (alrededor de 50 dólares) en otros bienes y servicios. En el otro extremo, el 20 % de los hogares con mayores ingresos gasta $ 219,212 pesos (más de 400 dólares) en alimentos y bebidas; $ 70,726 pesos (130 dólares) en vestuario y calzado; $ 221,451 pesos (más de 400 dólares) en vivienda; $ 131,970 pesos (260 dólares) en muebles y cuidado de la casa; $ 85,931 pesos (más de 150 dólares) en salud; $ 381,325 pesos (casi 800 dólares) en transporte y comunicaciones; $ 66,645 pesos (140 dólares) en recreación y esparcimiento; $ 95,851 pesos (casi 200 dólares) en enseñanza; y $ 216,043 (más de 400 dólares) en otros bienes y servicios.

4. En estos días el gobierno de Bachelet, discute a puerta cerrada con un grupo de dirigentes sindicales de la funcional Central Unitaria de Trabajadores (CUT) el salario mínimo, precio del trabajo que percibe alrededor de un 30 % de los asalariados. Sin embargo, tras los formalismos, el precio del salario mínimo es materia negociada y concluida entre el Ministerio de Hacienda y la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC, multigremial de la patronal en Chile), cuyos paradigmas de fijación de los valores de la remuneración mínima responden exclusivamente a sus intereses de clase. En este sentido, y de manera pavorosamente clásica, el Estado reproduce su contenido burgués en todas sus dimensiones y quehaceres. Los impotentes representantes de la peregrina nomenclatura de la CUT, con el camarada de partido político de la Presidenta Bachelet, el socialista Arturo Martínez a la cabeza, hacen pantomimas de negociación, muecas fotográficas y reuniones de utilería.

5. Los de arriba dicen emplear para el cálculo del reajuste del salario mínimo, entre otras variables, el crecimiento económico, el cual ha sufrido una importante desaceleración producto de la crisis cíclica del capital (crisis inmobiliaria usamericana) y la crisis estructural (especulación del precio del petróleo y de los alimentos). Sin embargo, en los hechos, las limitaciones del propio capital nunca han obrado de manera realmente positiva en las rentas de los trabajadores en los últimos 35 años. Durante la década de los 90 del siglo pasado, las tasas de crecimiento de Chile superaron el 7 %, lo cual fue a engordar los bolsillos del gran capital y ni con la teoría del “chorreo” o “rebalse” se vieron beneficiados los trabajadores. En la actualidad, el cobre, la banca, la industria celulosa y las grandes tiendas comerciales obtienen utilidades históricas, pero mantienen a los asalariados de esas áreas bajo la expoliación del subcontratismo, la precariedad del empleo y salarios que no guardan relación alguna con la ganancia de las empresas.

6. El bloque en el poder (concertacionista, aliancista, empresarial), muy suelto de cuerpo, argumenta que un aumento real del salario mínimo dañaría a la pequeña y mediana empresa que da trabajo a alrededor del 70 % de la fuerza laboral chilena. Lo que callan convenientemente, es que las PYMES al permanecer condenadas a un patrón de acumulación capitalista cuya matriz estratégica ordenadora responde a los intereses absolutos del gran capital, jamás fueron posibilitadas de construir mercados propios. De esta manera, las pequeñas y medianas empresas –víctimas de créditos esquivos, insuficientes y sin horizontes de desarrollo- están obligadas a vender sus productos a los precios impuestos monopólicamente por las grandes corporaciones y cadenas comerciales, que en su tranco voraz, destruyen micro industrias y empleo. A ello se suma el impacto perverso de los Tratados de Libre Comercio, cuya formulación asimétrica y desigual respecto de las economías más desarrolladas, liquida a diario pequeñas empresas producto de las desregulaciones de importaciones y nula protección a las PYMES. Como si fuera poco, la revaluación del peso, efecto de la caída vertical del dólar, vuelve incompetentes las exportaciones chilenas y facilita el ingreso masivo de importaciones a precios sin competencia local.

7. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la estimación del salario mínimo debe construirse de acuerdo “a las necesidades de los trabajadores y de sus familias habida cuenta del nivel general de salarios del país, del costo de la vida, de las prestaciones de seguridad social y del nivel relativo de otros grupos sociales.” Sin embargo, la dirección de la Central Unitaria de Trabajadores, dice negociar un salario mínimo de $ 160,000 pesos (230 dólares) estos días, toda vez, que la cifra permanece extraordinariamente distante de los requerimientos elementales de una familia, incluso bajo el nivel de la pobreza, según las propias coordenadas gubernamentales. Asimismo, Arturo Martínez, Presidente de la CUT, propone un reajuste que llegue a $ 180,000 pesos (240 dólares) el 2010, en base a proyecciones inflacionarias. Si el 20 % más pobre de los chilenos obtiene un ingreso (ni siquiera una renta, la cual es parte del ingreso) para una familia de 4 personas de $ 177,041 pesos, pero gasta, a punta de sobreendeudamiento, $ 303,518 pesos mensuales hoy, las cifras de la CUT están a años luz de resolver el tema del consumo para la sobrevivencia de los más castigados por el modelo. Según diversos analistas, la discusión y relevancia del salario mínimo deberían atenuarse o perder importancia a través de los procesos de negociación colectiva de los trabajadores. No obstante, producto, en gran medida, de las políticas antipopulares y de desmantelamiento de las organizaciones de los trabajadores desde los albores de los gobiernos civiles postdictadura, sólo un 7 % de la fuerza laboral chilena está facultada de manera legal para negociar colectivamente. El 93 % de los más de 6 y medio millones de asalariados, no. Lo anterior, considerando además, que las negociaciones colectivas, por sí solas, no garantizan en los hechos mejoramientos sustantivos de renta y mejoramiento de condiciones de trabajo producto de un Código Laboral completamente descompensado a favor del capital y la patronal, que incluso auspicia el reemplazo de trabajadores en tiempos de huelga. Como si fuera poco, el salario mínimo, y el fetiche de la remuneración en general, se convierte en la única vía para enfrentar el creciente costo de la vida, en un marco -impuesto militarmente primero por la dictadura pinochetista y luego continuada y perfeccionada por los gobiernos de la Concertación- donde los derechos sociales ligados a la salud, la educación, la previsión social y la vivienda, meridianamente garantizados por la existencia de un parcial Estado de Bienestar hasta 1973, han sido privatizados a lo largo de las últimas tres décadas. De este modo, el salario se ha transformado en el instrumento material exclusivo para determinar la calidad de vida de los chilenos, en uno de los países con la peor distribución del ingreso y la riqueza en el planeta. Ni todos los programas sociales agregados por la Concertación han abreviado la brecha sideral entre la minoría dueña de todo, y las grandes mayorías que sólo cuentan con su fuerza de trabajo para subsistir.

8. Los números del salario mínimo ilustran inmejorablemente la plataforma económica y el sostén político e ideológico dominante en Chile. Tal cual como está la CUT –apéndice triste del gobierno-, los sectores, agrupaciones, sindicatos, federaciones, y trabajadores no organizados demandan la construcción de una refundación del movimiento de los asalariados en clave anticapitalista y de independencia política de los intereses de la clase que produce la riqueza en la sociedad. La conducción domesticada de la actual CUT sólo perpetúa las condiciones de la pobreza de los trabajadores, y replica afinadamente la estrategia del gran capital en Chile. Entre la lucha y la condescendencia amaestrada, más allá del estado de las fuerzas atomizadas de los trabajadores (cuyas causas serán materia de otro artículo), los padres de la clase asalariada –Luis Emilio Recabarren y Clotario Blest- siempre optarían por la lucha. Larga tarea y proceso duro queda para los trabajadores que con honestidad, pero todavía desatados, persiguen con claridad la promoción de los intereses de los de abajo. Al respecto, nuevamente, la unidad, la disciplina mínima, la generosidad, el desalojo de cierta vocación de minoría de algunos, son las bases nucleares para la reconstitución de un sindicalismo a la altura de los requerimientos históricos de las grandes mayorías. De lo contrario, la agonía del modelo estructuralmente desigual de los poderosos, se prolonga dolorosamente y gana tiempo precioso para su reordenamiento y reproducción tutelar.

Andrés Figueroa Cornejo
Miembro del Polo de Trabajador@s por el Socialismo
Junio de 2008

lunes, 9 de junio de 2008

Chile: la tragedia de la educaciòn de clases y la cosmètica de BACHELLET




En el emblemático frontis de la Casa Central de la Universidad de Chile, casi al frente del Palacio de La Moneda, a metros del Ministerio de Defensa, en el centro de la avenida más importante del país, y en el corazón político y público de una nación de 16 millones de habitantes, por algunas horas, se mantuvo enarbolada la bandera chilena, hasta que tuvo que ser retirada, por fuerza de ley y mano policial, debido a que en vez de la estrella solitaria del emblema, los estudiantes de la principal casa de estudios superiores del país, pusieron allí un signo peso ($). Es apenas una acción simbólica de protesta ante el intento por consagrar a través de la llamada Ley General de Educación, un sistema de enseñanza impuesto en dictadura, que ahora quiere remozar la Concertación por presión de la movilización multitudinaria de los estudiantes secundarios el 2006 y por las protestas en curso de jóvenes y profesores. La LGE, en resumen, sacraliza las desigualdades estructurales del modelo educacional del país fundado en la competencia y la ganancia, y hace trizas el mito burgués de la enseñanza como vía de movilidad social. No es extraño, en absoluto, que en un país donde se inauguró el recetario neoliberal a nivel mundial y hoy es la economía más abierta y, por tanto, más dependiente de los movimientos del capital a nivel planetario, la sociedad de clases construida (a esta hora, casi estamental) haya convertido los derechos sociales ligados a la salud, la previsión social y la educación en pura mercancía, fetiche de los infortunios populares y núcleo de los privilegios de la minoría que manda.

En la madrugada de los 80, bajo plena dictadura militar de refundación capitalista, se dictó la nueva Ley General de Universidades que, básicamente, liberalizó la oferta de educación superior en Chile, permitiendo que las universidades privadas impartieran carreras que estaban reservadas a las, entonces, universidades públicas. La Universidad de Chile –alma mater de la excelencia académica y la promoción de profesionales de inmejorable nivel desde 1852-, fue reorganizada por el pinochetismo. Sus sedes regionales fueron atomizadas respecto de su sede metropolitana y transformadas en universidades locales. En la actualidad, ellas forman parte de las denominadas 24 “universidades tradicionales”. La universidades “públicas” continúan contando con aportes directos del Estado, pero son proporcionalmente menores que en los años 60 y 70. Debido a ello, las universidades tradicionales dejaron de ser gratuitas y fueron obligadas al autofinanciamiento, lo que, en general, ha dañado la producción de conocimientos, el ejercicio de la extensión académica, y ha impuesto en los hechos, lógicas de rentabilidad en todos sus niveles, absolutamente reñidas con los objetivos asociados al desarrollo integral del país y la búsqueda de nuevos saberes. Bajo este paradigma, las universidades tradicionales son el reverso del carácter ontológico inaugural de la universidad en la historia de la humanidad y en Chile.

Asimismo, en 1980 comenzó el proceso de municipalización de la educación preescolar, básica y media, bajo la ilusión de los beneficios de la descentralización administrativa del sistema, pero sobre la verdad de dar los primeros pasos hacia la privatización absoluta de la enseñanza escolar en Chile. En rigor, se pasó de un Estado Docente, fundado en una democracia burguesa de carácter desarrollista y de alto intervencionismo estatal, a un Estado Subsidiario que impuso por la fuerza del monopolio de las armas la neoliberalización de la enseñanza, y su nueva situación en tanto contenedora de una renovada naturaleza mercantil y normada por las leyes irracionales del mercado.

A la fecha, los resultados de la municipalización de la enseñanza corresponden a una de las debilidades estructurales del Estado desmantelado. En concreto, sólo la mitad del sistema permanece administrado por la municipalidades y recibe magros recursos estatales (alrededor de $ 30 mil pesos mensuales por alumno (60 dólares)), mientras más del 40 % de la matrícula pertenece al sector particular subvencionado por el Estado, y alrededor de un 10 % es totalmente privado (en este sector se invierte por alumno un promedio de $ 150 mil pesos (300 dólares)). Dejando a un lado las observaciones fundadamente críticas respecto de las pruebas estandarizadas a las cuales son sometidos permanentemente los niños y jóvenes de todo el sistema escolar, ellas revelan las relaciones de desigualdad de clases que se reproducen de manera geométrica en el complejo educacional. Las escuelas y liceos municipalizados, y gran parte de los particulares subvencionados (donde los padres deben costear un segmento del gasto educativo de sus hijos) ponen a este territorio de la enseñanza muy por debajo de los niveles, tanto del Continente, como del mundo. Por su parte, la educación privada continúa campeando en todas las pruebas, pese a que, en términos comparativos, sus resultados son menores que el de los establecimientos privados del resto del mundo.

El prestigioso intelectual y doctor en Economía de la Educación, Juan Casassus, respecto de la manida y sobreusada etiqueta descontextualizada de “calidad” de la enseñanza muy en boga en el Chile actual, señala que “el concepto de calidad –que es un concepto propio del mundo de la economía y no de la educación- surge a inicios de los 80, precisamente durante los gobiernos más deseosos del control centralizado y conservadores de USA (Reagan) y del Reino Unido (Tatcher). Bajo estos gobiernos fue cuando se configuraron las ideas de contar con contenidos mínimos (core currículo), se iniciaron las instalaciones de los sistemas nacionales de evaluación y se pusieron estándares por doquier. Es sorprendente notar cómo la lógica empresarial se ha introducido –subrepticiamente- en el pensamiento colectivo acerca de la educación. De manera gruesa, y sin matices, podemos decir que la lógica empresarial es la de la empresa que se encuentra en competencia con otras empresas en un cierto rubro y que su leitmotiv es hacer un buen negocio. ¿En qué compiten? En la colocación de sus productos. La idea es que el producto sea percibido por los consumidores como siendo de mejor calidad que los otros, o que su producto sea de calidad comparable, pero de menor costo de producción. En síntesis; mercadeo y homogeneización de procesos. Esto funciona en un contexto de libre empresa, con baja regulación estatal, gestión y de mercados abiertos. (…) En los últimos 25 a 30 años ha ocurrido un giro ideológico con respecto a la educación: se ha instalado un ethos empresarial, en un área que tenía un ethos humanista. (…) (Esta vuelta de tuerca) ha contribuido a aumentar el individualismo, el egoísmo, la desigualdad, la rivalidad, la desconfianza, el desmembramiento del tejido social, el consumismo, la alienación, las adicciones, la tristeza y la violencia. (…) La idea es que la privatización produce competencia y la competencia produce calidad. (Pero) Según las mediciones, la calidad no ha mejorado, y la privatización ha generado desigualdad en las escuelas. Más del 50 % de la matrícula está en el sector privado. En los países con buena educación, las escuelas privadas casi no existen.”

Los gobiernos de la Concertación se han concentrado en la cobertura escolar –especialmente castigada durante la dictadura militar- y la “reforma educacional”, propiciada como estrategia conductora del ámbito a lo largo de los casi 20 años de gobiernos concertacionistas. De este modo, ha parido la Jornada Escolar Completa (JEC) y la creación de infraestructura ante la pudrición literal de los antiguos establecimientos escolares. Sin embargo, más allá de las apariencias, desde el bloque en el poder administrado transitoriamente por la Concertación, en los hechos, tanto el aumento de cobertura, como la JEC, persiguen la proletarización de la marginalidad social infantil y juvenil (calificación mínima necesaria para que el ejército de pobres que atosigan los recintos escolares “entiendan órdenes básicas”, y se subordinen de mejor manera a los requerimientos de la explotación capitalista en la actual fase, sin que ello signifique, necesariamente, un mejoramiento auténtico en las condiciones de pobreza de origen; sino sólo el aumento de la oferta laboral que impulsa los salarios a la baja). Asimismo, la JEC, busca mantener a los escolares alejados de sus familias –consideradas de alto riesgo social- el mayor tiempo posible, no importando el tipo de actividades o de no actividades que realicen en los establecimientos escolares. El objetivo es mantener acuartelados a los estudiantes, lejos de familias “peligrosas”, con poquísima instrucción, asociadas al trabajo informal y obligadas a la delincuencia por la miseria y la ignorancia. Así, la escuela y el liceo funcionan ortopédica y profilácticamente ante un entorno de pobreza, para mejor disciplinamiento y control de los futuros trabajadores peor pagados por el sistema. Los educadores son sólo peones que vehiculan y reproducen las referencias simbólicas matrices de la clase dominante, y se encuentran entrampados en demandas salariales sin fin y en el contrasentido de procurar instruir –algunos a educar- a más de 40 alumnos por curso, cuando las recomendaciones mundiales hablan de 20 estudiantes por curso si se busca, en efecto, mejorar la enseñanza. Sin embargo, como las escuelas y liceos operan como guarderías ligadas a “factores de protección ambiental”, los maestros deben cumplir roles pedagógicos, psicológicos, de asistencia social, policiales y otros más distantes todavía de la docencia. Pero no importa; en el sistema escolar municipal financiado por el Estado y en gran parte del privado subvencionado, ya no existe gran diferencia entre la gendarmería y el ejercicio de la enseñanza. Sin embargo, los niños siempre retornan a su casa y, como reos, deben volver al día siguiente a la escuela. Como estímulo perverso para los docentes, en esta dimensión, los profesores son pagados de acuerdo a la asistencia de los alumnos, y no de acuerdo a sus buenas clases –aunque reciben bonos simbólicos si pasan con excelencia la llamada Evaluación Docente, medición inscrita en la estrategia global de la ideología burguesa que produce la desigualdad educativa en Chile-. Mientras tanto, las pruebas nacionales e internacionales a las cuales son sometidos los estudiantes, invariablemente, repiten los resultados de la enseñanza de la sociedad de clases: la minoría privilegiada obtiene los mejores puntajes, y la mayoría pobre, los peores. ¿Qué se obtiene con pesar una y otra vez a la criatura si no se le alimenta y simplemente se sostiene su desnutrición?

La Ley General de Educación (LGE) que pretende, formalmente, superar o readecuar contextualmente la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza -última imposición jurídica del pinochetismo antes del comienzo de los gobiernos civiles post dictadura- fue gatillada inicialmente por la multitudinaria movilización de los escolares de Chile y la favorable opinión pública que lograron construir el 2006. No obstante, y como suele ocurrir y obrar en tiempos de democracia burguesa u oligarca, la Presidenta Bachelet aniquiló el movimiento juvenil, desnaturalizando sus objetivos mediante la instalación de un Consejo Asesor Presidencial para la Calidad de la Educación, de carácter meramente consultivo y sugerente. En abril de 2007, el Ejecutivo presentó el Proyecto de Ley que establece la Ley General de Educación. En síntesis, el ordenamiento jurídico consagra la educación privada subvencionada, apurando mayores requisitos para montar establecimientos en manos de particulares, y transparentando la información de sus resultados, contenidos curriculares, y objetivos educacionales. El Proyecto, que en esa fecha fue firmado por la después desaforada ex Ministra de Educación, Yasna Provoste –debido a la mala entrega de recursos fiscales a establecimientos subvencionados (!)- afirma que la administración particular de las escuelas y liceos subvencionados no debe tener fines de lucro. Lo anterior se reduce a que, los sostenedores, entre cuyos requisitos está contar con 10 millones de pesos (20 mil dólares) e infraestructura “adecuada”, no podrá lucrar en negocios distintos al giro educacional, y deberá transparentar e informar sus cuentas. Para ello, el proyecto de ley –aplaudido por la derecha política y duramente criticado por los escolares, universitarios y profesores- contempla la eventual creación de una Superintendencia de Educación con fines fiscalizadores. En su conjunto, el cuerpo legal fija como paradigma dominante, la mantención de la educación privada subvencionada sólo que, en teoría, más supervisada ante las cifras extraordinarias de ganancia e incluso alta concentración de la propiedad de la administración escolar, sin resultados “positivos” de acuerdo a los criterios del propio modelo. De esta manera, el sistema educativo ajusta su estrategia privatizadora, aminorando la opacidad estructural de la llamada “libertad de enseñanza”. El resto del proyecto únicamente legaliza en un todo conquistas de la propia sociedad en orden a prohibir la discriminación o expulsión escolar de muchachas embarazadas, jóvenes homosexuales, y la ratificación curricular de contenidos asociados al cuidado del medio ambiente y la tolerancia. Sin embargo, como reina de manera hegemónica la enseñanza privada subvencionada, es decir, la tabla de hierro de la ganancia en el mundo de la enseñanza, la ley es papel mojado, fraseología democratista, articulado de buenas intenciones, y simple perfeccionamiento de la matriz educacional inaugurada por el pinochetismo y la refundación capitalista en el país. El Proyecto tanto actualiza jurídicamente las nuevas maneras de reproducir la vieja y clasista visión de los intereses de los poderosos, que en los últimos días, junto con los estudiantes y profesores en la calle, un grupo de parlamentarios ha levantado una serie de indicaciones al proyecto que, de acogerse, la derecha histórica ha amenazado (a la boliviana) con no votar la LGE, argumentando que Bachelet “no hace honor a la palabra empeñada”. En este sentido, la derecha histórica se refiere al acuerdo firmado ya entre la Presidenta y ese sector para aprobar un cuerpo legal que deja las cosas intactas, salvo la posible “transparentación” del negocio educativo. Nada más vale decir que en el mundo, en un porcentaje absolutamente mayoritario (por ejemplo, en USA, en un 80 %) la educación es estatal. Los gobiernos de la Concertación, más papistas que el Papa, aplican a rajatabla los manuales de diseños educativos probadamente fracasados y provenientes de la ultra liberal más ortodoxa y antipopular.

En el 2006, cientos de miles de escolares abarrotaron las calles de las principales ciudades de Chile, exigiendo una mejor educación, testimoniando las injusticias y desigualdades ominosas de la enseñanza de una sociedad de clases. El 2008, comienza nuevamente el movimiento, con la participación parcial y absolutamente insuficiente del profesorado, encapsulado en demandas economicistas y gestos menudos, cuando lo que se precisa es de una verdadera gesta del conjunto de los trabajadores y el pueblo para contrarrestar el poder de quienes formularon y reproducen una educación que condena a los niños y jóvenes a un futuro gris y sin posibilidades. Otra vez la Central Unitaria de Trabajadores brilla por su ausencia, mientras los escolares y universitarios no logran por sí mismos, dibujar hegemónicamente el horizonte de una enseñanza de nuevo tipo. El pueblo observa con simpatía la lucha estudiantil, aporta con una moneda en el tacho que los estudiantes emplean para sostener sus movilizaciones y paros. Sin embargo, ni la simpatía, ni la solidaridad simbólica, construyen la fuerza necesaria para plantear las demandas de fondo que requiere la transformación de la enseñanza en el país, esto es, la desmunicipalización de la educación, la mayor dotación de recursos, el fin de la educación privada subvencionada y el cambio de paradigma impuesto por las instituciones patronales locales y mundiales para beneficio de sus intereses. Mientras las muchachas y muchachos chilenos dan lecciones de dignidad y claridad en sus objetivos, el conjunto de la sociedad se mantiene embotada, inactiva, como si el problema no involucrara las fibras cardinales que causan la tragedia cotidiana, probada una y mil veces, de la consagración de una educación para ricos bajo la dinámica del capital y la ganancia, contra una enseñanza necesaria, fundada en un proyecto de desarrollo para bien de las grandes mayorías, lejos del lucro y más cerca de la felicidad y emancipación humanas.

Andrés Figueroa Cornejo
Miembro del Polo de Trabajador@s por el Socialismo
Junio de 2008

Chile: Masiva protesta de trabjadores de empresa BANEFE, parte del multimillonario HOLDING SANTANDER


· Empleados demandan mejoramiento de salarios de miseria, y distribución de parte de las utilidades de la empresa.


En 2007, el Grupo Banco Santander España rentó en Chile $ 308.646,6 millones de pesos (más de 600 millones de dólares). En el ranking de utilidades de todas las empresas del país, sólo estuvo bajo las ganancias obtenidas por la industria del cobre y la celulosa, principales sectores productivos chilenos. Los resultados del Grupo Santander en el período enero-marzo de 2008, en términos de rentabilidad, alcanzó la friolera de $ 206.343,3 millones de pesos (más de 400 millones de dólares). Esta vez, únicamente estuvo bajo las utilidades de la producción cuprífera. A nivel mundial, es uno de las corporaciones financieras que se encuentra dentro de las 10 que mayores ganancias obtienen.
Una de las ramas del Holding Santander en Chile es Banefe, fuerza de venta de instrumentos crediticios que emplea a 1200 trabajadores a nivel nacional, principalmente mujeres. Alrededor de 400 de las empleadas y empleados, provenientes de la Región metropolitana, V y VI regiones, el jueves 5 de junio al mediodía, se concentraron en las puertas de la casa matriz del Banco Santander, en el centro de Santiago, a dos calles del Palacio de La Moneda , para protestar masivamente por los ínfimos salarios que obtienen por su trabajo, por el mejoramiento de sus condiciones de trabajo y contra las prácticas antisindicales que usualmente emplea la gerencia contra los trabajadores.
La Presidenta del Sindicato de Trabajadores de Banefe Multinegocios, Jackeline Herrera Calderón, que agrupa a más de 800 personas, denunció que la empresa “paga un sueldo base de $ 53 mil pesos (100 dólares), y el resto son comisiones que no alcanzan para vivir. Un trabajador promedio de la fuerza de ventas obtiene un promedio de $ 180 mil pesos (poco más de 300 dólares, unos pesos sobre el salario mínimo legal).”
La dirigente indicó que, pese a que a espaldas de los empleados se trató de imponer un convenio colectivo, recientemente han logrado presentar el proyecto de convenio legal donde demandan un salario mínimo de $ 200 mil pesos, “y bonos de colación y movilización que no tenemos y que es lo mínimo que deberían darnos para cumplir adecuadamente nuestra labor.”
Mientras los cientos de trabajadores, acompañados de funcionarios y dirigentes de otros bancos, luego de estar apostados 2 horas en la entrada de la principal sucursal del Banco Santander, marcharon por el centro de la Capital para explicar a los transeúntes las causas de la movilización, el Presidente de la Federación de Sindicatos del Grupo Santander, Claudio Nicoli, explicó que “el conjunto de los empleados de la empresa, en su totalidad, debido a las multimillonarias utilidades que ha obtenido el holding, estamos acompañando a nuestras compañeras y compañeros en sus más que justas reivindicaciones, y además demandamos un bono de $ 2 millones de pesos (alrededor de 4 mil dólares) para todos los trabajadores, lo que corresponde a un porcentaje mínimo de las ganancias siderales de la industria.”
Con un megáfono en la mano, y ante un concurrido público que se acercó a solidarizar con los trabajadores, el Secretario General de la Confederación de Sindicatos Bancarios de Chile –única multisindical del área-, Luis Mesina, enfatizó que “aquí los trabajadores buscan ejercitar un derecho fundamental de las relaciones laborales, cual es, el derecho a la negociación colectiva que no se ha podido ejercitar durante muchos años, dado que el banco, mediante diversas estrategias, como la simulación, ha usado para evitar sentarse a la mesa con los empleados. De esta manera, la administración pretende burlar la repartición de parte de las ganancias que la empresa viene acaudalando desde hace 10 años. Hoy día estamos en la calle, exigiendo que se respeten a las organizaciones sindicales. En la actualidad, las empresas del Grupo Santander no pueden negociar de manera colectiva e integral con la empresa matriz, lo que nos resulta una falta de respeto enorme. De este modo, no nos queda más alternativa que la movilización para abrir camino al mejoramiento de la calidad de vida de todos los funcionarios del Grupo Santander. Aquí uno de los temas centrales está asociado a una distribución más justa del ingreso, toda vez que las inequidades al interior de la empresa son siderales, pese a las ganancias extraordinarias que ilustran sus rentas, producto del trabajo de los empleados.”

Andrés Figueroa Cornejo
Miembro del Polo de Trabajador@s por el Socialismo

Junio 5 de 2008