Andrés Figueroa Cornejo
Uno.
El viejo truco
de anunciar ajustes económicos antipopulares inmediatamente después de las
elecciones presidenciales todavía funciona en Argentina. El empleo de esa
triquiñuela cobra sentido en una nación que ha sido gobernada históricamente de
manera vertical, sin participación ciudadana salvo por el recurso de la fuerza
ante la sordera del mando. Los gobiernos de turno –y el actual al parecer, no
quiere ser distinto- en el territorio de Maradona y Perón, el paternalismo y,
por tanto, la desconfianza en los trabajadores y el pueblo es la relación
predominante de los de arriba. ¿Qué encierra ello? Un miedo severo de clase
que, en consecuencia, justifica el ejercicio alienante de intentar
infantilizar políticamente a las grandes mayorías. Por eso desde el Ejecutivo y
la oposición tradicional se apela sistemáticamente a un populismo que procura
fortalecer que la historia la hacen ‘los personajes’ mediante frecuentes
puestas en escena y la reproducción simbólica de la autoridad unidimensional
como “salvador” o “demonio”. La práctica en cuestión facilita el éxito parcial y
a corto plazo del populismo; esa
emotividad edulcorada para aplicar medidas de alto impacto, y los guiños
frecuentes, descafeinados, sin contexto ni proyecto, y vaciados de contenido
hasta del Che Guevara, independientemente de la simpatía o no que se tenga por
su legado.
Dos.
Pese a reunir
más de 200 mil firmas en menos de 10 días contra el alza de un 127 % del
transporte subterráneo en la Ciudad de Buenos Aires, los trabajadores de ese
medio y las organizaciones sociales y políticas que condenan el aumento del
pasaje, la justicia, en primera instancia, desdeñó tanto los recursos legales
para detenerlo, como las firmas de los usuarios. La medida adoptada por el
gobernador de Buenos Aires, el ultraliberal Mauricio Macri, tuvo su origen en
el retiro de un 50 % del subsidio estatal al subterráneo metropolitano. De esa
manera, el gobierno nacional busca dañar la figura de uno de los más bullados
precandidatos a las próximas presidenciales. Si Macri es coherente con el
programa de los hijos de la Escuela de Chicago, en el 2013, cuando se
acabe incluso el subsidio del 50 % fiscal, el incremento de los viajes podría,
al menos, duplicarse. En este sentido, la ciudadanía no hará diferencia entre Macri
y el Ejecutivo nacional. Lo que se destruye, tanto con la argucia palaciega, como
con el comportamiento esperable de Macri es la credibilidad de la gente en los
‘políticos y partidos profesionales’. Pero como los de arriba consideran a los
trabajadores y sus familias ‘seres incompletos’, ‘adolescentes’, clientela y objeto,
hasta ahora, hacen vista gorda e imponen simplemente. La manera en que un
individuo, un grupo de interés o una clase observa al que considera un otro- subordinado (para disciplinar, castigar
o ‘edificarle’), revela justamente la frontera de sus propias habilidades
políticas y cognitivas. Y la subestimación del otro no es una categoría moral.
Es bélica.
Tres.
El crecimiento
de Argentina se funda sobre el precio en las grandes bolsas financieras del mundo
de la primarizada explotación agrominera (commodities, cuya parte de soya y granos está a la baja producto
del declive de la demanda y la sequía en los campos); la dependencia de
sus exportaciones a Brasil, Europa y China; y los ahorros previsionales
estatizados de los asalariados. Conocido el panorama mundial, y en particular, la intensificación de la crisis del
capital desde el centro hacia su entorno el 2012, el país se encuentra
ante un ciclo de contracción económica, caracterizado por el agotamiento del
superávit fiscal, la fuga de capitales e inversiones dolarizadas, una de las
mayores inflaciones del planeta y la precarización del trabajo.
Como las
últimas administraciones no renacionalizaron el capital financiero ni las
principales industrias privatizadas durante los años del menemismo; tampoco
reindustrializaron nacionalmente ni elevaron de modo sustantivo el importe a
las utilidades del capital y al abuso del suelo, entonces ahora, con cierta
desesperación ambiental, mediante leyes y solicitudes a los dueños de casi
todo, buscan controlar su política cambiaria a través de la compra y ahorro de
divisas y a costa del recorte de las iniciativas subsidiarias y populistas que,
como un todo, golpean a la mayoría argentina.
Según la
Encuesta Permanente de Hogares del desacreditado Instituto Nacional de
Estadísticas y Censos (INDEC, intervenido desde el 2007) del tercer trimestre
de 2011, casi un 28 % de habitantes vive con $ 27 pesos diarios (US$ 6), y la
mitad de esas personas sobrevive con $ 18 pesos al día (US$ 4). Es verdad, la
sal cuesta menos de $ 2 pesos. Pero el kilo de manteca, $ 35 pesos. El calzado
en una tienda cualquiera no baja de los $ 180 pesos y un kilo de pollo vale $ 10
pesos. Ni hablar de vestuario, artículos informáticos, tecnología, recreación y
de la enorme especulación inmobiliaria en un país donde escasean 3 millones de viviendas,
cifra que suma y sigue diariamente. Y para el organismo gubernamental, una
familia de 4 personas no es pobre si cuenta con más de $ 45 pesos al día (US$
10). De acuerdo al informe, de los 17 millones de ocupados del país, casi 12
millones obtienen un ingreso menor a $ 2.300 pesos al mes (US$ 535). Y de los
ocupados, por lo bajo, el 35 % trabaja informalmente, sin derechos laborales ni
seguridad social (el Observatorio Social de la Universidad Católica de Argentina
arroja que, en realidad, más de un 50 % de la fuerza de trabajo está ‘en negro’).
Como toda
sociedad capitalista ‘de verdad’, los números del INDEC dicen que la
concentración de la riqueza y las desigualdades sociales tienen su primavera.
El 20 % más empobrecido de la población percibe el 4,2 % del
excedente socialmente producido, y el 20 % más rico se queda casi con la mitad
del total. Naturalmente que al ir acortando los porcentajes extremos, las
diferencias de concentración versus miseria se disparan con mayor violencia.
La deuda
pública externa (según guarismos de septiembre de 2011) supera los US$ 230 mil
millones, si se considera que el gobierno cancela a sus acreedores externos acudiendo a nuevos préstamos, pero esta vez salidos
de entidades nativas y que corresponden a puro trabajo argentino acumulado sin
mediaciones, como el Banco Central y la Administración Nacional de la Seguridad
Social (ANSeS) que administra los ahorros previsionales y jubilatorios de los asalariados. La administración argentina paga afuera, creando deuda adentro. Es decir, se está frente a una colosal y genuina deuda ‘nacional y popular’.
Debido a
la inflación, el venidero aumento del transporte (entre otros factores, por el
sobreprecio coludido del oligopolio petrolero privado) y el incremento próximo
de los servicios básicos debido a la retirada de subsidios a las industrias
asociadas (que como queda demostrado, jamás fue una solución de mediano aliento
siquiera), hasta las dirigencias de las centrales sindicales que votaron a la
actual Presidenta (como la Central de Trabajadores de Argentina que lidera Hugo
Yasky) anunciaron que no lucharán por un reajuste salarial inferior al 25 % durante
las negociaciones que se desarrollarán en el primer tercio de 2012, toda vez que
el gobierno central ha dictado más o menos claramente que la demanda salarial sólo
debe bordear el 18 %. De este modo, muchos dirigentes sociales se explican bien
la aprobación de la impopular Ley Antiterrorista impacientemente propugnada por
el Ejecutivo, y sus consecuencias contra el movimiento de los trabajadores y el
pueblo.
Desde arriba, ya
existe la precautoria cubierta jurídica
ante el temor de un período explícito de lucha de clases. Desde abajo, comienza
a organizarse con celeridad la indignación frente al empeoramiento general de la
vida.
Enero 17 de 2012
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