Chile. Ante la lucha por la tarifa social del transporte público, Piñera impone estado de emergencia

Andrés Figueroa Cornejo  

Piñera aplica restricción de libertades cívicas por movilizaciones sociales: prohibido reunirse y los militares a la calle

Al igual que en dictadura, por cadena nacional, con el fin de disciplinar, atemorizar y reprimir impunemente, y con la excusa de incidentes repetidamente televisados, el presidente Sebastián Piñera para ahogar el descontento social por la alza arbitraria del pasaje del Metro, decretó estado de emergencia en la Región Metropolitana. El general Javier Iturriaga quedó como «jefe de la seguridad nacional» y será responsable de Santiago durante 15 días. El estado de emergencia prohíbe la libertad de reunión pública, de movilización, el derecho a protestar, y permite a los militares a cumplir funciones de la policía.

Todavía no termina de secarse la ropa del autor del presente texto, luego de ser bañado junto a tantos por los carros lanza aguas de las Fuerzas Especiales de Carabineros que arrojan una mezcla líquida de toxinas lacrimógenas e irritantes de origen desconocido, cuando aún resuenan las cacerolas y los gritos en contra del mal gobierno en innumerables comunas de la Región Metropolitana.

Esta vez no sólo se trata de escolares, de secundarios o de la resistencia del pueblo nación mapuche. La protesta frente al alza del pasaje del Metro S.A. de Santiago inició apenas la semana que este viernes 18 de octubre termina, y con velocidad lumínica alcanzó una masividad no vista desde las protestas contra la dictadura. No confundir la masividad aquí mencionada con los niveles de violencia organizada de los años en que el tirano todavía gobernaba. El salto de calidad de la lucha social alcanzado por la cantidad de sujetos sociales en ella integrados tiene de desobediencia pacífica popular y ciudadana.

La causa inmediata del despertar de la población santiaguina fue la segunda alza consecutiva del año de uno de los pasajes más caros del mundo de transporte colectivo subterráneo o Metro. Ello impulsó a los jóvenes estudiantes escolares a realizar «evasiones masivas» en ese medio de transporte. Esto es, saltar los torniquetes de entrada a los andenes del Metro. La práctica se generalizó velozmente y entonces las estaciones se convirtieron en cuarteles y comisarías policiales.

Al respecto, el Presidente del Sindicato de Trabajadores del Metro, Eric Campos, señaló que, «El problema es el alza del pasaje. Compartimos absolutamente la legitimidad de la demanda en contra del alza de los pasajes del Transantiago. Nos parece que es el momento que el gobierno saque a los carabineros de las estaciones y ponga en una mesa a los trabajadores y a los estudiantes a conversar.»

Sobre el protagonismo original de los escolares, el dirigente indicó que, «las sucesivas alzas del pasaje en estos últimos dos años responden a los caprichos de la ministra Hutt (Transporte), en la medida en que compra buses eléctricos y no licita con las nuevas bases del Transantiago, el pasaje se encarece y esos caprichos los están pagando los padres y las madres de esos estudiantes, que hoy con mucha razón se manifiestan porque ven que sus salarios no alcanzan», y añadió que, «de los $810 (1,2 dólares) que los trabajadores pagan en el Metro, la empresa no recibe más de $490, la diferencia del alza va a financiar el fracasado plan de transporte Transantiago, ahora mal llamado Red Movilidad».

El Transantiago corresponde a un servicio de buses de transporte colectivo de propiedad privada creado bajo el gobierno del socialista Ricardo Lagos Escobar a comienzos del siglo XXI, y que ha sufrido una serie de transformaciones e incluso ha estelarizado escándalos financieros. Cuando un usuario paga un pasaje del Metro, al mismo tiempo está cubriendo los gastos que comporta la pésima gestión del Transantiago.

Sobre el precio del pasaje del Metro, el sindicalista propuso establecer una «tarifa social accesible». Campos dijo que, «no puede ser que la tarifa que se cobra a los usuarios de Santiago alcance el 15% de un salario mínimo líquido. Se requiere que los millonarios subsidios que se ponen en el Transantiago impacten en la tarifa. Los ciudadanos de Santiago pagan doblemente la tarifa, la pagan desde su bolsillo y la pagan a través de los subsidios».

Frente a esto agregó que «Nosotros sin temor creemos que llegó el momento del debate de la estatización del transporte público».

Lo cierto es que el alza del pasaje del Metro ha funcionado como un verdadero catalizador y gatillante del descontento social ante el conjunto de derechos sociales y humanos inexistentes en Chile. A diferencia de la «imagen país» que el marketing ultra liberal pretende instalar entre los inversionistas del extractivismo y los negocios financieros, la sociedad chilena cuenta con promedios salariales que no le permiten llegar a fin de mes, fenómeno que vuelve la deuda doméstica en una tragedia de infinitas cuotas. Por lo demás, con el objetivo de mantener y aumentar la tasa de ganancias de los grandes oligopolios y monopolios que operan en Chile, se ha incrementado explosivamente el empleo informal, así como los accidentes y enfermedades asociadas a las malas condiciones laborales y de sueldos. Por eso, este 18 de octubre, la Alameda, arteria principal de la capital del país andino, junto al no pago masivo del Metro, ha sido escenario de protestas donde la represión del Estado policial chileno ha enseñado su dentadura fascistoide, resultado del proceso de militarización de Carabineros, inaugurado en los 80 del siglo pasado y perfeccionado durante los gobiernos civiles.

Heridos graves con balas del armas de servicio de la policía, balines, apaleados, detenidos, presos, aún se cuentan en tanto no acaba la jornada de manifestaciones.

Al igual que en dictadura, por cadena nacional, con el fin de disciplinar, atemorizar y reprimir impunemente, y con la excusa de incidentes repetidamente televisados, el presidente Sebastián Piñera para ahogar el descontento social por la alza arbitraria del pasaje del Metro, decretó estado de emergencia en la Región Metropolitana. El general Javier Iturriaga quedó como «jefe de la seguridad nacional» y será responsable de Santiago durante 15 días. El estado de emergencia prohíbe la libertad de reunión pública, de movilización, el derecho a protestar, y permite a los militares a cumplir funciones de la policía.

Sin dudas, el cuestionamiento de la gobernanza política de un país que hasta ayer nada más parecía una taza de leche, impactará negativamente en el precio del cobre, otras materias primas, bonos del Estado y paquetes financieros ligados a los fondos jubilatorios del privado sistema de AFP, que se cotizan en bolsas internacionales; a la vez que las calificadoras de riesgo, terror de la tecnocracia liberal en el poder, podrían degradar la ‘confiabilidad’ del país para eventuales inversionistas.