miércoles, 24 de septiembre de 2014

La lucha de la Universidad ARCIS en Chile: Un síntoma de la crisis de la educación de mercado

Andrés Figueroa Cornejo  



Con 10 estudiantes detenidos y violentamente golpeados por agentes de las fuerzas especiales de carabineros, terminó la marcha entre la sede de la privada Universidad de Arte y Ciencias Sociales, ARCIS, ubicada en la calle Libertad 53 en la comuna de Santiago y el Ministerio de Educación situado a metros del Palacio de La Moneda. Hasta el cierre de este artículo urgente, el joven Leandro Torchio, estudiante de Filosofía de ARCIS, esperaba la decisión del fiscal  por el cargo de “maltrato a obra de carabineros”, toda vez que el castigado físicamente por la policía fue el muchacho. 

Producto de la profunda crisis que atraviesa la institución de estudios superiores desde hace varios meses (http://www.rebelion.org/noticia.php?id=189179), la comunidad organizada triestamentalmente (académicos, trabajadores y estudiantes) resolvió realizar una nueva caminata que reunió a medio millar de personas este martes 23 de septiembre de 2014, con el fin de exigir al gobierno una respuesta ante la incertidumbre que recorre a toda la entidad.

No obstante, ya en el Ministerio de Educación, los representantes de la comunidad ARCIS sólo recibieron como respuesta que el conflicto “es un asunto entre privados”, y ni siquiera les fue agendada alguna reunión futura.

CRÍTICA FUNDADA A LA REFORMA EDUCACIONAL EN DEBATE

En una declaración pública dirigida tanto a las autoridades gubernamentales de enseñanza, como a la opinión pública chilena, la comunidad organizada de ARCIS indica que su crisis es “expresada de manera grave y visible en el permanente retraso de los pagos de los sueldos a trabajadores y académicos (…) que se viene produciendo desde enero del presente año”.

Asimismo, la declaración anota que “La crisis que atraviesa la universidad dejó de ser un simple problema de irregularidad en el flujo de los recursos y se ha transformado en un problema de carácter estructural, al constatarse que los créditos con aval del Estado y los demás ingresos financieros no logran cubrir los gastos esenciales de la institución (…), todo lo cual significa que está en juego la viabilidad económica de nuestra universidad en el corto plazo.”

Apuntando al fondo del problema, la comunidad ARCIS plantea que ”la situación por la cual atraviesa nuestra universidad es la manifestación de la crisis que vive el modelo de mercado en educación superior y constituye un síntoma de un problema mayor frente al cual aún no existen soluciones reales. La existencia de universidades privadas está basada en el cobro de las familias, y por tanto, en la idea de una educación como bien de consumo; se sustenta además en el endeudamiento de las familias y en la bancarización del sistema, por lo que finalmente representa  un negocio basado en relaciones de mercado, que no contempla variables éticas, sociales o culturales.”

Las fuerzas universitarias en acción consideran que “es el Estado quien debe hacerse cargo de los agudos problemas que vive la educación superior privada e intervenir con un enfoque público y sentido de proyecto en las situaciones de crisis. (…) El Estado debe aprovechar la oportunidad que otorga la crisis para ampliar su acción en la educación superior y extender el sistema público.”

En términos del debate y tramitación de la reforma educacional en el Congreso, la comunidad ARCIS cree que “el proyecto de ley de administración provisoria, tal como fue presentado, no responde al llamado “cambio de paradigma” del que ha hablado el ministro de Educación y más bien mantiene la lógica de mercado al no permitir la expansión pública del sistema, limitándose a sanear a las instituciones (en caso de no cerrarlas)  y devolverlas al mercado. Nos interesa, en definitiva, no la defensa corporativa ni la mantención de intereses privados en educación superior, sino la construcción de un sistema nacional de educación pública en el que nuestra universidad sea partícipe.”

TRASCENCIDOS

De acuerdo a fuentes ligadas a la repartición financiera de la corporación dueña de la universidad ARCIS, el déficit económico alcanzaría casi los USD3 millones, además de las propiedades en infraestructura que están en una forma de bienes vendidos con posibilidad de ser recuperados por el valor de aproximadamente USD10 millones. Sin embargo, la misma fuente informó que la cuestión de fondo es de carácter político y que deben transparentarse públicamente todas las maniobras económicas que llevaron a la crisis universitaria.  Y sobre ese aspecto, los dueños de la universidad hasta enero de 2014, el Partido Comunista de Chile, tiene algo qué decir.

jueves, 18 de septiembre de 2014

El ocaso del refugio político en Argentina



  • El caso peruano, ejemplo feroz y develamiento de la subordinación canina de la administración de Ollanta Humala al imperialismo norteamericano en materia de persecución política.
  • Otra costilla de la crisis y verdadero rostro del llamado “gobierno progresista” de Argentina y el carácter del tipo de hegemonía del capitalismo en curso en el planeta.


‘La palabra asilo, de origen griego, está compuesta de la partícula privativa "a" y el verbo "sylao", capturar, violentar, devastar. Textualmente significa "sin captura, sin violencia, sin devastación".’
Waldo Villalpando
 
Andrés Figueroa Cornejo

Eduardo “Negro” Soares es el abogado paradigmático en la defensa de los Derechos Humanos nacionales e internacionales en Argentina (http://www.rebelion.org/noticia.php?id=153736) y coordinador de la Gremial de Abogados. Responsable de la defensa contra la extradición sin pruebas demandada por el gobierno de Ollanta Humala del periodista peruano Oswaldo Quispe  -actualmente con arresto domiciliario en Buenos Aires luego de permanecer en la cárcel durante largos meses (http://www.rebelion.org/noticia.php?id=183273)- realiza un análisis a fondo sobre el peligroso giro político de la Argentina en materia de refugio político.

“La Gremial de Abogados que conduzco ha participado en los diversos casos de extradición de los hermanos peruanos”, arranca “El Negro” Soares, “Allá, todo tipo de luchador popular es objetivo potencial de ser sometido a un juicio de extradición. Si el Estado peruano logra ganar alguno de esos juicios, a los extraditados les esperan años de presidio. La justicia peruana está absolutamente subordinada al poder político, a diferencia de la Argentina donde el Ministerio Público es independiente del Ejecutivo política y administrativamente. En Perú, la justicia depende del Ministerio del Interior hasta administrativamente.”

-¿Cómo opera?

“Si existe algún peruano en cualquier lugar del mundo solicitando asilo político es detectado por el Estado del Perú y pide su extradición, con éxito o sin éxito según diversas variables.  Hasta el momento, la Gremial de Abogados ha triunfado frente a las extradiciones. Esto, naturalmente, también tiene que ver con la propia Argentina, su gobierno y su justicia. Sin embargo, lo anterior ha cambiado sustantivamente desde hace poco más de la última década.”

-¿En qué sentido?

“Pondré un ejemplo. Hoy estamos defendiendo al abogado peruano Juan Manuel Carranza Laurel. Él se vino a la Argentina en 1998, pidió refugio durante el gobierno de Carlos Menem y se lo otorgaron. Es decir, Juan Manuel Carranza obtuvo el refugio en el marco de una administración del Estado argentino que nosotros estábamos enfrentando duramente debido a que era el vehículo de las violentas políticas privatistas y ultraliberales que hasta ahora golpean a la mayoría de la sociedad del país. Incluso durante lo poco que gobernó De la Rúa, el Estado mantuvo la línea histórica argentina de promoción del refugio solidario, asilo y contra la persecución de toda persona de cualquier sitio del planeta a lo largo de alrededor de 150 años. Pues bien, el abogado Carranza partió a España donde el Estado peruano solicitó su extradición, tal cual lo había hecho acá. En España perdió el juicio de extradición y Carranza retornó a la Argentina donde ya no estaba el menemismo, sino que el “progresismo”. Entonces, “los compañeros”, le negaron el refugio y lo sometieron a un juicio de extradición. Este caso sintetiza la nueva política de no refugio que barre un siglo y medio de solidaridad internacional.”

-¿Cuál es la fórmula ahora?

“Hoy, todo aquel que es acusado de “terrorista” en un país con que Argentina sostiene relaciones económicas y políticas es entregado al Estado requirente. Juan Manuel Carranza en Argentina se presentó a la Comisión Nacional para Refugiados (CONARE) para recordarle que él contaba con refugio acá con el fin de que se lo convalidaran. Pero no sólo lo metieron preso, sino que además no le reconocieron el refugio que le dieron en el gobierno de Carlos Menem. La misma cosa ocurrió con los 6 prisioneros políticos paraguayos (http://vientoencontra2009.blogspot.com.ar/2013/05/visita-los-seis-presos-politicos.html).”

-¿Y en la situación del comunicador social peruano Oswaldo Quispe?

“En su caso, salió el Secretario General de Seguridad la Nación, Sergio Berni, a decir públicamente que Oswaldo “es un terrorista y nosotros lo vamos a entregar”. En general, con todos los refugiados peruanos, hemos conocido el los expedientes donde se señala explícitamente que el gobierno argentino le comunicó al peruano que tal persona estaba solicitando refugio.”

-Ante el fin de una tradición solidaria de Argentina, ¿qué hacer?

“Cualquier persona perseguida que llega a la Argentina y nos viene a consultar qué puede hacer, yo hace 20 años le recomendaba que fuera a la CONARE donde se le otorgaba inmunidad, refugio y ya. Ahora si la misma persona parte al CONARE, esa institución se comunica con el Ministerio del Interior y al día siguiente está presa. Hasta ahora, nuestra Gremial de Abogados le ha ganado a Baltazar Garzón, y legalmente podría ser mucho más sencillo hacerlo frente a la justicia peruana, mucho más torpe, bruta y sin fundamentos. ¿Qué quiero decir? Jamás podemos dividir la lucha judicial de la solidaridad activa y de la política. Es imposible.”

-¿Hay alguna diferencia entre el actual Ejecutivo y los intereses que están detrás del Grupo Clarín en este plano?

“Ninguna. Y no se trata de que Menem “fue bueno” y daba refugio y ahora el gobierno “es malo” y no lo da. El tema central es que en tiempos de Menem estaba tan cerrada la puerta respecto de la política de asilo histórico en Argentina, que era imposible que ocurriera otra cosa. Lo gravísimo es que en el presente ya se abrió una puerta que significa una ruptura política que sólo fortalecerá la extradición y el aniquilamiento de la solidaridad internacional del Estado argentino.”                    

CUANDO TODO DISENSO ES TIPIFICADO DE “TERRORISMO”

El peruano Diego Rayme es Presidente de la Asociación Internacional de Refugiados Solidaridad con sede en Argentina e indica que “Hoy en el mundo se está desplegando un proceso de criminalización de la lucha popular a partir de los hechos del 11 de septiembre de 2001 (Torres Gemelas, EE.UU.), impulsado por el imperialismo norteamericano y en connivencia con gobiernos del planeta. O sea, toda lucha del pueblo en la actualidad es calificada y tratada como “terrorista”. De tal modo, que cualquier movimiento popular que exige sus derechos cae en esa denominación.”

-¿Qué ocurre en Perú?

“En Perú, la situación es bastante compleja. Todavía el presidente Ollanta Humala por varios sectores de la población peruana es caracterizado, paradójicamente, como una cabeza administrativa “nacional, popular, progresista y democrática”. Humala ha traicionado una a una las promesas que lo llevaron a capitanear el Ejecutivo. Aunque ahora suene fácil decirlo, nosotros/as lo denunciamos en la Argentina incluso antes de que asumiera el 28 de julio de 2011. Perú en estos momentos está en crisis producto de la embestida minero-extractivista (el principal es el proyecto Conga, http://www.rebelion.org/noticia.php?id=183705). Nosotros no somos anti-mineros por principio. Estamos en contra de los efectos del saqueo de los recursos naturales, la consiguiente destrucción de comunidades indígenas y campesinas, de sus derechos y del agua que precisan para vivir.”

-¿Y la respuesta del pueblo consciente?

“El pueblo peruano está llevando adelante 215 luchas en los distintos departamentos del país. El 70% está asociado al extractivismo minero. El control del saqueo minero está en poder de corporaciones norteamericanas, canadienses y en un 32%, chinas. Por eso nosotros consideramos que enfrentamos una nueva oleada de acumulación y explotación originaria (https://www.marxists.org/espanol/m-e/1860s/eccx86s.htm). Ello se observa cuando todos los proyectos mineros son aprobados inmediatamente en Perú, y muchos de ellos se ejecutan a sangre y fuego. Y como existen fuertes resistencias populares, el Estado echa mano a la represión. Al día de hoy, el gobierno de Humala suma 40 muertos por esta causa, todos caídos por balas policiales. Asimismo, los trabajadores de la salud y la educación expresan permanentemente su descontento en las calles. Vastos sectores de la sociedad permanecen en pie de lucha a pesar de la violencia estatal y de ser tipificados y recibir el trato de “terrorista” ante cualquier disenso.”

-¿Cuál es la cobertura legal que emplea la administración-Humala?

“En enero de 2014 fue aprobado un proyecto de ley que le ofrece discrecionalmente al Estado todas las facultades para asesinar en este tipo de conflictos, con la subsecuente impunidad para los uniformados. Si embargo, la persecución política es abierta desde hace tres años. Por ejemplo, los profesores ex prisioneros políticos de la década de los 80 y comienzo de los 90 que no firmaron su “arrepentimiento”, y luego de 15 a 20 años de cautiverio en condiciones inhumanas continúan siendo hostigados y privados de su derecho al trabajo. Por protestar obstruyendo las calles, la ley castiga con 5 años de cárcel. En resumen, usan tanto la ley antiterrorista, como la vigente constitución impuesta por el ex presidente Alberto Fujimori, un sujeto que está preso por crímenes de lesa humanidad.”

-¿Y económicamente?

“Existe un crecimiento sostenido para las grandes empresas que ni siquiera gotea hacia la inmensa mayoría de la comunidad. Y el panorama sindical es un desastre debido a las políticas ultraliberales en carrera desde hace, por lo menos, dos décadas. No hay trabajo seguro, no hay seguridad social, abunda la sobreexplotación.”

lunes, 1 de septiembre de 2014

Chile: Toda la comunidad universitaria de ARCIS quiere salvar a la institución. Sus dueños, lo contrario.

La crisis del único centro de educación superior chileno que enseña y produce conocimientos para cambiar crítica y democráticamente la vida en uno de los territorios más capitalistas del mundo.

Las soluciones del conflicto desde la comunidad unida y organizada, la resistencia y los responsables. La ruina concentrada del modelo.  

"Ningún militante del Partido Comunista ha lucrado con la Universidad Arcis". Guillermo Teillier, diputado y presidente del PC, El Mostrador, 21 de agosto de 2014


“Y la viejecita vio que muchos de esos líderes
que le hablaban del Socialismo
enfundados en rápidos y urgentes trajes azul turquesa
en trajes verde pantano ocre
partieron en unos aviones pa las Uropas”
Mauricio Redolés, poeta y músico chileno. Del barrio, claro.

 
Andrés Figueroa Cornejo 

La privada Universidad de Artes y Ciencias Sociales, ARCIS (http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Arte_y_Ciencias_Sociales), es la casa de estudios superiores “alternativa” de Chile. Actualmente la comunidad organizada triestamentalmente lucha contra su clausura, acariciada por sus opacos propietarios. En el presente material periodístico hablan los académicos, los trabajadores y los estudiantes, en unidad de sentido. Quien escribe no está pagado por la ultraderecha, la derecha dialogante, la derecha encubierta, ni por nadie. Considera, eso sí, que únicamente la verdad nos hace libres.

LOS ACADÉMICOS

Miguel Caro es el Director del Departamento de Educación y miembro de la Agrupación de Profesores Autoconvocados, organización de académicos  creada a propósito de la crisis de la universidad.

-¿Por qué la crisis?

“Hay una dimensión inmediata y una mediata. La primera tiene que ver con la situación de irregularidad en los ingresos económicos de la institución desde enero de 2014 que ha generado varias cesaciones de pagos de salarios, imposiciones, salud, retenciones de impuestos y de bienes y servicios. De hecho, durante julio y agosto de este año a una buena parte de los académicos y funcionarios no  se les ha cancelado su sueldo. Estamos en medio de un contexto de altísima inestabilidad donde se ha visto afectado el clima universitario donde prima una abierta anormalidad en materia de información y comunicación entre la universidad y sus estudiantes, trabajadores y docentes.”

-¿Qué pasa en concreto?

“Que se dicen cosas que no necesariamente se cumplen. Cuando hay retrasos de pagos, se afirma que ese dinero se cancelará en una determinada fecha, y luego en la fecha comprometida simplemente no se paga. Estos hechos reiterados le agregan incertidumbre, tensión y angustia a lo que está ocurriendo. Hoy no tenemos ninguna seguridad respecto de los recursos con los que cuenta y contará la entidad para satisfacer las necesidades generales de la universidad. Se especula incluso que sólo quedarían platas hasta octubre o fines de  este año y luego permaneceríamos abandonados a nuestra suerte. Por eso, tanto estudiantes, trabajadores y profesores hemos paralizado nuestras actividades en distintos momentos y a veces todos juntos en formas de asambleas, marchas, movilizaciones, como ahora.”

-¿Y qué responden las autoridades de la U?

“Ante nuestras interpelaciones y la incapacidad de las autoridades para ofrecer certidumbres mínimas sobre el presente y el futuro de la institución, hemos concluido que el problema es mucho más estructural que una pura cuestión “de flujos”. Por eso estamos emplazando al Directorio de la Corporación, como al Estado, como garante último del derecho a la Educación.”

-¿Quiénes son los dueños de la ARCIS?

“Eso es muy difuso, pero entendemos que la entidad está en manos de una asamblea de socios de la Corporación. Se trata de una figura nominal que alguna vez descansó sobre una sociedad accionista. En la actualidad son 5 personas quienes tienen el control y las relaciones estratégicas con la propia institución: Alihuen Antileo (Pdte. del Directorio), Juan Painecura, Iván Reyes, Carolina Figueroa y Juan Guzmán. Desconozco si se trata de militantes inscritos, pero sí están muy cerca del Partido Comunista de Chile, cuestión que resulta contradictorio por la historia y principios de esa tienda.”

-¿Y cuáles con las autoridades formales puestas por el Directorio?

“La rectora Elisa Neumann, ex Pdta. del Directorio anterior (hecho que contraviene sus propios estatutos), Mauro Salazar (Secretario Gral.) y el Vicerrector de Gestión y Finanzas, Víctor Garrido, quien lleva varios meses en el cargo.”    

LOS TRABAJADORES TIENEN LA PELÍCULA CLARA Y EN 3D

Eugenio Ulloa es el Presidente del Sindicato histórico de Trabajadores que tiene 22 años de vida y congrega a la inmensa mayoría de los funcionarios y académicos organizados de la ARCIS. “Dentro del proceso de movilización nosotros arrancamos reivindicando el sueldo de nuestros asociados”, explica Ulloa respecto de la participación del sindicato en el conflicto y añade que “Allí están las innumerables notificaciones que se interpusieron ante la Inspección del Trabajo, todas ejecutadas hace dos meses. De hecho, la universidad fue multada por casi 160 UTM (alrededor de USD11.600).”

El dirigente señala que luego de realizar las denuncias a través de los medios de comunicación “comenzamos los vínculos con el conjunto de la comunidad universitaria que dio como fruto la Mesa Triestamental (estudiantes, académicos y funcionarios). Y ante las irregularidades, el pasado 7 de agosto nos presentamos como conjunto triestamental a la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados.”

-¿Qué se planteó en el Congreso Nacional?

“Los problemas financieros y de gobernabilidad interna. Es decir, dimos los detalles de la grave crisis institucional. Nuestra contraparte también ha mostrado un conflicto en su interior. En la cámara baja nos presentamos frente a la bancada oficialista (Democracia Cristiana, Partido Comunista y Partido Radical). Estaba Yasna Provoste de la DC –ex funcionaria de los gobiernos concertacionistas de Frei Ruiz-Tagle y Ricardo Lagos, y ministra de Educación de la primera administración de Bachelet, donde fue destituida de su cargo luego de una acusación constitucional en el Congreso por negligencia debido al pago indebido de subvenciones a colegios públicos y particulares-; Mario Venegas –DC y presidente de la comisión parlamentaria-; Camila Vallejo (PC), quien escuchó completamente nuestra exposición consensuada por toda la comunidad ARCIS, entre otros diputados.”

-Pero no sólo fueron a denunciar…

“Por supuesto que no. Lo central de nuestra presentación consistió en un conjunto de soluciones para la crisis. Sobre la ley en tratamiento efectuamos dos reparos fundamentales: si bien ella se hace cargo de la educación en general y de los estudiantes en particular, explícitamente no dice nada de los académicos y los trabajadores en el caso de que una institución de enseñanza reúna las condiciones para ser intervenida. Una de nuestras consideraciones está ligada a la llamada “ley corta” cuya tramitación está en curso en el Congreso Nacional y tiene que ver con la Ley del Interventor.”

-¿A qué corresponde la figura del Interventor?

“Se trata de un administrador provisional destacado por el Estado cuando una institución de enseñanza superior presenta irregularidades, con el propósito de realizar una auditoría tanto financiera, académica y general. Luego evacua un informe y saneamiento que retorna a los propios dueños de la institución revisada.”

-Es decir, el Interventor le devuelve sus conclusiones a los mismos que cometieron las anomalías…

“En efecto. En el caso de la intervención en la ARCIS, debido a lo anterior, solicitamos nuestra participación triestamental.”

-¿Cuál fue la posición de la diputada Camila Vallejo ante sus propuestas e indicaciones?

“Se mostró bastante interesada en nuestra presentación. Ella entendió que nosotros buscamos una solución y no una profundización del conflicto. Incluso nos ofreció ayuda, la que, hasta ahora, no hemos visto.”

-También sostuvieron una larga cita con funcionarios del Ministerio de Educación.

“Sí. Representantes de los tres estamentos nos juntamos con el asesor y operador político del ministro de Educación, el ex dirigente estudiantil Rodrigo Roco. Le explicamos lo mismo que a los diputados.”

-¿Qué quieren los propietarios de la U?

“El conjunto de la comunidad ha convenido como conclusión que los administradores quieren que la ARCIS se desmorone, se caiga, reviente, con el objetivo de que alguien más, nunca ellos, se haga cargo de la crisis. Persiguen nuestro agotamiento para culparnos de su propia inoperancia.”

-¿Cómo avizoras el futuro de la institución?

“La comunidad triestamental organizada y en resistencia creemos que el proyecto original debe vivir. Todo lo que hacemos y hemos hecho está subordinado a ese fin.”

-¿Por qué los dueños quieren deshacerse de la ARCIS?

“Estimamos que políticamente este proyecto les está resultando desfavorable para sus intereses. Con toda la información que ha salido públicamente, si bien la U está inserta en un proceso de crisis general de la educación del país, particularmente aquí se está develando que este entorno sirvió como una suerte de “pagadora de favores políticos” y casi de una tercería de recursos extranjeros durante mucho tiempo. Por eso no nos queda más que recurrir al Estado, el cual también tiene enorme responsabilidad porque le dio su autonomía, patrocina los títulos de la entidad, fomenta una ley de acreditación. Somos fruto, además, del drama educacional causado por la política estatal del “dejar hacer” de los privados en la enseñanza superior. La desregulación provoca la crisis de un modelo completo. En ese sentido, más allá de los discursos, la comunidad ARCIS, al igual que muchas otras universidades privadas, es víctima de un sistema que hace agua por todos sus costados.”    

LOS ESTUDIANTES SIN MÁS INTERESES QUE EL FUTURO

Víctor Álvarez es estudiante y representante de la mesa Cuatriestamental de la U.  Asegura que “alrededor de un 70% de los estudiantes que se matricula en la ARCIS no lo hace por la propaganda“, sino porque “de una u otra manera proviene de familias de la izquierda chilena, busca la formación crítica, la transformación social, y el carácter público que debe tener la educación. Es decir, opta de acuerdo a los pilares fundacionales de la institución”.

Para los estudiantes, todo comenzó en la toma de 2013, “gatillada por las arbitrariedades del rector de esa época en orden a permitir el ingreso de las Fuerzas Especiales de carabineros al recinto”, enfatiza Víctor. “Posterior a la toma se generó una asamblea en torno al problema, que inmediatamente se trasladó a cada una de las carreras para llegar hasta la realización de un pequeño plenario. Ahora, debido a las características del tipo de educación recibida aquí y al tipo de estudiante que llega –jóvenes provenientes de otras universidades, personas que están estudiando su segunda o tercera carrera en la jornada vespertina, gente que estudia en virtud de la política de reparaciones por haber sido víctimas de violaciones de sus derechos humanos durante la tiranía-, se produce un alto nivel de información respecto del manejo que el Partido Comunista efectúa en la entidad desde comienzos del siglo XXI, y con mayor claridad, desde el 2006.”

-¿Y qué provoca ello en el movimiento estudiantil?

“Un fraccionamiento debido a la disputa entre la militancia PC –partido político dueño de la universidad- que ha tendido culturalmente, a través de las Juventudes Comunistas (JJCC), a proteger y alinearse con las autoridades, tanto en los hechos, como en el discurso.”

Víctor Álvarez relata que después de la toma del año anterior, la desvinculación y desapego de los estudiantes a la problemática que sufre la ARCIS, “se modificó  sustantivamente. Hoy funciona la elección de delegados por carrera en el ámbito Cuatriestamental de Refundación de la universidad. De 27 carreras en total, 24 han validado democráticamente este procedimiento, más allá de una participación oscilante como efecto natural del desconcierto.”

-¿Y qué sucedió con los partidos políticos tradicionales que tenían alguna representación en el movimiento de estudiantes?

“Se vieron fuertemente mermados. Ahí nuestro trabajo se concentró en el proyecto universitario por sobre las “carreras políticas” convencionales. Cuando entregamos la U después del paro de 2013, el documento de convergencia ya contemplaba la fórmula de la Cuatriestamentalidad que venía del 2006 por nuestra parte. En el presente, ningún representante estudiantil de las carreras tiene militancia política (que no significa que no estén politizados, claro está), toda vez que los partidos validaron el procedimiento, participando y perdiendo en las elecciones.”

-¿Por qué hablan de Cuatriestamentalidad y no de Triestamentalidad?

“Porque siempre hemos considerado la participación de un representante del Directorio de la institución en un proceso de transición hacia la triestamentalidad plena, la democratización interna y el co-gobierno. Pero hasta ahora lo que aquí existe en concreto es la triestamentalidad.”     

-Los estudiantes ligan el ingreso del PC al gobierno nacional a la crisis actual…

“Desde el año anterior, cuando se establecieron las alianzas entre la ex Concertación y el PC, los estudiantes advertimos un franco abandono de las personas de la universidad que ahora pasaron a formar parte de la administración Bachelet. Entonces nos preguntamos cómo saldrían de la ARCIS. Fue así que acopiamos información suficiente (renuncias, noticias, cartas, etc.) en el proceso protagonizado por los dueños de la entidad, Max Marambio (http://es.wikipedia.org/wiki/Max_Marambio) – ICAL (PC), que corresponden a dos grandes enajenaciones mediante una figura inmobiliaria que no es más que el patrimonio de la ARCIS. Hoy lo único que existe son deudas. Se hicieron dos retro-ventas. Una ocurrió el 2011, con la venta de la Sociedad Marambio de la sede de la calle Libertad (comuna de Santiago) a un banco y luego su re-compra, pagándole una parte del dinero y endeudándose por algunos años por el resto. Pero en vez de invertir esos recursos en la U, los retiró. El 2013, el ICAL hizo lo mismo. Mientras tanto, los estudiantes quedamos tirados.”      

-A nivel interno está la refundación sobre la democracia de toda la comunidad ARCIS, ¿y hacia fuera?

“Proposiciones dirigidas hacia una buena cantidad de universidades que están en una situación similar. Lo que nos ocurre adentro está íntimamente involucrado con el resto del sistema. Somos parte de una totalidad donde podemos asumir un papel paradigmático a escala país. Estamos en el ojo de un contexto político de reforma educacional  y consideramos que desde el movimiento social real debemos ser fuerza de, al menos, transformaciones coyunturales tendientes a la superación de la mercantilización ultraliberal de la enseñanza.”

La comunidad cuenta con proyectos de universidad sintetizados en formas mixtas de propiedad y administración con el Estado, el apadrinamiento de alguna casa de estudios superiores pública (la Universidad de Santiago de Chile, por ejemplo) y otras. Voluntad de lucha, imaginación y final abierto.