martes, 31 de agosto de 2010

Chile: 10 mil firmas contra alzas del Transantiago


Andrés Figueroa Cornejo


El Movimiento de los Pueblos y los Trabajadores –agrupación anticapitalista- junto a organizaciones sociales y políticas llegaron hasta las puertas del Ministerio de Transportes, en el centro de Santiago, a entregar 10 mil firmas colectadas entre la ciudadanía, expresando el malestar por las alzas permanentes del precio del transporte colectivo, Transantiago.


Uno de los voceros de la campaña iniciada el 8 de julio, Celso Calfullán, indicó que “el aumento del Transantiago afecta directamente el bolsillo de los trabajadores, y ya estamos aburridos de esa situación.”


Producto de que en los resultados de las encuestas los santiaguinos han manifestado como una de las principales críticas al actual gobierno el incremento incesante del precio de la locomoción, recientemente el Ejecutivo anunció que pretende detenerlo hasta fines de 2010. Sin embargo, Calfullán precisó que “más allá de los anuncios, que Piñera suele borrar con el codo, estaremos alertas. Además, sólo hasta septiembre está aprobado no subir el precio de los buses, pero aún tienen que ratificarse en el Congreso los dichos de Piñera. Las firmas son el primer paso para frenar las alzas. De ocurrir lo contrario, ya son muchas las organizaciones dispuestas a movilizarse masivamente contra los aumentos.”


En el mismo sentido, Calfullán recordó que los operadores del Transantiago –concesionarios privados de los recorridos y dueños de las máquinas- “son quienes más utilidades obtienen en el país, incluso, proporcionalmente, más que las eléctricas, las telecomunicaciones y la propia banca. Aquí existe un enorme margen de ganancia de los empresarios del sector, entonces el publicitado argumento de que la evasión de los usuarios estaría provocando las alzas, es absolutamente falso.”


Por otra parte, junto a la opinión pública y la entrega masiva de firmas, los estudiantes secundarios y universitarios tienen entre sus demandas centrales la gratuidad del pasaje escolar para el transporte colectivo, y el congelamiento de la tarifa adulta, considerando que un viaje en Transantiago ya tiene un costo superior a un dólar, prácticamente equivalente a medio kilo de pan.


sábado, 28 de agosto de 2010

Chile. Servipag: Despidos injustificados y sin indemnización


Además la empresa se queda con dinero de los clientes

Por Andrés Figueroa Cornejo


Servipag es una empresa en el mercado de las transacciones, pagos y recaudaciones que fue creada en 1990 por dos de los bancos que más rentan en país, BCI y Banco de Chile, que, junto al Banco Santander controlan casi el 70 % del mercado nativo. Es una compañía orientada al apoyo del giro bancario nacional. Su objetivo específico en la industria del crédito, la deuda y la especulación, es el pago de cuentas, giros de dinero y otro tipo de transacciones financieras por medio de una extensa red de sucursales destinada a clientes de estratos medios y bajos.



Pero no todo marcha bien en Servipag. A través de dos ocupaciones en sus sucursales del centro de Santiago, los trabajadores sindicalizados de esa empresa y la Confederación Bancaria, protestaron por 25 despidos de cajeros realizados por la empresa sólo la semana pasada.


El dirigente nacional de los empleados bancarios, Rubén González, informó que la manifestación se debe a que los trabajadores fueron arrojados a la cesantía “por las pérdidas normales que han tenido de caja. Lo que ocurre es que un cajero pierde 15 o 20 mil pesos (29 dólares) y, simplemente, no les pagan la indemnización, que en algunos casos, corresponde a 3 o 4 millones de pesos (casi 8 mil dólares).”

Los trabajadores han interpuesto en los tribunales una demanda contra la empresa por apropiación indebida. Los cajeros de Sevipag obtienen por su trabajo 180 mil pesos mensuales (357 dólares, uno de los salarios más bajos del sector) y laboran de lunes a sábado, y en los grandes centros comerciales hasta los domingos y festivos. Habitualmente se desempeñan en habitáculos de un metro cuadrado, con restricciones estrictas para acudir al baño y permanentemente supervigilados.


Uno de los empleados despedidos, José Castillo, indicó que llevaba tres años trabajando y fue echado sin indemnización, sin sueldo “y con una cláusula que no me permite encontrar trabajo, y todo por una pérdida de caja de 5 mil pesos (menos de 10 dólares) que fue descontada de mi planilla de salarios. La cláusula dice con elegancia, que soy un ladrón. Pero los ladrones son ellos (la empresa) porque cuando a los cajeros nos sobra plata -100 y hasta 500 mil pesos (100 dólares)- no se declara en la planilla ¿Qué pasa con ese dinero que es de los clientes, del público?”


Los trabajadores anunciaron que continuarán movilizándose contra sus derechos violentados.


Chile. “Caso Bombas”: Sólo humo y montajes


Galopa la represión por sospecha

·El llamado “Caso bombas” tiene de todo menos bombas. Salvo, probablemente, las bombas de humo de Piñera para cubrir los crímenes del capital y castigar con impunidad el creciente malestar social que comienza a manifestarse en la lucha de los estudiantes, los mapuche, los medioambientalistas y los que viven de un salario.


Por Andrés Figueroa Cornejo


El sábado 14 de agosto, en un espectacular operativo policial, fueron allanadas casas particulares y “okupas” de Santiago, Valparaíso, Temuco y Concepción, y detenidas 14 personas por orden del Fiscal Alejandro Peña. Como ya se está volviendo costumbre, la maniobra contó con contundente brutalidad uniformada sin resistencia alguna, pistolas en la boca de los imputados, destrucción de inmuebles, maltrato a mujeres embarazadas, indiscriminación a granel y tanta prensa obsecuente como fuera posible.


Sólo la prestigiosa Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo, Codepu (organización no gubernamental de Derechos Humanos fundada durante la dictadura militar, en noviembre de 1980. Fue la primera ONG que se hizo parte en el proceso contra Augusto Pinochet en España, y en Chile en 1998, y una de las principales querellantes en el juicio contra el dictador), denunció que el 14 de agosto “a las 6:58 de la mañana, el domicilio de Viviana Uribe Tamblay, presidenta de nuestra organización, ubicada en Batuco, fue allanada violentamente por un grupo de funcionarios del Grupo de Operaciones Policiales Especiales de Carabineros (GOPE), del Laboratorio de Criminalística, y personal de la Fiscalía, en el marco del llamado “Caso bombas”. El operativo policial duró 7 horas”. La ONG informó que en el domicilio se encontraban en ese momento la hija de Viviana, Bárbara Vergara Uribe, hija de un ejecutado político, “con un embarazo de 8 meses, y trabajadora de la institución junto a su compañero Manuel Correa”.


El denominado “Caso Bombas” está ligado a una serie de explosiones de ruido ocurridas durante un tiempo no determinado por el Estado en instituciones bancarias y otras dependencias, sin resultado de muerte, sin heridos, sin damnificados, sin responsables probados.


RODOLFO RETAMALES, EL MALO DE LA PELÍCULA


Uno de los principales acusados en el caso, además de su trabajo remunerado, realizaba un programa en la Radio Primero de Mayo de la legendaria población La Victoria.


Alejandra Bustamante es una de las voceras de la emisora popular, autogestionada y comunitaria que cuenta con 20 programas de servicio a la comunidad, y que vierte al aire producciones que recorren reivindicaciones indígenas, musicales, infantiles y culturales. Su objetivo es “informar sobre la verdad de lo que ocurre en Chile”.


La radio es legal, tiene 15 años de existencia y está acreditada por la Subsecretaría de Telecomunicaciones. Alejandra cuenta que “Desde principios de 2009, Rodolfo tiene un programa que se llama “Desde el Óvalo”, que toca temáticas carcelarias en el sentido de las visitas familiares, y la criminalización de los jóvenes y adolescentes. Rodolfo conducía el programa y nunca hizo llamados a la violencia o cosa que se le parezca. Reporteaba las movilizaciones sociales que se dan en el centro de Santiago, a través de videos, aprovechando la plataforma de internet de la radio”.


Pero no sólo Rodolfo ha sido víctimas de amenazas por parte de fuerzas especiales, sino que otros reporteros de la Primero de Mayo (102.9 FM). “Nuestro problema es que hemos normalizado el maltrato que recibimos con frecuencia”, explica Alejandra en el único locutorio de la emisora y agrega que “Rodolfo nos había informado muchas veces de policías civiles que lo seguían. Y en el allanamiento a su casa, lo principal que le requisaron fue sus filmaciones, sus fotografías, sus cintas. No materiales ligados a explosivos o bombas. Ahora los medios de comunicación tradicionales hablan de él y los demás detenidos como delincuentes. Igual como lo que ocurrió con la documentalista Elena Varela o Pascual Pichún”.


El miércoles 17 de agosto, otro comunicador popular de la radio, Roberto Henríquez, fue detenido también. “Él hace programas culturales, de cine y de música”, informa Alejandra, “A las 22:30 hrs. lo encontramos en la Primera Comisaría de Carabineros. Estábamos con el abogado de derechos humanos, Rubén Jerez. Ahí nos enteramos que trataban de vincularlo a un asunto de explosivos. Lo acusaron de tener “un artefacto pirotécnico” (?). El 18 en la mañana lo formalizaron y lo dejaron en libertad. Fue agredido fuertemente por carabineros, pero no permitieron que se realizara la constatación de lesiones.”


LA DEFENSA: RODOLFO Y PABLO DEBEN SER ABSUELTOS


Alberto Espinoza es el abogado defensor de Rodolfo Retamales y Pablo Morales, sindicados por el Ministerio Público, el gobierno y los medios de comunicación de los que mandan, como los principales responsables del llamado “Caso bombas”, y como “lideres” de una asociación ilícita “terrorista”.


-¿Cuáles son los fundamentos de la defensa?


“La defensa descansa sobre la más férrea y absoluta convicción de que ni Pablo ni Rodolfo tienen participación en una asociación ilícita, y menos de carácter terrorista. Y hasta el minuto, los antecedentes que se han presentado resultan absolutamente inconsistentes a la hora de acreditar un delito de esa magnitud.”


El abogado Espinoza indica que hace 5 años que se vienen recogiendo pruebas contra sus protegidos, es decir, desde que Rodolfo Retamales puso un pie en la calle después de haber estado con Pablo Morales privados de libertad en la Cárcel de Alta Seguridad durante 12 años. Desde entonces se implementó contra ellos un procedimiento de vigilancia permanente de todos sus movimientos. Además, ellos estaban bajo control penitenciario y debían firmar una vez por semana en el Patronato de Reos.


“Pero estamos hablando de una vigilancia extrajudicial, me imagino, dentro de los marcos de políticas de Inteligencia y seguridad pública y ciudadana que, por lo demás, ellos conocían perfectamente. Sabían que por su antigua afiliación al grupo Lautaro iban a ser objeto de seguimientos al margen de la ley. Es lo que ocurre con todos los presos políticos que salen en libertad”, señala Espinoza.


Llama poderosamente la atención que pese a estar bajo vigilancia permanente hayan podido burlarla al punto de constituir una asociación ilícita después de 5 años.


-La gente corriente en Chile no sabe qué cosa es una ‘asociación ilícita’…


“Es un delito tipificado en el Código Penal y en la Ley Antiterrorista que se configura de una manera ficticia y abstracta. Nadie puede percibir físicamente una asociación ilícita. Es un delito intangible, a diferencia de un homicidio o un robo. En la asociación ilícita tiene que haber recursos, medios, infraestructura, un ánimo de asociarse para cometer actos ilícitos. Y en este caso, con fines terroristas. De modo que la construcción de la asociación ilícita, desde el punto de vista penal y probatorio, es bien dificultosa. La justicia tiene que acreditar la concurrencia de varias condiciones y de presupuestos que logren establecer esta estructura, este conjunto de redes, jerarquías, mandos, subordinados, dirección, etc. Y este no es el caso.”


CASAS ‘OKUPA’: CENTROS DE PODER


En medio del verdadero “tongo” político, policial y mediático en torno al caso han salido al ruedo las casas “okupa”, que son viviendas cedidas o simplemente habitadas en su abandono, casi siempre muy deterioradas, que usan jóvenes en Chile y el mundo para realizar actividades principalmente artísticas y alternativas a la cultura oficial o institucional. Allí funcionan desde bandas de rock, grupos teatrales, recreación para niños, buen cine gratuito, bibliotecas y manifestaciones que no encuentran lugar en las políticas culturales provenientes del Estado, normalmente dirigidas a promover y ornamentar las “bondades” de los gobiernos de turno.


Sin embargo, el abogado Alberto Espinoza indica que “El Ministerio Público denomina a las casas “okupas” ‘centros de poder’. La expresión pretende referir que allí se van elaborando acciones o se planifican cosas ilícitas”. Por eso, la justicia muestra fotos de Rodolfo y Pablo saliendo de casas “okupas”. Pero esas casas representan a un sector de la juventud cuyas ideas no se condicen con el modo de vida capitalista.”


-¿En qué condiciones fueron detenidos Rodolfo y Pablo?


“De una manera bastante violenta. Nadie golpeó la casa ni preguntó por ellos previamente. Y eso que tienen domicilios conocidos y ni siquiera viven en casas “okupas”, si eso fuera un agravante. Son viviendas que financian con su trabajo. Ambos son arrendatarios. Pablo Morales vive con su pareja, y los dos trabajan remuneradamente. Pablo se desempeña en una empresa de publicidad, de lunes a viernes, con jornada normal y cuyo salario le permite vivir sin grandes sobresaltos. Rodolfo Retamales, por su parte, desarrolla trabajos audiovisuales, es un asalariado a honorarios, es decir paga impuestos. Y en algunos de sus videos aparecen imágenes de canales tradicionales, como Canal 7, ¡Y ese tipo de material empleó el Ministerio Público para formalizar la investigación! Ahí yo pregunté entonces, si también se imputarían a los directores de Chilevisión o Canal 13. Eran extractos de reportajes por todos conocidos. Incluso en la audiencia de formalización, la Fiscalía usó contra los muchachos citas de autores clásicos muertos hace mucho tiempo. Y a Pablo Morales, por su parte, se le leyeron sus derechos con un carabinero que le tenía puesta una bota en la espalda. El allanamiento también fue brutal, y ese día se extendió a 17 casas, como en los mejores tiempos de la dictadura. Fue una operación muy bien planificada, coordinada y muy espectacular.”


Al respecto, Espinoza considera que “están soplando vientos autoritarios muy fuertes en Chile. Hay nostálgicos de la dictadura.”


EL MONTAJE Y EL ORDEN DE LAS COSAS


-En algún momento se dijo que los imputados habrían sido indultados por Ricardo Lagos durante su mandato…


“Ello es totalmente falso. Yo creo que hay falta de rigurosidad del Ministerio del Interior y no se entiende la división de poderes. Aquí se observa que el Ministerio del Interior tiene un trato muy directo con el Fiscal Nacional. En este sentido, el Fiscal Alejandro Peña realiza todo un montaje, en el amplio sentido, como una puesta en escena para los medios de comunicación. Referirse a hechos respecto de los cuales estos dos jóvenes ya fueron condenados, demuestra una mala intención evidente. Es decir, se vuelve a criminalizarlos, ¡Y por lo mismo! Eso es antijurídico, toda vez que existe un principio elemental del Derecho Penal que dice que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho.”


Rodolfo y Pablo estuvieron en la cárcel en los primeros años de los gobiernos civiles por un delito que terminó con la muerte de tres funcionarios de la policía de Investigaciones, “donde ellos no participaron directamente. Ninguno de ellos empuñó un arma de fuego, ni es responsable directo de la muerte de esas personas. Ello está establecido en el proceso y la sentencia”, dice el abogado.


De los 14 detenidos originales del pasado 14 de agosto, ya 4 están en libertad, bajo una medida cautelar que no es prisión preventiva, con un control semanal de firmas. Los 10 restantes están en prisión preventiva en la Cárcel de Alta Seguridad. Ellos están imputados de ser miembros de una supuesta asociación ilícita terrorista. La acusación es que Rodolfo y Pablo serían los “jefes” de ella.


En este sentido, Espinoza es tajante cuando formula que “Con anterioridad, yo he defendido a personas acusadas en principio por delitos terroristas. Por ejemplo, las personas que fueron imputadas de participar en el atentado a Pinochet en 1986. Y finalmente esas personas no terminaron siendo acusadas de delitos terroristas. Y hay una distancia sideral entre las organizaciones a las que pertenecían esas personas y los casos de Rodolfo y Pablo, desde todo orden de cosas. Lo de Rodolfo y Pablo, desde la propia perspectiva del Ministerio Público, sería una especie de asociación ilícita a escala de sala cuna. Sin embargo, se les aplica la misma ley.”


-¿Y qué ocurre con los vínculos mencionados entre Rodolfo Retamales y la Intendencia de Santiago?


“El Ministerio Público en su intento de configurar la supuesta red de protección de mis defendidos, usa una llamada que se le hizo a Rodolfo Retamales desde un teléfono de la Intendencia por una funcionaria que había sido su pareja. La llamada duró 30 segundos y es una conversación absolutamente corriente. De ahí el show que involucra a la Intendencia.”


-¿En qué fase del proceso judicial se encuentra el caso?


“Estamos en el prólogo, en sus etapas preliminares. Hay 6 meses para investigar, todavía no estamos en la etapa del juicio. Están pendientes las apelaciones que nosotros entablemos. Y ellos deben ser absueltos y no llevados a juicio, en definitiva. Deben ser liberados y de ningún modo condenados.”


-Sorpresivamente el 18 de agosto, 4 días después de las detenciones, apareció una bomba junto a un cuartel de carabineros que habría sido desactivada por un robot…


“Hay que tener cuidado con las acciones provocativas. No me extrañaría que el hecho fuera parte de un montaje policial. Los organismos de Inteligencia también operan con procedimientos muy oscuros. Me acuerdo que Felipe Harboe como miembro del Ejecutivo de la Concertación inventó un chascarro con unos sables de utilería que encontró en la Universidad de Santiago.”


Para el abogado Alberto Espinoza la situación, en su conjunto, es preocupante y sobrepasa el marco de la investigación enfocada en un grupo de personas en particular. El defensor de los derechos humanos estima que hoy los que se están viendo amenazados por esta investigación son los derechos de los ciudadanos en general.


“Esta es la mano dura que anunció Piñera y que están sintiendo los mapuche, los escolares, los deudores habitacionales. En fin, todo aquel que quiera ejercer su derecho a expresarse. Esto es claro, quienes gobiernan Chile estuvieron vinculados a la dictadura militar y son amigos de la dinámica del terror. Cualquier manifestación de descontento social ahora se vuelve terrorismo. Y lamentablemente, la Concertación pavimentó el camino para llegar a este punto. La idea del gobierno actual es hacer abortar inmediatamente cualquier germen de movilización social. Y yo aquí noto una alarmante ausencia del Partido Comunista en orden a pronunciarse sobre estas materias. Y hay personajes de la Concertación que avalan la actuación del Fiscal Alejandro Peña, como Patricio Rosende y Felipe Harboe. ¿Cómo se engendran esas posiciones en gente que se define democrática?”, se pregunta Espinoza mientras mira su reloj urgente.




lunes, 23 de agosto de 2010

Mineros de Copiapó: Que nadie se preste a engaño

por Andrés Figueroa Cornejo (Chile)
lunes, 23 de agosto de 2010

Que nadie se preste a engaño. La noticia feliz de la sobrevivencia de los mineros en el yacimiento San José se debe a la pericia, tradición, experiencia y fortaleza de los propios trabajadores. Que esas propiedades de vidas completas dedicadas a la explotación minera –incluso desde la infancia- sean hoy capitalizadas políticamente por Piñera es otro asunto. Es cierto, subirán los bonos del mandatario y hasta los dueños de la mina procurarán salvar ilesos de las feroces irresponsabilidades que crearon las condiciones del trágico accidente.
Pero no hay que perder la brújula, incluso en medio del más extraordinario despliegue mediático que procura poner al gobierno y sus personeros como protagonistas de una gesta propia de los mineros.
La repetición enfermiza de las imágenes televisivas y el mensaje de los mineros mostrado por el multimillonario que está sentado en La Moneda, no pueden nunca provocar la desmemoria del conjunto de antecedentes que objetivamente prueban las pésimas condiciones de la mina y la minería en Chile, la menos que pobre fiscalización de los organismos estatales responsables de la supervisión de esos centros laborales, y el abandono y expoliación de un sector de trabajadores que han enriquecido durante siglos a una clase minúscula.
Piñera no cabe de gozo porque se jugaba porcentajes de popularidad en las encuestas.
Nosotros, los de abajo, estamos felices porque asalariados de una de las más terribles industrias del país están con vida.
Y nada de lo que ocurra terminará con lo realmente determinante: que el actual Ejecutivo representa pura y duramente los intereses de la minoría que manda y no de las grandes mayorías, la ampliación de la pobreza y las desigualdades sociales, y que la injusticia se funda sobre la apropiación privada y bajo cualquier condición de la producción social de la riqueza.
Estamos profundamente felices por nuestros hermanos mineros. Aunque, contradictoriamente, esa misma dicha nuestra sea convertida por la propaganda multiplicada, en un respiro momentáneo para los patrones del Estado empresarial chileno.

sábado, 21 de agosto de 2010

Chile: Trabajadores protestan contra crimen en Mina San José




Por Andrés Figueroa Cornejo


El Frente Amplio de Trabajadores –agrupación de trabajadores bancarios (Confederación Bancaria), del cobre (Fenatracimm), empresas privadas (CEPCH) y call center (Sindicato Unísono)- protestó frente al Ministerio de Minería y del Trabajo el 17 de agosto debido a las responsabilidades políticas y criminales que le caben al gobierno y a los dueños de la Mina San José, por el derrumbe del yacimiento que tiene enterrados, por lo menos a 33 mineros.


El Presidente de la Federación de Trabajadores de CIMM (empresa asociada al metal rojo de administración estatal-, Ramón López, señaló que “que a los empresarios no les importa la vida de los trabajadores. El abuso es tan mayúsculo, que los propietarios del sector no trepidan en hacernos laborar en condiciones pésimas. Los que no mueren o no son mutilados, viven en altísimas situaciones de estrés. Por eso exigimos a la justicia y al gobierno que meta a la cárcel a Marcelo Kemeny y Alejandro Bohn, dueños de la mina. Y que renuncie la ministra del Trabajo (Camila Merino) porque ya sabemos que la Dirección de esa repartición tenía antecedentes de que el yacimiento estaba en tan malas condiciones, que debía cerrarse. Y también existe una responsabilidad directa del ministro de Minería (Laurence Golborne) debido a que Sernageomin depende de él”.


La delegación del Frente Amplio de Trabajadores (FAT) hizo un llamado a “todos los dirigentes sindicales, a los trabajadores, porque hay que decir basta ya. La unidad de los trabajadores es la consigna: unidad para defender y unidad para reconquistar nuestros derechos. Debe efectuarse una gran movilización por los hermanos mineros de San José. Esa es nuestra bandera.”


En la misma línea, los trabajadores de la construcción y del montaje (Sintec), del Sindicato de la Gran Minería (Siteco) y la Federación de Trabajadores de la Construcción y la Madera (Fetracoma), denunciaron que “es una aberración que tengamos que esperar muertes masivas de trabajadores para que se ponga en el tapete la problemática que vivimos a diario los obreros de este país. Al parecer, las altas tasas de accidentabilidad son para muchos, hechos normales y cotidianos” y convocaron a “las organizaciones sindicales a aumentar los niveles de organización y coordinación que permitan hacer frente a estas problemáticas, denunciando y comunicando a los demás trabajadores sus asuntos, sus avances y sus proyecciones con el objeto de articular un movimiento sindical que de una vez por todas diga basta a las actuales condiciones de vida y de trabajo de nuestro pueblo”.


Chile: "¿Qué vida sería estar encerrado en la casa y no preocuparse de nada, sólo de uno?"


Entrevista con Luisa Toledo y Manuel Vergara, padres de los hermanos Vergara, asesinados por la dictadura

“Muchas cosas grandes ha habido desde entonces,
y seguirán habiendo cosas grandes.
Vendrán nuevas generaciones.
Pero vos estarás siempre así, de 18 años,
detrás de un murito, valiente, tenso, inmóvil,
eterno”

Ernesto Cardenal


Por Andrés Figueroa Cornejo


Eduardo y Rafael Vergara Toledo tenían 19 y 18 años, respectivamente, cuando fueron asesinados por la policía de la dictadura el 29 de marzo de 1985, mientras apenas gateaba el otoño terrible y luminoso de un Chile que había que cambiar con la urgencia de los justos.

Los crímenes de Eduardo y Rafael redoblaron el combate antipinochetista en la mítica Villa Francia, en la zona sur-poniente de Santiago de Chile, y convirtieron a sus padres, Luisa y Manuel, en inagotables perseguidores de los culpables. Pocos años después, la noche del 5 de Noviembre de 1988, tras una fuerte explosión cercana a una torre de energía eléctrica en el cerro Ñielol de Temuco, se encontraron los cadáveres mutilados de Pablo Vergara –hermano mayor de Eduardo y Rafael-y Araceli Romo, ambos militantes del MIR. Este último caso jamás se aclaró, toda vez que las pistas denunciaron un montaje de la tiranía.

Un cuarto de siglo después de los primeros asesinatos, el 4 de agosto recién pasado, la Corte Suprema dictó sentencia definitiva. “En fallo dividido los ministros de la segunda corte suprema Nibaldo Segura, Jaime Rodríguez, Rubén Ballesteros, Hugo Dolmestch y Carlos Kunsemuller determinaron las sanciones que se indican: -Para Jorge Marín Jiménez, 10 años y un día de presidio por homicidio calificado de Rafael Vergara Toledo y el homicidio simple de Eduardo Vergara Toledo. –Para Álex Ambler Hinojosa, 7 años de presidio por el homicidio calificado de Rafael (…), y para Nelson Toledo Puente, 7 años de presidio calificado de Rafael (…). Este fallo se adoptó en contra de los ministros Segura y Ballesteros, quienes estuvieron por acoger la figura de prescripción de la acción penal.”

-¿Qué piensas del resultado después 25 años de espera?

Luisa: “Yo nunca tuve muchas esperanzas, conociendo todo lo que iba pasando con otros casos. Sabíamos que no sería lo que nosotros deseábamos en cuanto a la sentencia. La justicia debe ser oportuna. Que se dicte sentencia 25 años después de los asesinatos de Eduardo y Rafael no parece justicia. Es casi una burla. Además, las penas deben ser acorde a los crímenes cometidos. 10 años de cárcel para un tipo que teniendo a mi hijo Rafael en sus manos y esposado, le pegó un tipo en la nuca para rematarlo, no significa nada. Tampoco 7 años para otro que andaba dándoles las órdenes…el mismo que quería matar a nuestro hijo Pablo (que murió 3 años después), por lo cual la Vicaría tuvo que sacarlo junto a mi niña Ana Luisa al extranjero. Fue como encerrarme de nuevo y volver al 29 de marzo de 1985. La gente comenzó a venir a darme el pésame otra vez. Ahí Manuel (padre de Eduardo, Rafael y Pablo), dijo que eso parecía el funeral. Fue como cerrar un ciclo.”

-No hubo justicia, entonces…

Luisa: “He sabido que algunos mapuche están siendo condenados a 50 años de presidio, y ellos no han asesinado a nadie, sólo han peleado por sus tierras. Para ellos se le aplica una severidad extraña. Estamos hablando de luchadores jóvenes que están siendo acorralados y diezmados.”

“LA JUSTICIA CHILENA SÓLO ACTÚA POLÍTICAMENTE”

-¿Ustedes comenzaron su largo periplo cuando asesinaron a sus hijos?

Manuel: “Nosotros ya estábamos luchando antes de que nos mataran a los hijos nuestros. Luisa trabajaba en el Comité Pro Paz y yo estaba en la Vicaría de la Solidaridad. Hemos luchado y llorado a muchos jóvenes que se convirtieron en otros hijos nuestros. He descubierto que sólo de esta manera la vida tiene sentido. Y creo que todos los seres humanos estamos llamados a luchar por ideales, por cosas nobles. Nunca hemos estado solos. Mucha gente nos ha acompañado. Ahora cumplimos una etapa con Luisa. Pero vamos a seguir, con las fuerzas que nos quedan, luchando por la justicia que va más allá de que se condene a los asesinos; como mis hijos, seguiremos luchando por la justicia de todo un pueblo.”

-¿Qué aprendizaje obtuviste después de todos estos años?

Manuel: “Verifiqué que las sentencias tienen un carácter netamente político. Y en el caso de los hijos nuestros, las cosas no fueron peores por un puro asunto político, porque hay muchos junto a nosotros, porque hemos golpeado todas las puertas. La justicia chilena sólo actúa políticamente, no por la fuerza de la ley.”

UN RECADO A LOS “PINGUINOS”

-¿Se terminará el 29 de marzo como el “Día del Joven Combatiente” con el dictamenten judicial?

Luisa: “Respecto del 29 de marzo, hace mucho tiempo que nosotros dejamos de ser los protagonistas. Esa fecha ya no es nuestra. Es un día de los jóvenes, de sus reivindicaciones. En los últimos años ya el 29 de marzo se habla de los problemas actuales, de la educación, de los trabajadores y de los caídos recientemente, como Álex Lemún, Jonhy Cariqueo, Matías Catrileo y tantos chiquillos de los 90 hasta hoy. Nosotros queremos seguir acompañando a estos muchachos que están encarcelados, a Jimmy, Freddy Fuentevilla y a Marcelo Villarroel. Yo en las comunidades de vida cristiana aprendí el compromiso absoluto con el hombre que sufre. Primero, el compromiso con un pueblo que sufre y luego con Cristo.”

-¿Dónde ves a tus hijos?

Manuel: “Nuestros amigos nos representan a nuestros hijos siempre. Eso es una maravilla. En el corazón de muchas personas están los chiquillos presentes, los tres. Y yo los veo en todos los jóvenes que van a la calle.”

-Hoy los “pinguinos” están dando nuevas batallas por la educación pública, ¿Qué recomendación les darías?

Luisa: “Es cierto que uno sufre mucho. Pero vale la pena. Nuestros hijos no tuvieron ni un solo día para aburrirse. Es cierto, el contexto era urgente. Vivieron casi 20 años, Eduardo y Rafael, y 25 años Pablo, bien vividos. A los jóvenes secundarios yo les digo que sólo luchando por lo que uno quiere vale la pena vivir. ¿Qué vida sería estar encerrado en la casa y no preocuparse de nada, sólo de uno? Esa es una vida chata e insignificante. Nosotros estamos llamados a la generosidad, al trabajo conjunto, a organizarnos y a disciplinarnos frente a un enemigo muy fuerte. No hay que “calentarse” mucho cuando se está en la calle. No hay que caer preso por cualquier tontera. Las policías son muy malas con los jóvenes. Cuando cae preso un muchacho por primera vez tratan de darle muy duro para que no quiera luchar más. Yo les mando como recado que sean cuidadosos y disciplinados, y que también renueven las formas de lucha.”















Chile: Treinta y tres mineros, uno tras otro


Crimen de los dueños y el Estado en Mina San José

· Mientras los medios de comunicación de los que mandan muestran a un Piñera cortando cabezas pequeñas y al ministro de Minería derramando lágrimas de cocodrilo, sospechosa y calculadamente, los propietarios de la mina se lavaron la cara en El Mercurio y La Tercera a 9 días de la catástrofe. Los familiares y dirigentes mineros piden castigo y responsables con nombre y apellido. Una vez más, Chile luce al mundo su condición de país desigual y empobrecido, sobre toda propaganda gubernamental.



Por Andrés Figueroa Cornejo


“Las noticias que los obreros daban del accidente calmó un tanto aquella excitación. El suceso no tenía las proporciones de las catástrofes de otras veces: sólo había tres muertos de quienes se ignoraban aún los nombres. Por lo demás, y casi no había necesidad de decirlo, la desgracia, un derrumbe, había ocurrido en la galería del Chiflón del Diablo, donde trabajaba ya hacía dos horas en extraer las víctimas, esperándose de un momento a otro la señal de izar en el departamento de las máquinas.
Aquel relato hizo nacer la esperanza en muchos corazones devorados por la inquietud. María de los Ángeles, apoyada en la barrera, sintió que la tenaza que mordía sus entrañas aflojaba sus férreos garfios. No era la suya esperanza sino certeza: de seguro él no estaba entre aquellos muertos. Y reconcentrada en sí misma con ese feroz egoísmo de las madres oía casi con indiferencia los histéricos sollozos de las mujeres y sus ayes de desolación y angustia.”

El texto anterior no es parte de la crónica de la tragedia ocurrida en la mina San José el 5 de agosto pasado, a 45 kilómetros de Copiapó, en la Región de Atacama. Es el fragmento del cuento “El Chiflón del Diablo” escrito por Baldomero Lillo hace 106 años.


LAS CIRCUNSTANCIAS Y LOS CRIMINALES


Los dueños de la Compañía Minera San Sebastián, de cuya órbita es la mina San José, son Marcelo Kemeny Füller (40 % de la propiedad) y Alejandro Bohn (60 %). El primero intentó vender infructuosamente el yacimiento de cobre y oro el año pasado. El fundador de la empresa fue su padre, Georges Kemeny Latay que, según miembros de la Sociedad Nacional de Minería, le dio “impulso” a la faena, cuya explotación tiene más de doscientos años. Ahora el directorio está formado por el gerente de la empresa, Pedro Simonevic; vicepresidente ejecutivo, Marcelo Kemeny; el gerente general, Alejandro Bohn; subpresidente Planta Tierra Amarilla, Marcelo Rodríguez; subpresidente Planta Copiapó, Víctor Lamas; y el jefe de abastecimiento, Jaime Cerón. Sin embargo, uno de los dueños, Marcelo Kemeny no dio señales de vida hasta el viernes 13 de agosto, 9 días después de los hechos.. Al respecto, Rafael Peña, hermano de uno de los 33 mineros enterrados desde las 14:00 hrs. el 5 de agosto, señaló que “Acá ni siquiera lo conocen, nunca aparece. Esto es para la risa, que el dueño no aparezca para nada”.


En una burda maniobra comunicacional –que debe estar muy bien pagada-, Alejandro Bohn y Marcelo Kemeny el viernes 13 aparecieron al mismo tiempo y diciendo prácticamente lo mismo, en las portadas de El Mercurio y La Tercera. Sueltos de cuerpo y con casacas rojas iguales a las que visten las autoridades piñeristas, por una parte, Bohn dijo lo que todo responsable de un accidente de estas proporciones debe decir correctamente: “…nuestra única prioridad han sido nuestros trabajadores y sus familias”, mientras, por otro lado, ante las sospechas de sus relaciones políticas para reabrir una mina inexplotable, Kemeny afirmó con inocencia que “Somos una hormiga, no tenemos capacidad para eso.” Sobre este dicho, la comunidad nacional, los familiares y los dirigentes mineros deben estar muy de acuerdo, pero en un sentido totalmente distinto. El lavado de imagen de los propietarios del yacimiento San José suena a pobre y desesperada estrategia mediática para procurar salvar ilesos de sus responsabilidades. Pero los trabajadores y la gente no son imbéciles.


Según el Ingeniero en Minas, Agustín Holgado, quien se desempeñó por más de 10 años en la zona de Copiapó, “Para nadie de la zona resultó una sorpresa el accidente, mucho menos para los fiscalizadores. Son innumerables los incumplimientos de la Minera San Esteban con la seguridad de los trabajadores, así como también con la legalidad ambiental. Baste decir que la reglamentación de seguridad que fiscaliza el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), obliga a la minería subterránea a contar con al menos dos accesos alternativos a todas las labores, pero al parecer hay autoridades y empresas que están por encima de la ley.” El ingeniero indicó que en 2004 la Corte de Apelaciones rechazó un recurso de protección interpuesto por el sindicato en contra de la empresa y Sernageomin producto de la muerte del trabajador Pedro González Rojas, luego de un desprendimiento de roca en la mina San José. En julio de 2010, el minero Gino Cortés sufrió un grave accidente donde perdió una de sus piernas, una vez que un planchón (roca desprendida en la galería de acceso) le cayó encima cuando se desplazaba para almorzar. ¿Qué fuerzas permiten la apertura de un yacimiento extraordinariamente peligroso?


LAS AUTORIDADES EN EL LUGAR EQUIVOCADO Y LA VOCACIÓN MEDIÁTICA DE PIÑERA


Por su parte, el ministro de Minería, Lawrence Golborne (ex gerente de sistemas de Esso Chile, filial de la petrolera norteamericana ExxonMobil; y ex gerente corporativo de Cencosud) aseguró la semana pasada que el miércoles 11 de agosto habría un primer contacto con los mineros atrapados en el refugio del yacimiento. Naturalmente ello no ocurrió. Y se explica, en parte, por su total inexperiencia en la industria del sector. Lo que, a su vez, se agrega al conjunto de irresponsabilidades gubernamentales en la materia. Sebastián Piñera, teatralmente se apersonó en la mina a casi tres días del ingreso de los trabajadores al yacimiento, y luego de hacerse de los antecedentes pidió “rezar por los mineros”. Días después Piñera cortó por lo más frágil, mediático y económico políticamente: destituyó al director de Sernageomin, Alejandro Vio, al subdirector de Minería y al director regional de Atacama de esa entidad, Rodolfo Díaz. Olvidó decir que Senageomin cuenta con sólo 17 fiscalizadores para alrededor de medio millar de minas del país. Por eso su anuncio de triplicar el presupuesto de la unidad fiscal suena bien, pero es ridículo para los requerimientos.


El ex director regional de Sernageomin –anterior al recientemente retirado de sus funciones-, Antón Hraste dijo que el gerente de la mina San José, Alejandro Bohn; el director expulsado de Sernageomin, Alejandro Vio, y el jefe del Departamento Nacional de Seguridad de ese servicio, Santiago Pinilla, “deben responder por qué se reabrió la mina. Ellos tomaron la decisión.”


Hraste abandonó su cargo el 30 de junio de 2007, y el 30 de mayo de 2008, el subdirector de Sernageomin, Patricio Leiva, autorizó “la reapertura de la mina San José”, luego de una largo historial de accidentes, muertos e irregularidades a granel.



LOS TRABAJADORES Y LA VERDAD DURA


Moisés Labraña, vicepresidente de la Confederación Minera de Chile y uno de los líderes históricos del sector, expresó que “La mina jamás debió reabrirse porque tiene fallas estructurales. Un derrumbe en una mina no puede producirse porque existen mecanismos para evitarlo: hay clavos de anclaje, enmallado, chorroteo de cemento, lo que asegura los avances en la mina. En la San José no había nada de eso. Se hicieron avances en forma irracional”, y agregó respecto del mítico refugio del que tanto se habló los primeros días que “no hay lugar para que los mineros puedan guarecerse de un derrumbe: lo que debería existir es un refugio contra incendios, no contra derrumbes.”

Labraña informó que los mineros venían exigiendo desde 1999 que se cerrara el yacimiento. El 2005 la Dirección del Trabajo decidió clausurarla porque no existía salida de emergencia, ni chimenea (para renovar el aire). Esto llegó a los tribunales de Copiapó y se lavaron las manos. Luego, y no se sabe por qué, la mina se reabrió el 2009. “¿Existen influencias políticas, gente importante involucrada? Eso tendrá que ser parte de la investigación. Puede que nos encontremos con más de una sorpresa” indicó el dirigente. El 30 de junio, en el marco de una reunión de trabajo de la comisión de minería donde estuvo el ministro Lawrence Golborne, Javier Castillo, secretario del Sindicato de Trabajadores de la Mina San José, le espetó al ministro que “No se puede trabajar a cualquier costo. En la mina San José la situación es catastrófica. En cualquier momento se va a producir un derrumbe, por lo tanto el gobierno debe tomar medidas.” Pero el ministro no tomó ni nota. Y el 5 de julio, a un mes del desastre, se le fue a dejar una carta para pedirle que la empresa, sino era cerrada, por lo menos fuera obligada a abrir la salida de emergencia y destapar la chimenea, porque el fondo de ella se había llenado de material estéril, lo que la volvía inoperante. El ministro no recibió a los dirigentes sindicales. “¿Qué esperanzas hay ahora? Pocas. Es muy difícil que estén con vida. Ya el primer día se optó como única vía de rescate, la chimenea. Y no ha habido ningún tipo de comunicación con los mineros enterrados. Aquí los empresarios tendrán que pagar por su responsabilidad criminal en el hecho, incluso si sobreviviera algún minero. También hay una responsabilidad de Estado, responsabilidades políticas. Sernageomín depende del ministro”, sentenció Labraña e ilustró que “Aquí transitamos por la vereda del siglo pasado. Tantos los convenios, como las recomendaciones del convenio 176 y de las recomendaciones 183 de la OIT, no han sido suscritas por el gobierno. De hecho, Chile no ha suscrito ninguna norma de seguridad, porque se tocan muchos intereses.”


-¿Y en qué consisten esas normativas no firmadas?


-“El convenio plantea tres principios: la participación de los trabajadores en materia de resguardo de la mina; el derecho a conocer e informarse plenamente del lugar y las condiciones en las cuales se labora; y el derecho a paralizar, que asume el sindicato, el comité paritario o el trabajador mismo cuando advierte una situación de peligro, sin perder la remuneración. Aquí está el temor de los dueños. Los trabajadores se accidentan y no son considerados como tales. Son enviados a una clínica particular y se busca la manera de esconder el accidente. Al respecto, existe una concomitancia entre la Mutual de Seguridad y las empresas.”


-¿Por qué?


“La seguridad es un negocio. Las mutuales gastan apenas un 6 % en prevención de accidentes y un 21 % en gastos administrativos. El Estado no tiene una sola política de seguridad. La política la improvisa “el guaripola” de turno. Si al ministro le interesa la inversión, como es el caso actual, Sernageomin actúa según ese criterio. Debe terminar la irracionalidad. Aquí los empresarios deben pagar con cárcel. Y el Estado debe responder. 60 días se demoraron en ratificar a las autoridades de Sernageomin. Después se pone un ministro que no tiene idea de minería, y que sólo quiere promover la inversión. Ahora bien, hasta hace poco había una mina clausurada en Las Pataguas, en la V Región, y volvió a estar en funciones, ¿Quién lo ordenó? En la II, III y V regiones debe haber un resguardo superior a la vida de los trabajadores.”


Néstor Jonquera es presidente de la Confemin. Expresó que los mineros bajo la mina derrumbada son socios del sindicato Mina de los Trabajadores de la Compañía San Esteban y afimó que “Según los supuestos, hubo un acuerdo político con los propietarios para reabrir la mina. Aquí hay corrupción, paleteada o favor político. Con qué sector político, es un misterio.”

Jonquera manifestó que “El gobierno ha apoyado a la empresa a no dar la cara como corresponde. Y cuando, en otra situación, están involucrados los trabajadores, el Estado nos ataca.”


-¿Quiénes son los responsables de la tragedia?


“El primer responsable es el empresariado, los dueños de la mina. Y luego el Estado, Sernageomin, la Inspección del Trabajo, el Ministerio de Salud, y la Asociación Chilena de Seguridad, empresa que lucra administrando la ley 16.794 que tiene que ver con enfermedades profesionales y accidentes del trabajo. La ley dice que tiene que prevenir; para eso se le paga una prima todos los meses. Y los responsables son parte de este gobierno y del anterior. Todos tendrán que pagar.”

El máximo representante de la Confederación certificó que “Los mineros quieren seguridad. Para el empresario, el trabajador es un simple perno, una pieza cambiable rápidamente por otra. No importa que se muera o que se enferme, porque hay otro que hará la pega. Esto ocurre entre las 400 a 700 minas que existen.”


-¿Qué exigen y qué harán?


“Si los trabajadores entraron vivos a esa mina, tienen que salir vivos. El viernes 13 nos reunimos todos los dirigentes sindicales relacionados con la minería de todo el país. Aquí construiremos una política común, primero, asegurando el bienestar de las familias de los trabajadores de la mina San José y exigiendo su cierre total. Queremos ofrecer un mensaje a las otras industrias de la producción y al conjunto de los trabajadores de Chile respecto de la importancia de la unidad. Aquí los únicos que actúan unidos son los empresarios con el apoyo del Estado. En cambio, los trabajadores estamos dispersos. A nuestros compañeros enterrados bajo toneladas de roca y tierra no se les preguntó su color político. Por eso deben unirnos nuestros intereses comunes. Los dirigentes sindicales, el martes 9 de agosto, bajo el sol vertical del desierto, hicimos un juramento de que debemos juntarnos. Ya no hay tiempo que perder.”


-¿Y cómo evalúa la actuación de las autoridades?


“Piñera y el ministro de Minería han dicho que esa mina no está en condiciones de trabajar hoy día, pero si el empleador le hace alguna modificación en torno a la seguridad, puede seguir explotándose. Esa mina tiene más de doscientos años. Es muy rica en oro, y por eso es tan codiciada. Pero sus condiciones geológicas están formadas durante miles de años. Tendría que invertirse muchísima tecnología si se quisiera abrir. Pero aquí quedó demostrado que en Chile no existe tecnología de punta.”


Diario Uno tomó contacto con un minero de la zona, quien por razones de estabilidad laboral solicitó mantener su nombre en el anonimato. El trabajador, con amargura y rabia, aseguró que “lo más probable es que los compañeros murieron el mismo jueves 5 de agosto, en el primer derrumbe. El sábado, cuando los rescatistas llegaron al famoso refugio, ese ya no existía. Y las primeras faenas de rescate se hicieron con gente que no conocía la mina. Uno siempre guarda una esperanza, pero a esta altura ¿Cómo podrían estar vivos? Hasta el jueves 12, por lo menos, estaban excavando al “achunte” no más. Yo creo que la pega de encontrar a los “niños” va a tomar un mes, por lo bajo. Esto es muy duro. Pero todos saben la verdad y la callan.”


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ANEXO ACTUALIZADO


MÁS DOCUMENTACIÓN QUE FUNDAMENTA RESPONSABILIDADES DE DUEÑOS DE MINA SAN JOSÉ


A menos de un mes de la tragedia de la Mina San José, el 9 de julio se realizó una fiscalización de la Inspección del Trabajo de Copiapó por el funcionario Herman Mery Véliz a ese yacimiento. Según la Resolución de Multas Nº 6279 / 10 / 42 a la que tuvo acceso D1, el fiscalizador documentó un conjunto de graves irregularidades en la mina.

Primero, el hecho de que el empleador –Alejandro Bohn- no haya suprimido en los lugares de trabajo los siguientes factores de peligro: “Nivel 60 N/E: no realizar la fortificación del techo, habiéndose constado que no existía fortificación, razón por la cual ocurrió el desplome del planchón. No evaluar una situación de riesgo, dada la falsa sensación de estabilidad por un buen resultado obteniendo después de haberse realizado una operación de acuñadora mecanizada del sector y aplicación de pernos lechados existentes. Tal hecho constituye incumplimiento de las condiciones generales de seguridad de los lugares de trabajo e implica no tomar las medidas necesarias para proteger la vida, salud, y en general, la integridad física de los trabajadores”.

Segundo, “No contar con señalización visible y permanente en las zonas de peligro, indicado sector sin cobertura de malla en nivel 60 NSE donde ocurrió la caída de la roca. Tal hecho constituye incumplimiento a las condiciones generales de seguridad de los lugares de trabajo e implica no tomar las medidas necesarias para proteger la vida, salud y en general, la integridad física de los trabajadores”.

Y tercero, “No cumplir el Comité Paritario de higiene y seguridad las funciones de su competencia, consistentes en investigar las causas de los accidentes y enfermedades profesionales, en relación a lo ocurrido el día 03 / 07 / 2010 a las 00:15 hrs. por accidente ocurrido en interior de Mina San José de empresa Minera San Esteban Primera, que afectó al trabajador Sr. Gino Cortés Calderón. Tal hecho en un incumplimiento a las obligaciones legales sobre funcionamiento de los comités paritarios de higiene y seguridad e implica no disponer medidas que protejan eficazmente la mina, salud e higiene de los trabajadores al interior de la empresa”.


TAMBIÉN LA ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD


Por otra parte, la Asociación Chilena de Seguridad aseguró que en junio de este año, emitió el informe 227, en el que advertía a los propietarios de la Minera San Esteban sobre el riesgo de derrumbe en la Mina San José, y le pidió a la empresa que asegurara los procedimientos de fortificación, poniendo a los equipos de trabajo en lugares seguros de riesgo. “Lo que pedíamos era que la empresa afirmara la mina”, señaló Alejandro Pino, gerente de la mutual.

La investigación se habría efectuado luego de la caída de un planchón que provocó la herida contusa en la zona lumbar del trabajador Jorge Galleguillos el 1 de junio, un mes antes de otra caída de roca -3 de julio- que terminó con la pierna de Gino Cortés.


LOS ANTECEDENTES DE MARÍA ESTER FERES

Por su parte, la ex directora del Trabajo, María Ester Feres, indicó en un programa radial que en 2001 no se pudo cerrar el yacimiento San José por presiones del sector minero.

Feres dijo que "en la mina se hicieron trabajos menores, pero la percepción de los funcionarios de la Dirección del Trabajo era que esa mina era una bomba, no había por dónde, no tenía salidas de escape".

Las presiones empresariales y políticas argumentaron hace 9 años que el yacimiento "generaba empleo, porque no había fuentes (de trabajo) de alternativa. Entonces, otra vez poniéndonos contra la espada y la pared: o queremos crecer y eso tiene costos en vida humana o priorizamos derechos fundamentales y eso nos replantea el crecimiento"

Respecto de la seguridad, Feres fue vehemente al afirmar que "Yo tengo estadísticas que pueden demostrar que en el año 2009 murieron más personas en Chile, en el lugar de trabajo, por accidentes predecibles más que los que murieron en el maremoto y terremoto".

Por otra parte, pese a que el jueves 19 de agosto la sonda empleada en la mina llegó a los 726 metros de profundidad, no se encontró el refugio del cual se habla desde el principio de la tragedia. Y las protestas de las familias de los trabajadores han motivado la vocación represiva del mal gobierno piñerista mediante el traslado de un fuerte contingente de carabineros y fuerzas especiales a la zona del desastre. Fuertes rumores señalan en Copiapó que podrían ser más de 33 los mineros enterrados debido a una cantidad no calculada de trabajadores que laboraban ilegalmente en el yacimiento.